La urgencia de una Ley de Intérpretes y Traductores en México y las terribles consecuencias de su ausencia sobre la población indígena

"Miles de personas indígenas se encuentran presas o sentenciadas porque no contaron con un intérprete de su lengua madre al castellano, señala Litigio Estratégico Indígena". Tal es la bajada de la noticia publicada por Juan Carlos Zavala, en El Universal, de Oaxaca, México, el 19 de enero de este año. Y su pertinencia está dada por otra noticia, ofrecia a continuación, esta vez firmada por Jamilet Carranza, en Meganoticias, también de México, el 3 de noviembre pasado.

Abogada zapoteca buscar obligar al Congreso de Oaxaca a crear la Ley de Intérpretes y Traductores

Oaxaca de Juárez, 19 de enero de 2023.- Una abogada y traductora zapoteca de San Pedro Quiatoni, Valles Centrales, promovió un juicio de amparo con el que se busca obligar al Congreso de Oaxaca a crear la Ley de Intérpretes y Traductores del Estado.

La asociación civil Litigio Estratégico Indígena detalló que la abogada zapoteca recurrió a este recurso, admitido por el juez y con fecha de audiencia para el 15 de febrero próximo, ante la falta de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en el sistema de justicia penal.

Hasta ahora, sostuvo que miles de personas indígenas se encuentran presas o sentenciadas porque no contaron con un intérprete de su lengua madre al castellano; incluso, afirmaron, muchas personas indígenas desconocen el motivo por el que están presas.

“Tan grave es la situación de las personas indígenas en conflicto con la ley penal que, en el año 2020 el Congreso federal, a iniciativas del presidente López Obrador aprobó la Ley de Amnistía para favorecer a las personas indígenas que durante el curso de su proceso penal no contaron con traductor”.

Sin embargo, denunció que la Ley de Amnistía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, únicamente comprende aquellos delitos del fuero federal, no los del fuero común, cuya resolución está en manos de las entidades federativas y sus órganos de procuración de justicia.

La entidad Litigio Estratégico Indígena recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo segundo, el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete y traductor al momento de enfrentar un juicio ante los órganos impartidores de justicia.

Pero “lo cierto es que ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ni el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconocen tener el deber jurídico de formar, proporcionar y cubrir los honorarios de los traductores indígenas”.

Aunque constitucionalmente esté reconocido el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete o traductor cuando enfrenta un juicio, no existe una ley que regule qué institución del Estado debe formarlos, capacitarlos, cubrir los honorarios, protegerlos de los riesgos propio de la función y garantizar su seguridad social.

“Por tal motivo el 13 de enero de 2023, la joven abogada zapoteca presentó su demanda de amparo que tiene como propósito obligar a construir la Ley de Intérpretes y Traductores del Estado de Oaxaca.

“La demanda de amparo fue admitida por el juez quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca el día 18 de enero de 2023 y la audiencia constitucional está señalada para el día 15 de febrero de 2023”, precisó Litigio Estratégico Indígena.

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Urge ley de intérpretes y traductores en Oaxaca

La omisión y la falta de voluntad de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han generado que en Oaxaca se violen los derechos de las personas que hablan lenguas indígenas, al no contar con una ley de intérpretes y traductores, que obligue a las instituciones gubernamentales a prestar sus servicios en lenguas indígenas, señaló Jesús Gerardo Herrera Pérez, director de Defensa Jurídica Intercultural de la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales.

"No cuentan con una persona que pueda ser este puente lingüístico para que ellos puedan entender qué es eso, qué está ocurriendo, cuáles son sus derechos y sobre todo también de qué manera poder ellos también entablar un diálogo con la persona que les va a brindar el servicio de defensa".

Lo anterior, dijo, pese a que la comunicación es un derecho humano.

De acuerdo con el especialista, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo segundo, el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete y traductor al momento de enfrentar un juicio ante los órganos responsables de impartir justicia.

"No ha habido una política pública que esté impulsando precisamente esta gran laguna de atención a un sector que se convierte en situación de vulnerabilidad".

De acuerdo con Herrera Pérez, desafortunadamente ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas reconocen tener el deber jurídico de formar, proporcionar y cubrir los honorarios de los traductores indígenas.