Tanto Daniel Gigena, del diario La Nación, como Silvina Friera de Página 12 firmaron sendas notas, el 12 y el 13 de septiembre pasados, a propósito de la discusión surgida entre CADRA (la agencia encargada de cobrar los derechos reprográficos de editoriales, autores y traductores) y una serie de particulares, a los que se presume lobbystas, que objetaron su reconocimiento oficial por parte del presidente Alberto Fernández. Para quienes no lo sepan, CADRA integra el grupo de agencias, que existe en cada país civilizado, para, entre otras cosas, para vigilar y cobrar los derechos permanentemente avasallados por particulares e instituciones que, burlándose de la ley, comercializan la obra ajena sin reconocer derechos. El caso más frecuente es el de las fotocopias de libros, vendidas como "apuntes". Pero hay más.
Las notas se reproducen a continuación:
Frustrado acto de Alberto Fernández en el CCK por un controvertido decreto del sector editorial
Un nuevo faux pas tiene como protagonista al presidente Alberto Fernández. Esta tarde estaba previsto que participaría, de regreso de Chile y en el CCK, de un acto de reconocimiento al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), asociación civil sin fines de lucro creada en 2002, que gestiona la reproducción de las obras de autores en el país y que preside Luis Quevedo, gerente de editorial Eudeba. La institución está integrada por dos mil socios, entre ellos, autores y traductores y más de cuatrocientas editoriales.
En el frustrado acto, el presidente Fernández, acompañado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el director nacional de Derecho de Autor, Walter Waisman, iba a anunciar la firma del decreto que le otorgaría a la institución la legitimación para obrar judicial y administrativamente, dentro del territorio nacional, a fin de regular los derechos intelectuales de reproducción de obras de los autores, sus herederos y los editores de obras literarias y científicas. El acto fue cancelado entre gallos y medianoche, “por un problema de agenda”, según informaron escuetamente desde el Ministerio de Cultura.
Se presume que los funcionarios y asesores del Gobierno se hicieron eco de las críticas en redes sociales que expresaron, entre otros, la titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche; el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto; el historiador Ezequiel Adamovsky y la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Abgra), María Silvia Lacorazza, que esta mañana, en X (exTwitter), comunicó que “mancomunadamente” habían logrado que el acto se suspendiera. Ayer, Lacorazza había dirigido al presidente una carta pública en la que le expresaba su preocupación por la firma del decreto, sin previa consulta a las asociaciones de bibliotecarios y a otros interesados.
“El gobierno está por dar a una entidad que no tiene el aval de los autores el derecho a cobrar en nombre de los autores incluso el material que se fotocopia con fines educativos. Los autores no deseamos ni autorizamos que esta entidad le exija pagos a las universidades”, remarcó Adamovsky en X.
Para algunos socios de Cadra, los críticos del centro (descripto como un “monopolio de gestión de cobranzas a entidades públicas y privadas”) responden a los intereses de los proveedores de internet, Google entre otros, que no suelen caracterizarse por pagar por el uso de contenidos ajenos que se difunden “libre y gratuitamente” en plataformas. Varios de los que reprueban el accionar de Cadra apoyaron la “ley Pinedo”, impulsada por los senadores Federico Pinedo y Liliana Fellner. En la página web de la Fundación Vía Libre se afirma que las políticas de propiedad intelectual “amenazan el ejercicio de la libertad de expresión”.
Entre otras funciones, Cadra autoriza la reproducción parcial de las obras protegidas por el derecho de autor, recauda el dinero que generan esas autorizaciones, distribuye lo recaudado entre los autores y editores de las obras reproducidas y ejerce acciones legales en defensa de los asociados. También cobra un canon a bibliotecas y universidades con las que ha suscripto “convenios especiales”. Y tiene acuerdos con entidades de más de cuarenta países. Forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción y cuenta con el apoyo y la cooperación del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe.
Luis Quevedo, presidente de Cadra y gerente de Eudeba indicó que la institución es un “puente” entre los contenidos y sus titulares. “Su tarea se vuelve fundamental porque un autor o una editorial no pueden, por sus propios medios, controlar la utilización de sus obras a nivel masivo -sostuvo-. Cada vez que se copia un libro, o se sube un PDF a internet, se crean ediciones piratas y se termina perjudicando a la industria editorial, en especial, el trabajo de creación de los autores. Cadra, además, permite que instituciones públicas y privadas, empresas y cualquier entidad que necesita un texto pueda obtenerlo en forma simple y legal”.
