Reacciones unánimes contra una ley

“Fuerte rechazo de la comunidad editorial a la llamada ‘Ley Pinedo’”, dice la volanta del artículo publicado el pasado 23 de noviembre en Página 12 por la periodista Silvina Friera. Allí se da cuenta de las muchas reacciones despertadas por una ley a punto de ser sancionada en la Cámara de Diputados del Congreso nacional argentino. Según la bajada, “Distintas entidades denuncian que el proyecto está hecho a medida para las grandes plataformas de la red. ‘El sector del libro y la cultura toda esperan ser defendidos y no condenados por ustedes’, plantearon desde la Fundación El Libro, en una solicitada.

A continuación del artículo mencionado, puede leerse el texto de la carta enviada por CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) a la Cámara de Diputados de la Nación.

“Una violación al derecho de autor”

La cultura está unida contra un aspecto del proyecto de ley “Regulación a los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet”, hecha a medida para las grandes plataformas de la red, que podría sancionarse esta semana en la cámara de Diputados. “El Libro Argentino le dice No a la Ley Pinedo. ¿Sabés que si se aprueba esta Ley tu creación intelectual puede piratearse y venderse impunemente?”, plantean desde la Fundación El Libro, que ayer publicó una solicitada en este diario en la que se dirige a los diputados de la Nación: “El sector del libro y la cultura toda esperan ser defendidos y no condenados por ustedes”. El actor Luis Brandoni, presidente de Inter Artis Argentina, asociación de artistas audiovisuales argentinos –que incluye a actores, actores de rodaje y bailarines–, en una carta dirigida a Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR y jefe del Interbloque de Cambiemos, cuestionó que los titulares de derecho deban interponer una acción judicial por cada infracción que sufran. “Esto no solo equivale a poner a los artistas en el lugar de gendarmes de nuestros propios derechos, sino también a aumentar –de forma exorbitante– el costo y la litigiosidad para poder distribuir nuestras obras de forma lícita”. También CADRA, entidad que protege los derechos de autor, presidida por Federico Polak, manifestó su preocupación porque la acción judicial “impide garantizar una eficaz protección a los titulares del derecho”.

En la solicitada de la Fundación El libro se afirma que de aprobarse el proyecto se estará consagrando “la más flagrante” violación al derecho de autor. “Esta ley, hecha a medida para las más importantes plataformas de la red, impedirá que autores y editores defiendan sus derechos, por los que invirtieron creación, tiempo y esfuerzo”, señalan desde la fundación y agregan que es una “ley en favor de los más poderosos y en contra de uno de los sectores más importantes y necesarios de la cultura: el de la creación intelectual y artística”. Hay razones suficientes para encender las alarmas. “La edición y comercialización de contenidos piratas digitales que esta ley favorecería, además de pulverizar económicamente al sector del libro todo y a sus legítimos actores, vulnera el principio de completitud y confianza frente a contenidos genuinos, cuidados por autores y editores. Se recorta, se omite, se falsea y se impostan identidades. La ilegalidad como estrategia comercial de empresas de ‘primera línea’–se lee en esta parte de la solicitada donde el tono de preocupación deviene ironía-. Un negocio ilegal de venta de copias piratas no puede ser puesto a resguardo por una ley, que exime a las plataformas de toda responsabilidad”.

Martín Gremmelspacher, presidente de la Fundación El Libro, advierte que es una ley para las grandes plataformas. “(Federico) Pinedo dijo que Google no es el comisario del mundo de la cultura. Pero para proteger sus contenidos, nos exigen a nosotros, los poseedores de los derechos de autor, los editores, los autores, los músicos, los artistas y demás, iniciarles una demanda legal por cada uno de los artículos que veamos que están mal puestos en su plataforma. Esta es una ley hecha claramente a favor de Google, Facebook, Taringa, Twitter o cualquier otro portal. Es loco que por un libro de 300 pesos tenga que hacer un juicio que me sale 20.000 pesos. Nadie haría un juicio con lo cual ellos quedan libres de hacer lo que quieren”, explica Gremmelspacher a Página 12. “No estamos en contra de la libre circulación ni demás –aclara el presidente de la Fundación El Libro–. Ante una flagrancia, uno puede hacer una denuncia como está estipulado en Estados Unidos, en Brasil, en un montón de lugares. El mecanismo es muy simple: el titular del derecho comunica que tal libro en Mercado Libre no posee los derechos y no puede estar ahí. Y lo tienen que levantar. Hacer un juicio por cada libro pirata sería imposible”.

