El pasado 31 de agosto, el Boletín Oficial publicó una resolución del
Ministerio de Desarrollo que restablece un límite de hasta 500 unidades por mes
para publicaciones del exterior. La medida, muy similar a la implementada por
Guillermo Moreno, secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina
Kirchner, levantó todo tipo de polémicas. Así lo comenta Juan Batalla, en Cultura InfoBAE.
(En la entrada del día de mañana podrán leerse las opiniones de muchos
participantes de la industria del libro en la Argentina)
Polémica: se reestableció el
límite a la importación de libros
La traba a la importación de publicaciones vuelve a
aparecer en el panorama del mundo editorial, tras la publicación en el Boletín
Oficial de la Resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo,
que restablece un límite de hasta 500 unidades por mes, debido a razones
medioambientales.
De esta manera, se retoma el
concepto de limitación del ingreso de grandes tiradas desde el exterior como
había sucedido en 2012 tras una medida impuesta por el entonces secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, y
que había sido derogada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
En sus considerandos, la
resolución actual de la cartera de Matías
Kulfas asegura que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos, y a una información adecuada y veraz.
También que el artículo 5º de
la Ley Nº 24.240 establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o
prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de
uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los
consumidores o usuarios.
Esta medida es muy similar a
la tomada en 2012, bajo la resolución N° 453, que “estableció un régimen de
certificación obligatoria para definir los mecanismos tendientes a eliminar los peligros derivados del uso de tintas con
alto contenido de plomo en productos gráficos que fue modificada
mediante las Resoluciones Nros. 1 de fecha 5 de enero de 2016 y 332 de fecha 10
de noviembre del 2016, sobre un amplio conjunto de productos, entre los que se
encuentran los libros, álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o
colorear (para niños)”.
En ese sentido, se vuelve a vincular el nivel de plomo que
podrían contener las publicaciones extranjeras en la tinta, a menos que
se trate de pequeñas partidas, aprobadas por el organismo.
“Por ello, se entiende necesario proceder a la suspensión de los efectos de las
Resoluciones N° 1/16 y 332/16, ambas de la ex Secretaría de Comercio, respecto
de las posiciones arancelarias 4901 - libros, folletos e impresos similares,
incluso en hojas sueltas y 49.03.00.00 - álbumes o libros de estampas y
cuadernos para dibujar o colorear, para niños, a los fines de incorporar las
mismas al Régimen establecido en las Resoluciones Nros. 453/10 y 685/15 de la
Secretaría de Comercio”, dice la resolución.
La presente comenzará a regir a partir de los 15 días
corridos -o sea, desde el 15 de septiembre- desde su publicación. De esta
manera se garantiza el ingreso de aquellas publicaciones que ya se “encuentran
en tránsito” y mantendrá su vigencia, a
partir de esa fecha, por un plazo de un año.
Fuentes cercanas del ministerio explicaron a Infobae Cultura: “No es un cepo. Es un
control sanitario que existía y el gobierno anterior derogó. Tiene como
objetivo garantizar que los materiales utilizados no sean perjudiciales para la
salud”. Además, aseguraron que en cada pedido se analizará la calidad de la
tinta y que, en caso de que no genere
problemas para la salud, será permitido el ingreso de más de 500 unidades
mensuales.
“Si se presenta la certificación se puede hacer la
importación. Una vez presentada, no hay ningún tipo de impedimento. La
resolución establece la necesidad de presentar la certificación. Se calcula que
hacer todo el procedimiento no duraría más de un mes, que incluso puede
acelerarse si se inicia el trámite por TAD (Trámites a Distancia”, aseguraron
desde el ministerio.
Consultada por Infobae
Cultura, María Teresa Carbano,
presidente de la Fundación El
Libro, comentó: “Creo que protege a la producción nacional y a las
imprentas argentinas. Detrás de esto estuvo fuertemente la FAIGA (Federación
Argentina de la Industria Gráfica y Afines) desde que asumió Alberto Fernández. Yo opino que
beneficia a las imprentas argentinas y no atenta contra la bibliodiversidad”.
