"Los modelos de IA son máquinas de detección de patrones que priorizan la fluidez en el producto final. Si un editor siente la necesidad de consultar a traductores o editores humanos para ajustar el resultado, está reconociendo los fallos de este enfoque"

El pasado 8 de noviembre, Daniel Gigena publicó la siguiente nota sobre traducción e Inteligencia Artificial, en el diario La Nación, de Buenos Aires. Aquí se ofrece en forma parcial, sin la opinión de los "especialistas" argentinos. En su bajada se lee: "Se probará con libros de algunos autores; en el Reino Unido, un tercio de los traductores han perdido su trabajo por la IA y en la Argentina se teme que la herramienta precarice aún más el sector".

Las editoriales empiezan a usar la inteligencia artificial para traducir

Una de las editoriales más importantes de los Países Bajos, Veen Bosch & Keuning (VBK), adquirida por el grupo Simon & Schuster a comienzos de año, confirmó que utilizará inteligencia artificial (IA) para traducir algunos de sus libros al inglés, según reveló en exclusiva la publicación británica The Bookseller. Un portavoz de VBK sostuvo que estaban trabajando en un experimento limitado con algunos autores holandeses, para que sus libros se traduzcan al inglés con programas de IA generativa. “No estamos creando libros con IA, todo empieza y termina con la acción humana. Las traducciones aún no se han lanzado”, dijo. Ya hay programas de IA generativa orientados a la traducción.

El traductor británico Ian Giles, presidente de la Asociación de Traductores de la Sociedad de Autores (SoA) del Reino Unido, sostuvo que era una noticia preocupante. “A principios de este año, la SoA descubrió que un tercio de los traductores literarios ya están perdiendo trabajo a causa de la IA. Cuando no se pierde trabajo en sí, los traductores luchan por aumentar sus precios frente al desafío de la IA. Esta presión sobre los ingresos de los traductores pone en peligro nuestra capacidad de mantenernos en lo que es una industria muy precaria”.

“Si los autores no dejan que la IA escriba sus propios trabajos, ¿desearían que la IA los tradujera? -razonó Giles-. Los modelos de IA son máquinas de detección de patrones que priorizan la fluidez en el producto final. Si un editor siente la necesidad de consultar a traductores o editores humanos para ajustar el resultado, está reconociendo los fallos de este enfoque. Una traducción de baja calidad, incluso después de la posedición, tergiversará o, en el peor de los casos, afectará negativamente la obra original del autor sin que este lo sepa”.

En la Argentina, varias editoriales consideran la posibilidad de traducir cierta clase de libros con IA. No obstante, en sus contratos varios autores y herederos prohíben explícitamente que se use IA para traducir obras.

En su visita al país este año, el pensador francés Éric Sadin había augurado que los traductores estarían entre los más afectados por los avances y usos de la IA, si no tomaban medidas gremiales. Pero el sector editorial argentino no está sindicalizado y pocas entidades defienden los intereses de los trabajadores de dicha “industria creativa”. Tampoco queda claro el modo en que las editoriales deberían consignar en la página de legales que una traducción fue hecha por IA y, en ese caso, a quién deberían pagarle los honorarios.

Asociaciones profesionales de traductores han declarado los riesgos que corre su profesión con el avance de la IA y su inclusión en el mercado editorial. Los traductores son uno de los eslabones más débiles en la cadena de producción de libros y, si bien la IA no hace por ahora traducciones literarias, el ahorro que las editoriales hacen al utilizar estas herramientas precarizaría aún más el sector. El precio de la traducción puede alcanzar el 20% del costo de producción de un libro.

Consultada por La Nación, Magdalena Iraizoz, directora ejecutiva de Centro de Administración de Derechos Reprográficos (Cadra), dijo que desde la institución velan por “la protección del derecho de autor y consideramos que la IA es una herramienta que, bajo ciertas consideraciones, resulta útil para la realización de contenidos, incluso en el ámbito literario”.

“Sin perjuicio de esto, cabe destacar que siempre tiene que haber una intervención humana que evalúe el trabajo realizado por la IA, muy especialmente cuando se trata de traducciones -agrega-. Es indispensable que un traductor o una traductora corrijan, validen, modifiquen, revisen técnicamente y mejoren ese texto y garanticen la fidelidad con la obra original. En conclusión, desde nuestro lugar, aconsejamos que, si se desea utilizar la IA como herramienta, se debe hacer de manera responsable, con revisión humana y transparencia. Siempre garantizando el derecho de los creadores”.