Al acto habían sido invitadas más de trescientas personas, entre ellos, escritores, editores, bibliotecarios, representantes diplomáticos y de la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina y la Unión de Escritoras y Escritores.
LA NACION pudo saber que, tras la cancelación del acto y la postergación de la firma del decreto, las autoridades de Cadra “juntan apoyos” de organismos nacionales del sector editorial, y de universidades y bibliotecas públicas (el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain, es socio de Cadra). “El expediente tramita hace mucho tiempo”, informaron. También impulsan una campaña en redes sociales.
Polémica por los derechos de autor de escritores y editores
Se trata del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, que iba a ser habilitado a través de la firma de un decreto presidencial en un acto público que finalmente no se hizo. Hubo voces críticas. Desde la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche criticó: “cobrar a mansalva a todas las instituciones culturales es dañino para la cultura y la educación". Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba, defendió la necesidad del reconocimiento: "es importante respetar los derechos de los trabajadores de la cultura".
Una ONG que protege los derechos de autor, CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) estuvo a punto de ser reconocida como sociedad de gestión colectiva a través de la firma de un decreto presidencial en un acto público que se realizaría en el Centro Cultural Kirchner. “¿Sabrá el presidente que si firma ese decreto el martes próximo, una biblioteca pública, privada, popular o especializada, tendrá que pagarle a CADRA cerca de 100.000 pesos por la mera tenencia de un equipo que permita copiar?”, escribió Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, en su cuenta de X (ex Twitter). La polémica estalló en las redes sociales; se sumaron los cuestionamientos del exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, y de la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), María Silvia Lacorazza, entre otros. Finalmente, el acto se suspendió “por un tema de agenda”, según informaron desde el ministerio de Cultura de la Nación.
Busaniche, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explica a Página/12 que ese tuit que escribió surge del cuadro tarifario de CADRA. La cifra exacta de lo que tiene que abonar, cualquier tipo de biblioteca, es de 93.240 pesos anuales, según entiende la presidenta de la Fundación Vía Libre. “Cobrar a mansalva a todas las instituciones culturales es dañino para la cultura y la educación, y a la vez es una arbitrariedad. La UBA, por ejemplo, no hace copias de obras, ¿por qué una ONG tendría que cobrar un canon por alumno de la universidad pública?”, plantea Busaniche, quien en otro tuit calculó lo que la UBA debería pagarle a CADRA durante un año, haciendo un redondeo de 300.000 estudiantes (son aproximadamente 308.000). Por reprografía: 227.400.400; por copia digital: 454.500.000. El total sería 681.900.000. millones de pesos. Busaniche recuerda que la UBA ya había firmado un acuerdo con CADRA en 2009 --que no se renovó en 2013-- por el cual la universidad le abonaba una tarifa de 0.80 por alumno por año. En un informe elaborado por la Fundación Vía Libre se afirma que la universidad le giró a la ONG un total de 960.000 pesos por esos cuatro años. En 2015 se volvió a renovar y el último convenio vence el 31 de diciembre de este año. En este momento la UBA le paga a CADRA 3,16 pesos por alumno al año. “Es una vergüenza; jamás notificaron a los docentes que podemos hacer uso de esa licencia”, advierte Busaniche cuando se le confirma que hay un acuerdo vigente.
Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), dice que lo que recauda la entidad luego se distribuye entre los autores y editores. “Lo hace a través de licencias, y sobre la base de un tarifario indicativo, confeccionado a partir de parámetros internacionales, que luego se adapta a las necesidades y características de los usuarios que obtienen esas licencias”, explica y aclara que la entidad “nunca cobró ni cobrará una licencia a una biblioteca popular”, pero que sí tiene “licencias analógicas y digitales” con la mayoría de las universidades. “Los acuerdos funcionan sin ningún perjuicio para los estudiantes, y les permiten acceder al material en forma legal”, sostiene el presidente de CADRA. Sobre la tarifa de 93.240 pesos al año, Quevedo precisa que es lo que se paga por un equipo que se dedica exclusivamente a copiar los textos en una empresa de copiado, “no para una biblioteca”.
