viernes, 9 de septiembre de 2016

Mientras el rector de la UBA se llena la boca hablando de la excelencia de la casa de estudios que preside y de su nuevo posicionamiento en el ranking mundial de universidades, desprecia la labor llevada a cabo por los investigadores de la institución, quienes pusieron todo su esfuerzo para crear el CELU, al que el rector pone en desventaja

Hace veinte semanas el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires empezó a reunir firmas en repudio del pacto firmado entre la U.B.A., la U.N.A.M., la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes y Telefónica de España para otorgarle valor universal al SIELE, que es el sistema de certificación de la lengua propuesto por el Instituto Cervantes y llevado a cabo por Telefónica de España.

Este contubernio implica que el CELU, certificado argentino elaborado por especialistas de la U.B.A. conjuntamente con sus pares de más de treinta instituciones del país –y el único que se opuso a la fecha al certificado español–, queda en clara desventaja porque , Telefónica de España mediante, el examen peninsular puede rendirse por Internet, desde cualquier parte del mundo, previo pago de una suma consistente, varias veces superior a la propuesta por la Argentina.

La aceptación de ese pacto fue votada en una reunión del Consejo Superior de la U.B.A. por contadores, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, ingenieros y médicos, con el voto contrario de los delegados de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas. Con todo, su aprobación fue anunciada con bombos y platillos un mes antes de la votación –lo que de por sí constituye una irregularidad y un escándalo– en el último Congreso de la Lengua, efectuado en Puerto Rico, país a cuyos hablantes insultó el actual rey de España, al decir que estos hablaban una “lengua mestiza”.

Por supuesto, ninguno de los firmantes dio la cara ni realizó explicación alguna, a pesar de los reiterados pedidos en distintos foros. El rector de la U.B.A. se limitó a seguir haciendo negocios con los españoles y ninguno de los votantes se sintió obligado a nada.

A pesar de que las consecuencias directas de todas estas desprolijidades –para nombrarlas de alguna forma delicada– afectan fundamentalmente a la Argentina, resulta claro que el Instituto Cervantes es apenas la cara visible de una política de mayor alcance emprendida por España,  a través de sus instituciones, para administrar y decidir unilateralmente sobre la lengua castellana.

Se pretende así, bajo el torpe maquillaje del panhispanismo, imponerle a 500 millones de hablantes una norma correspondiente a una minoría que contemple algunas palabras procedentes de América para maquillar un negocio millonario que incluye la elaboración de diccionarios, gramáticas, sistemas de aprendizaje, etc.

En consecuencia, más allá del caso argentino, se trata de un avance del todo inaceptable sobre la soberanía lingüística de la mayor parte de los países de Latinoamérica. Así lo entendieron los muchos escritores, editores, traductores, profesores universitarios, investigadores del universo de la lengua chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos, portorriqueños, uruguayos, venezolanos que han tenido a bien firmar la solicitada. Y también los españoles que han tenido el coraje de manifestarse contra lo que claramente ven como un atropello.

Por esta razón y para advertir igualmente a las autoridades de nuestros países sobre el peligro de dejar avanzar sobre nuestros intereses a las instituciones españolas, reiteramos la invitación a seguir firmando esta solicitada, que quedará abierta a todos los interesados. Asimismo, solicitamos que se la haga circular, creando cadenas en otros países de América y haciéndola llegar a los medios de comunicación y a cuanto foro esté al alcance de los interesados para alertar a la población. 

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