Por su parte, Rodolfo Reyna, presidente de la Cámara
Argentina de Publicaciones, aseguró: “La resolución de control de tinta
y metales pesados se implementó durante 4 años y en esos años que estuvo
vigente nunca se detectó ningún problema con ninguna partida. Es bastante claro
que la resolución no protege a nadie, porque las tintas recontra cumplen los
límites que el ensayo requiere. Las tintas cambiaron hace muchos años, el plomo
en tinta es una cosa antigua”.
“Por otro lado, las
importaciones del primer semestre de 2020 son 80% más bajas que las del 2018
debido a la inflación, la caída del mercado, que está sumamente golpeado, que
es realmente crítica. Esto se propone como una medida de protección al
consumidor pero en realidad lo único que hace es generar más costos para una
industria extremadamente debilitada. Parece una medida paraarencelaria, nos
sorprende, fue inesperado, y no entendemos la motivación. Porque por un lado,
cuando estuvo en vigencia ningún ensayo dio mal y por otro, estamos hablando de
que se está importando el 20% del 2018. Es incomprensible. Nos estamos mirando
las caras y nos sabemos qué pensar. Es un momento en el que necesitamos
generación de oportunidades”.
Reyna, en diálogo con Infobae Cultura, aseguró que la medida “va a encarecer los costos
en un mercado deprimido”, en el que muchas librerías están aún cerradas. “Es
impredecible lo que va a pasar en septiembre. El libro no escapa a la situación
general, las ventas son bastante inferiores al mismo período de 2019″. También
comentó que al aumentar los costos “potencialmente podría haber un aumento de
precios” de tapa de las publicaciones.
Y explicó: “Cualquier tipo de impedimento o mayor
costo atenta contra la industria. Mandás un libro a imprimir al exterior pero
el trabajo editorial se hace acá. Se perjudica a gente que trabaja acá, que
vive acá. El negocio editorial
trasciende las fronteras por su propia esencia. Un libro no se reemplaza
por otro, cada uno es en sí mismo una obra. Si se publica un libro que nos
interesa, necesitamos hacer acuerdos con editores del exterior, se compran
ciertas cantidades, etcétera. Esto no es fabricar una cubierta argentina para
reemplazar una extranjera, no se debe
equiparar el valor del bien cultural con el de bienes materiales de consumo.”
Por su parte, Martín
Gremmelspacher, presidente de la
Cámara del Libro, comentó: “La veíamos venir. Nos habían dicho en algún
momento que iba a salir. La resolución es paraarancelaria con poco sentido
porque los libros no tienen plomo en tinta hace más de una década. Cuando se
ejecutó con el gobierno anterior no se detectó ningún libro. Es una medida para
proteger a la industria nacional ,y uno puede acompañar, pero que no tiene
sentido hoy”.
“Es una medida que no va a traer efecto, porque el
sector está destruido y no se está importando nada. Por ejemplo, en 2019, se
había importado USD 107 millones, de los cuales casi USD 70 millones habían
sido durante el primer semestre. Este año se llevan importados, hasta julio USD
24 millones, y la mitad son publicaciones de fascículos, que no tienen nada que
ver con la industria editorial, de esos que se venden en los kioscos y que
traen muñequitos”.
Gremmelspacher sostuvo que la medida carece de sentido
“porque no va a restringir las importanciones que ya están por el piso, por una
economía destruida. Quizá en 5 años tenga sentido, hoy no lo tiene. La hacen
porque la industria gráfica siempre estuvo detrás de esa medida. Uno como
empresario nacional defiende que las cosas se hagan acá pero en la situación en
la que estamos tiene poca aplicación. Antes, el sector gráfico siempre exponía
que no podían ser competitivos porque no podían desgravar el IVA al libro, pero
ahora sí se puede, así que tampoco hoy es un argumento desde ese lado para que
esta normativa salga”.
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