Ni premios nacionales, ni Guadalajara

"Tras la ausencia de una delegación nacional en la Feria de Frankfurt, el Gobierno decidió ausentarse de la feria más importante de Iberoamérica, en la que la escritora Gabriela Cabezón Cámara recibirá un prestigioso premio"- Tal es la bajada de la nota, firmada por Daniel Gigena, en el diario La Nación, de Buenos Aires, el pasado 31 de octubre.

Preocupación de escritores por la retirada oficial en la Feria del Libro de Guadalajara y la demora en Premios Nacionales

Luego de conocerse la noticia de que los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria correspondientes a la edición 2023 -por el periodo 2019-2022- se entregarán recién el año próximo, la Unión de Escritoras y Escritores (UEE) emitió un comunicado con críticas a la gestión de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, que a partir de la semana próxima pasaría en forma oficial a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que lidera Karina Milei. El traspaso se haría en dos etapas, según pudo saber La Nación.

“En estos días el mundo autoral y la sociedad en general se han enterado de que la entrega de los premios que correspondían a Letras (poesía), Artes escénicas (texto dramático), Ensayo político y psicológico, así como a Música (tango y folklore) y Producciones estéticas contemporáneas (ensayo curatorial) del período 2019/2022 se ha ‘suspendido’ -se lee en el comunicado de la UEE, que preside el escritor Marcelo Guerrieri-. Y el argumento ofrecido es, cuanto menos, pueril. Porque casi un año después no se puede achacar la imposibilidad de concretarlo al ‘desorden que dejó la gestión anterior’. Además, la convocatoria para el año que viene brilla por su ausencia. ¿No es esto, sencillamente, motosierra?”.

Integran la UEE más de 250 socios, entre otros, los escritores Claudia Piñeiro, Enzo Maqueira, Débora Mundani, María Inés Krimer, Luisa Valenzuela, Claudia Aboaf, José María Gatti y Tatiana Goransky.

Desde el Gobierno adujeron que el retraso en la entrega de los Premios Nacionales se debía, en parte, a que todos los jurados de la categoría de Ensayo político habían renunciado tras el cambio de gestión. Sin embargo, trascendió que los jurados de todas las categorías ya fallaron y que solo resta entregar los premios. Los ganadores de los primeros premios de cada área, a partir de los 60 años, reciben una pensión equivalente a cinco jubilaciones mínimas.

“Al menos, el filo de esta herramienta ya viene cortando con mano diestra en la cultura y el arte -prosigue el comunicado acerca de la motosierra libertaria-. Nada más que para señalar unas pocas decisiones, recordemos que la Secretaría de Cultura abandonó su presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires mientras que la Cancillería aprobó una suma irrisoria al Programa Sur que subsidia traducciones y desertó de la contratación del stand argentino de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt”.

La UEE anticipa, además, que la Argentina tampoco tendrá presencia oficial en la 38° Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes de Iberoamérica, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre. La Argentina fue país invitado de honor en 2014 y, este año, Gabriela Cabezón Cámara recibirá en Guadalajara el Premio Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Las niñas del naranjel.

La importancia de Guadalajara

“En pocos días la Cancillería dará otra mala noticia, porque debería estar contratando el montaje del stand en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cosa que tampoco hará -sostiene la UEE-. Lo cual resulta aún más grave que la deserción en Frankfurt, ya que para los autores y títulos argentinos, Guadalajara tiene mayor dimensión y potencial de proyección. En ella se negocian más acuerdos de derechos, coediciones y exportaciones físicas y, como despliega un importante programa cultural, permite a escritoras y escritores locales participar de presentaciones, mesas redondas, conferencias, recitales”.

En 2023, escritores y editores viajaron a Guadalajara con apoyo de Cancillería. A su vez, gracias a la coordinación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, catálogos de veinticuatro sellos locales se pudieron exhibir durante el encuentro.

Fuentes de Cancillería confirmaron a LA NACION que no habrá delegación oficial. Solo viajarán a Guadalajara dos escritores argentinos: Cabezón Cámara (invitada por los anfitriones) y Carlos Aletto, que participará de dos eventos con otros narradores latinoamericanos. La escritora argentina residente en México Gisela Antonuccio presentará el 7 de diciembre su segunda novela, Hermanas, publicada por Hachette.