Ecequiel Leder Kremer, dueño de la librería Hernández, objeta el mismo asunto de la llamada “Ley Pinedo”. “En los últimos años la comercialización de contenidos piratas digitales ha aumentado exponencialmente al abono de las nuevas tecnologías. Redes sociales, plataformas y sitios de comercio electrónico constituyen el territorio virtual de la piratería. No se trata de espacios improvisados, contienen sofisticados mecanismos de pago, acciones de marketing y elaboradas construcciones de identidades digitales, para saber qué cosa ofrecer a quién”, describe el librero. “La edición pirata que en ese ámbito florece y se comercializa no reconoce un solo céntimo a toda la cadena del libro. Autor, traductor, corrector, diseñador, compositor, arte de tapa, en fin todo el proceso que organiza un editor se ignora tranquilamente al amparo de un pseudo anonimato digital. Sin embargo los sitios  donde esto pasa se llevan una parte de lo pagado. Plataformas legales, conocidas por todos, cobran una comisión por alojar y vender contenidos truchos, libros piratas.  Así las cosas los damnificados, a través de las cámaras del sector, han elaborado mecanismos para solicitar a las plataformas en su calidad de distribuidores y almacenadores  responsables, la baja de estos archivos ilegales. La plataforma debe entonces actuar inmediatamente en consecuencia, haciéndose cargo de esto”.

Leder Kremer, también vicepresidente de la Cámara Argentina de Librerías (Capla), critica que la llamada “ley Pinedo” intenta colocar a las plataformas más allá de toda responsabilidad y cita un fragmento de los fundamentos del proyecto: “Internet tendería a desaparecer, porque es imposible para cualquier prestador de servicios hacerse responsable por todas las cosas dañosas que se digan en la red y por sus eventuales consecuencias económicas”. El librero concluye con una reflexión. “La protección del trabajo generado por el universo de la ciencia, la literatura, en fin la cultura, debe ser concreta. El trabajo de miles de personas del sector de la cultura no puede ser ofrecido como prenda de sacrificio para el beneplácito de los grandes jugadores de Internet que facturan miles de millones en todo el mundo. Este proyecto de ley no es para la gente, no es para mejor educación, no es para mayor bienestar del pueblo argentino ni mayor libertad. Sus destinatarios tienen nombre y apellido y  es su poder de lobby el que ha marcado su letra y su espíritu”.

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El texto que sigue fue dirigido por CADRA a los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación.

CADRA pide a la Cámara de Diputados de la Nación

no aprobar una nueva forma de notificar 

a proveedores de Internet

Mediante una nota de nuestro presidente Federico Polak, CADRA hizo llegar su preocupación a cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, a raíz de un proyecto de ley que será tratado el próximo miércoles 29 de noviembre, en el que hay un artículo que beneficia a los grandes servidores, buscadores y plataformas de Internet, en detrimento del derecho de autor.

Dicho artículo plantea la necesidad de interponer una acción judicial, como forma de notificación, para que los proveedores de servicios de Internet tengan conocimiento efectivo al infringir la ley de Propiedad Intelectual.

CADRA, junto con otras cámaras, sociedades de gestión, investigadores y trabajadores de la cultura, advierte que la necesidad de interponer esta acción judicial, cada vez que -en forma ilegal- se suban contenidos o se pongan en circulación obras protegidas por el derecho de autor, impide amparar de manera eficaz a los titulares del derecho, ya que dificultará y encarecerá el procedimiento, imposibilitando eliminar los contenidos ilegales con la misma velocidad con la que se agregan.

La mayoría de los países exigen que los sitios web incluyan un mecanismo de notificación para la inmediata baja de contenidos en infracción, o bien establecen mecanismos administrativos rápidos, efectivos y económicos.

De aprobarse el mencionado proyecto, los autores y editores de libros argentinos,  se verán perjudicados por no contar con un sistema adecuado para evitar la piratería en Internet. Por esto, se solicita a los diputados de la Nación, que no aprueben esta norma en trámite “express” y consideren la eliminación de la notificación mediante orden judicial, a fin de garantizar una adecuada protección de los derechos de los creadores, y la conveniente subsistencia de la industria cultural argentina.

Se trata del Dictamen de Comisión Conjunto por el Proyecto de Ley “Regulación a los proveedores de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet” (Número de Expediente 0112-S-2016).