La
nota de Silvina Friera, publicada en
el diario Página 12 del 20 de febrero
pasado, sirve para recordar que el proyecto de Ley Nacional de Protección de la Traducción y los
Traductores, se encuentra detenido en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados del
Congreso argentino y que si no es tratado antes del mes de septiembre de este
año electoral puede perder estado parlamentario.
Para reparar un trabajo invisibilizado
La
traducción es tan necesaria que pasa inadvertida, como si fuera “lo más
natural” del mundo leer a William Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe y
Gustave Flaubert en español. Los protagonistas de esta mediación cultural
suelen ser invisibilizados y trabajan en condiciones de extrema fragilidad.
Aunque parezca increíble, esta práctica no tiene legislación propia; hasta
ahora se encuadra en la Ley
de Propiedad Intelectual (11.723), normativa que con más de ochenta años quedó
obsoleta. Un grupo de traductores encabezado por Estela Consigli, Lucila
Cordone, Griselda Mársico, Andrés Ehrenhaus y Pablo Ingberg presentó un
proyecto “reparador”: la
Ley Nacional de Protección de la Traducción y los
Traductores, que cuenta con el apoyo de más de 1300 escritores, docentes e
investigadores como Ricardo Piglia, Marcelo Cohen, Martín Kohan, Horacio
González, Beatriz Sarlo, Leopoldo Brizuela, Germán García, Rodolfo Alonso y
Hebe Uhart, entre otros. Esta iniciativa, que ingresó al Parlamento el 16 de
septiembre de 2013, está firmada por los diputados Julián Domínguez (Frente
para la Victoria ),
Roy Cortina (PS-UNEN), Victoria Donda (Libres del Sur-UNEN), Gisela Scaglia
(PRO), Manuel Garrido (UCR) y Miguel Del Sel (PRO). Actualmente se encuentra en
la Comisión
de Legislación General de la
Cámara de Diputados. Tiene que ser tratada antes de
septiembre de este año, de lo contrario perderá estado parlamentario.
“La
necesidad de la traducción se funda en la diversidad de las lenguas. Como
traducción oral, es una de las actividades humanas más antiguas, surgida de la
necesidad de interactuar de las comunidades. Posiblemente ese origen haya
dejado su marca en esto de que sea una actividad que pasa inadvertida: el rol
de mediador del intérprete lo pone en un lugar secundario respecto de los
interesados en el intercambio –plantea la traductora Griselda Mársico–. Lo
‘inadvertido’ descansa en una concepción de la traducción imperante en el
sentido común: traducir es ‘pasar un texto de una lengua a otra’ y eso es algo
que puede hacer cualquiera que sepa una lengua extranjera. Sin embargo,
traducir es una tarea intelectual compleja, que requiere competencias y
conocimientos específicos y de diversa índole; y además es central para una sociedad,
porque aparte de la traducción literaria, se trata también del acceso a
conocimientos generados en sociedades que hablan otras lenguas.”
Mársico
comenta a Página/12 que la fragilidad
del traductor obedece a un problema económico. “Teniendo en cuenta su
complejidad, es una tarea muy mal paga; reconocer lo que realmente vale una
traducción significaría tener que pagar un monto que no está previsto en los
costos de un libro.”
La
escritora María Sonia Cristoff reflexiona sobre el alcance de la propuesta.
“Hay un ‘Manifiesto sobre la traducción’, reproducido en un número de la
revista Sur de la década del setenta,
en el que se detallan las condiciones de vulnerabilidad e invisibilidad
asociadas a esta práctica y se llama, con énfasis, a hacer algo para cambiar el
estado de las cosas. Me consta que las cosas siguieron igual o peor, al menos
en el campo de la traducción literaria, donde paradójicamente no se termina de
asumir que un traductor es, al decir de (Maurice) Blanchot, ‘el más secreto de
los escritores’ –recuerda la autora de Inclúyanme
afuera–. Pero ahora, cuatro décadas más adelante, aquel llamado a la acción
encuentra una respuesta en este excelente proyecto de ley, que no sólo se
refiere a la situación de los traductores, sino al fomento de la traducción
como práctica, lo que significa apostar a políticas culturales que la entiendan
no como una cuestión ornamental, sino como una práctica que recupera el
mestizaje del que estamos hechos.”
El
poeta y traductor Jorge Fondebrider, creador del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, explica el carácter
medular de la iniciativa. “La
Ley Noble , de principios de los años ’30 y aún vigente,
otorga a los traductores el status de
‘creadores’, considerando sus derechos en plan de igualdad con los de los
escritores. Si bien fue buena, nunca fue articulada y, por lo tanto, dejó
muchos puntos abiertos a la interpretación.”
La
socióloga y escritora María Pía López, directora del Museo del Libro y de la Lengua , reivindica la labor
del traductor como intérprete. “Suele decirse que los escritores recrean la
lengua, la moldean inscribiendo las mutaciones que la oralidad produce o
expandiendo sus fronteras. No es menos cierto pensar el efecto de los
traductores: como lectores, aprendimos ciertas cadencias, usos, léxico,
decididos por aquellos que pasaron obras de un idioma a otro. Una ley que
reconozca al traductor a la par que al autor y que regule la protección de sus
derechos y de la autoría de su trabajo es necesaria.”
Leonora
Djament, directora editorial de Eterna Cadencia, subraya que “hay gran consenso
sobre el estatuto del traductor en términos de ‘autor’ de una obra traducida”.
“Ese consenso no se refleja necesariamente en todos los contratos que los
traductores firman con las editoriales. Es por eso que es necesario reglamentar
esa potestad sobre la obra, con todos los derechos y también todas las
obligaciones que eso conlleva. Estamos viviendo un gran momento de la
traducción en la Argentina ,
seguramente equiparable con la ‘edad dorada’ que vivió la traducción en nuestro
país en los años ’40 y ’50. Ojalá esta ley acompañe esta etapa y sirva como
motor de promoción de la traducción en diversos ámbitos.”
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