Cabe aclarar que los organismos que tramitan la presencia argentina en la FIL de Guadalajara son la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, a cargo de María Alejandra Pecoraro, y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesca, que compartió escenario con Milei en la obra teatral El consultorio de Milei. Pecoraro y Sucalesa responden a Karina Milei, no por nada bautizada “El Jefe” por su hermano el Presidente.

Por último, la UEE anticipó que iniciará reclamos por las vías correspondientes “para que se regularice el llamado a los Premios Nacionales en particular y, como parte del amplio campo cultural, compromete sus esfuerzos para revertir las políticas de ajuste contra el sector”.

Presentan un Fondo Nacional de las Artes a imagen del gobierno libertario de Milei

"Con críticas a gestiones anteriores y una plan fuerte como entidad financiera, el presidente del organismo presentó al equipo que lo acompañará ad honórem; el secretario de Cultura confirmó que Sturzenegger trabaja para “eliminar las barreras reglamentarias que impiden a los artistas ser protagonistas del mercado de arte internacional." Tal es la bajada del artículo publicado en el día de ayer por Daniel Gigena, en las páginas culturales del diario La Nación, de Buenos Aires, donde se da cuenta de la nueva constitución del directorio del Fondo Nacional de Las Artes. 

El Fondo Nacional de las Artes confirmó su perfil de “banco para artistas” y presentó su nuevo directorio

En la Cúpula del CCK o Palacio Libertad -el cambio de nombre del edificio no es oficial todavía-, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli abrió esta mañana el acto de presentación del nuevo directorio del Fondo Nacional de las Artes. Luego de agradecer al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por liderar la “batalla cultural”, dio la bienvenida al licenciado en Economía y gestor cultural Tulio Andreussi Guzmán, presidente del FNA, y un nuevo equipo de especialistas del organismo, que trabajarán ad honórem. En ese contexto, reiteró que el centro cultural pasaría a llamarse Domingo Faustino Sarmiento.

“Estoy convencido de que su trabajo será clave para cuidar y promover el patrimonio cultural de nuestro país”, dijo Cifelli sobre el responsable de esta renombrada institución creada en 1958. El secretario de Cultura recibió aplausos de la concurrencia cuando anunció que, gracias a las políticas de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, el Gobierno avanza en la eliminación de “barreras reglamentarias que impiden a los artistas ser protagonistas del mercado de arte internacional”.

“Que no queden dudas: vamos a continuar protegiendo el patrimonio cultural y la historia de nuestro país, pero de ninguna manera vamos a impedir que los artistas vuelvan a la escena de las grandes subastas internacionales, de las galerías, de las ferias”, aseguró, antes de agradecer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien hasta ahora depende la cartera de Cultura. Cabe recordar que, en el primer proyecto de la ley Bases (cuyo autor intelectual era Sturzenegger y que Cifelli defendió en la Cámara de Diputados), el FNA integraba la lista de los organismos culturales que, parafraseando al Presidente, quedaría “¡afuera!” del Estado.

Andreussi Guzmán anunció cambios sustanciales en el organismo y, con cierto retraso, las líneas de fomento para 2024. “El FNA debe ser entendido como una entidad financiera para prestar apoyo y fomentar a las artes en todo el territorio argentino”, destacó. Del acto participaron la mayoría de los integrantes del directorio del FNA, artistas y representantes de las áreas de cultura de las provincias.

“Las funciones principales del FNA son otorgar créditos a las actividades artísticas y a la cultura, a la vez que administrar, fiscalizar y distribuir, según las disposiciones legales, los ingresos obtenidos a través de las leyes de fomento del arte. Luego están las actividades complementarias, que son los subsidios, las becas, los concursos y las exposiciones, entre otras”, se explayó Andreussi Guzmán que, en su discurso, confirmó un “regreso a las fuentes” del organismo. Por indicación de Cifelli, remarcó que la suya sería una gestión federal (algo que los funcionarios de gestiones anteriores también dijeron en su momento).

Tras destacar dos gestiones históricas del FNA -la primera, a cargo de Juan Carlos Pinasco, de 1958 a 1973, y la de Amalia Lacroze de Fortabat, presidenta entre 1992 y 2002- criticó las últimas dos, a cargo de Carolina Biquard y Diana Saiegh, durante los gobiernos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, respectivamente. “En las últimas gestiones se verificó un cambio en la matriz de las prestaciones -dijo Andreussi Guzmán-. Durante cuarenta años el FNA funcionó como un banco de artistas, pero en los últimos años las actividades complementarias pasaron a ser las principales, dejando al Fondo en una situación de debilidad. En la última gestión, además hubo una muy mala fiscalización llevando a los ingresos a sus mínimos históricos. Recibimos una institución acéfala, porque todos los directores habían renunciado; desordenada, desarticulada y con una seria problemática financiera”.