"Lo que cuesta una pizza"
“Solo con las bibliotecas profesionales, que reproducen material para los usuarios, es que se generan acuerdos de compensación: hay bibliotecas que pagan 80.000 pesos por más de una máquina por año y otras pagan 5.800 en total. La biblioteca del Congreso de la Nación paga 3,06 por usuario por año. 80.000 pesos por año es una cifra aproximada de 6.500 pesos por mes. Es decir, lo que cuesta una pizza”, compara el presidente de CADRA, entidad que cuenta entre sus socios a Claudia Piñeiro, Dora Barrancos, Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Miguel Gaya, Adriana Puiggrós, Adrián Paenza, Cristian Alarcón, Pablo Alabarces, Márgara Averbach, María Rosa Lojo, Ana María Shua, Camila Sosa Villada, Ana Jaramillo, Vicente Battista, Juano Villafañe, Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffaroni, Juan Sasturain, Felipe Pigna y Jorge Fondebrider, entre otros. Quevedo fundamenta que con las licencias CADRA “brinda acceso a todo el contenido protegido en el repertorio, ya sea nacional o extranjero, y además tiene acceso a una copia de resguardo del material”. Y también destaca que pueden subir material a sus campus virtuales o tener centros de copiados en sus instalaciones. “Sólo aquellas escuelas, bibliotecas o universidades que reproduzcan material deben abonar ese canon. Si la biblioteca no tiene fotocopiadora ni digitaliza contenidos, no es necesario que abone una licencia”.
Más allá de la grieta
Desde la Fundación Vía Libre, Busaniche subraya que no se oponen a los derechos de autor. “Nosotros bregamos por los derechos culturales y entendemos que este tipo de medidas son dañinas para todos, salvo para los recaudadores”. ¿Por qué generó tanto revuelo la noticia del reconocimiento que no fue a una entidad como CADRA? “Siempre hay quienes se oponen al pago de los derechos de autor y a los derechos de propiedad intelectual. Este no es un tema que se pueda explicar por la grieta”, opina Quevedo y agrega que CADRA -que fue creada en 2000 y autorizada por la Inspección General de Justicia en 2002-- representa a editoriales y autores de todos los pensamientos políticos. “En nuestro país, aún no se tiene verdadera conciencia sobre la importancia del respeto al derecho de autor y sobre el daño que genera copiar o utilizar sin permiso el material de los creadores de contenido. Los músicos, los actores, los directores tienen sociedades de gestión colectiva que distribuyen entre sus asociados la explotación y uso de sus obras. ¿Por qué los escritores y editores no tienen que tenerlo?”, se pregunta el presidente de CADRA y critica a los que “desinforman con datos que no tienen que ver con la realidad” con el fin de no respetar los derechos de los creadores. “El hecho de que ellos no quieran tener su material bajo copyright no quiere decir que los demás tengan que estar obligados a no hacerlo. Es importante respetar los derechos de los trabajadores de la cultura”, concluye Quevedo.
como el viejo chiste de la canción de tanguito ("lo mío es mío y lo tuyo es mío") se vuelve eterna y sísificamente a plantear el tema de la valoración patrimonial y no sólo moral de los contenidos intelectuales de autor, que tanto molestan a quienes pretenden usufructuarlos "libremente" (es decir, en nombre de la libertad de pernada) para revenderlos luego como parte de artículos compactos –o packs– sin autor ni más beneficiario que quien los convirtió en objeto reproducible, ya sea físico o virtual. ya se sabe, el derecho a la propiedad intelectual es antipático y sólo se tolera o deglute cuando esa propiedad y su costo son invisibles a los ojos del consumidor, que los percibe como valor de un objeto, de una mercancía, y nunca de una obra creativa.
ResponderEliminarla idea de que los creadores de contenidos pueden vivir sin lucrarse de ellos es claramente de derecha, pero no pertenece exclusivamente a la derecha política sino que pendula de un extremo al otro del abanico ideológico según convenga y soplen los vientos circunstanciales. los únicos que nos aferramos al mástil de la propiedad intelectual somos quienes efectivamente ponemos nuestro trabajo al servicio de la creación y pretendemos vivir de ello. es molesto y desgastante tener que explicar una y otra vez que sin creadores capaces de vivir mínimamente de sus creaciones y satisfacer sus necesidades básicas (comer, por ejemplo) pronto no habrá bastantes creadores vivos como para dotar de contenido los objetos que la industria presenta como mercancías indivisas y, por consiguiente, anónimas. eso sí, la marca (que es otro de los ítems regulados por la propiedad intelectual) se paga siempre sin chistar.
el populismo siempre va a tirarnos tomates. esos mismos tomates con los que, si no nos los tiraran, podríamos al menos hacernos una rica ensalada.