Luego refirió que en los primeros meses de gestión se había dedicado a reordenar y optimizar los recursos. “Hoy puedo afirmar que el FNA es sustentable y totalmente independiente de los recursos del Tesoro, que en la última gestión aportó el 40% de los recursos. Hoy el FNA no necesita más esa ayuda”, dijo. “Hay que saber administrar lo que se ingresa”, sostuvo e informó que los costos operativos del FNA habían bajado un 30% este año. Y anticipó que se pondrían en valor la sede del FNA en Alsina 673, el archivo y la Sala Clorindo Testa.

Andreussi Guzmán presentó al Directorio y a los responsables de las tres gerencias que lo acompañarán en su gestión. Marcelo Griffi oficiará como representante del Banco Central (por recomendación del presidente del BCRA, Santiago Bausili), Alicia De Antonis, como auditora general, y Gastón Pulero, actual director nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, como representante de la Secretaría de Cultura. El director y coreógrafo Mauricio Wainrot (ausente con aviso) dirigirá el área de Artes Escénicas y Danza; la artista María Silvia Corcuera, el de Artes Plásticas; el doctor en Historia y profesor Juan Antonio Lázara, el de Letras, Patrimonio, Radio y Televisión; el arquitecto Marcelo Nougués, el de Arquitectura; el cineasta Miguel Pereira, el de Cine; la gestora cultural Teresa Anchorena, el de Patrimonio y Artesanías, y el director y académico Guillermo Scarabino, el de Música. Los cargos serán ad honórem y tendrán una duración de cuatro años.

En la gerencia de Operaciones fue designada Laura Sarafolgu; en la de Relaciones Institucionales y Comunicación, Inés Etchebarne (que dirige también la Casa Victoria Ocampo) y en la de Planeamiento y Servicios Culturales, Santiago Valentino que fue el encargado de dar a conocer las líneas de fomento para este año.

Las líneas de fomento del FNA contemplan un total de 750 millones de pesos. Por el cambio en la “matriz” de la nueva gestión, casi el 69% se destinará a préstamos; el 20%, a becas; casi el 9%, a concursos, y poco más del 2%, a subsidios. Hasta ahora, el FNA ejecutó un tercio del presupuesto asignado para este año en sueldos e infraestructura.

Desde mediados de mes se pueden solicitar tres tipos de préstamos (UVA con tasa 0%): personales para proyectos culturales, reformas y adquisición de equipamiento, de hasta diez millones de pesos, y para industrias culturales, de hasta veinte millones de pesos; con un plazo de devolución de hasta veinticuatro meses en préstamos menores a cinco millones de pesos y de hasta 48 meses en préstamos superiores a ese monto. Valentino destacó que se mediría el “impacto” de los préstamos en las comunidades.

También se encuentra abierta hasta el jueves 19 de septiembre la convocatoria para participar de las Becas Creación (de $ 850.000 para artistas y de un millón de pesos para proyectos grupales) en las disciplinas de artesanías, arquitectura, artes audiovisuales, artes visuales, danza, diseño, letras, música, patrimonio, teatro y artes circenses, con una única categoría: producción creativa. Pueden presentarse propuestas de investigación, anteproyectos de escritura, montaje, grabación de discos, composición, confección de prototipos, ensayos y rodajes, entre otras. Se estima que otorgarán doscientas becas.

Hasta el martes 24 de septiembre se podrá participar del Programa de Formadores, destinado a docentes, artistas, formadores y capacitadores de distintas áreas de la cultura, que se enfocará en proyectos de capacitación artístico-cultural que fomenten iniciativas con impacto comunitario y multiplicador en todo el país. “Queremos que cubran necesidades reales y estar presente en todas las provincias”, dijo Valentino. Se otorgarán $ 600.000 para proyectos individuales y $ 800.000 para los grupales.

Algunos de los tradicionales concursos del FNA se seguirán haciendo este año, informó Valentino. De hecho, el de Letras (cuento, novela, poesía, ensayo y no ficción) está abierto hasta el 10 de septiembre. Entre septiembre y octubre abrirán los concursos de Música Académica, Dramaturgia y Fomento para Editoriales Independientes y otros tres nuevos concursos propuestos por el Directorio: Proyectos Curatoriales, Puesta en Valor de Cementerios Patrimoniales y Templo y Arte Registrado de Proyectos de Cortometrajes. Los ganadores de los primeros premios recibirán un millón de pesos; los que ganen el segundo, $ 750.000, y los ganadores del tercer premio, medio millón de pesos (en 2023, se entregaron $ 350.000, $ 250.000 y $ 200.000, respectivamente).

Sin embargo, pese al reordenamiento, hubo ajustes en el FNA. Para este año no fueron anunciados los tradicionales concursos de Arquitectura, Artesanías, Artes Plásticas, Danza, Diseño y Música Popular.

Para los subsidios a entidades sin fines de lucro, no habrá “ventanilla abierta” sino un concurso de proyectos artísticos para la comunidad.

Más información en este enlace y en las cuentas del FNA en redes sociales.

Para muchos lectores y editores, un verdadero oasis en medio de una Argentina devastada

Antes de ayer terminó la Feria de Editores y Daniel Gigena publicó una breve crónica del evento en La Nación, de Buenos Aires. En la bajada, se lee: "El encuentro de sellos independientes del país, América Latina y España le ganó la pulseada a la crisis; asistieron cerca de 25.000 personas y las ventas, para sorpresa de los organizadores, fueron buenas".

La Feria de Editores salió invicta en un momento crítico de la industria editorial

Siguió la espil ascendente de público en la Feria de Editores (FED), que se despidió esta tarde a todo trapo. Ayer, concurrieron 7200 personas (en 2023, habían ido 6300) y hoy, 8300 (doscientas menos que el año pasado). En total, de jueves a domingo visitaron la fiesta de las editoriales independientes alrededor de 25.000 personas (se informó un número de 24.600; 22.700 en 2023). El fin de semana, fue difícil recorrer las “calles” del C Complejo Art Media sin pisar pies o dar empujones involuntariamente. No obstante, los organizadores confirmaron que en 2025 la FED no se mudará del barrio de Chacarita.

“Estamos muy contentos: este año nos visitaron 24.600 lectores y lectoras -dijo a LA NACION el editor Víctor Malumián, coorganizador de la FED-. El apoyo a las editoriales independientes está intacto. En un año durísimo, las ventas en la FED superaron todas las expectativas. La colaboración entre librerías y editoriales es la clave de nuestro trabajo”.

“Si se vende lo mismo que el año pasado será un golazo”, había dicho Malumián a este diario. La FED continúa invicta ante la crisis que afecta el mercado editorial en el país, debido al aumento de costos y la recesión económica. A diferencia de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde hubo cortocircuitos entre el Gobierno y la Fundación El Libro desde el primer día, esta vez la política no metió la cola en el encuentro.

En efecto, las ventas, según la mayoría de los asombrados editores, fueron buenas. La concurrencia lo atribuyó a tres razones: la mayoría de los precios de las novedades estaba por debajo o apenas por arriba de los $ 20.000, hubo una “ingeniería” de descuentos y promociones y se trabajó en la calidad de los catálogos. Muchos editores comentaron que los mejores días habían sido jueves y viernes, cuando también compraron ejemplares -a mitad de precio- 347 “librerías aliadas” y bibliotecas (en 2023 fueron 299) en stands adheridos. El fin de semana atrajo mayor cantidad de público interesado en los libros pero sin mucho poder de compra; muchos lectores sacaron fotos de portadas con la esperanza de comprar los libros más adelante.

“Son dos años incomparables”, resumió el responsable del stand de La Carretilla Roja al ser consultado por las ventas de este año respecto del anterior. En Indómita Luz, estaban contentos porque, en promedio, habían vendido treinta ejemplares por día (el best seller fue el ensayo Únicos y repetibles: autómatas, robots, androides y cyborgs en el campo literario argentino, de Gonzalo Santos); en Común, cien (las novelas gráficas de Raina Telgemeir y el libro para chicos de Emily Tetri Tigresa vs Pesadilla estuvieron entre los más buscados) y en el stand del sello mexicano Almadía, que trajo novedades de Jazmina Barrera y Clyo Mendoza, cincuenta ejemplares por día. En el stand de Limonero se cansaron de embolsar De un gris antiguo, el libro ilustrado para todo público de Alejandra Kamiya y Yael Frankel.

Por primera vez en la FED participó una editorial de Venezuela, Acirema, que seleccionó una treintena de títulos. “Fue una sorpresa la repercusión de nuestros libros en este momento tan difícil -dijo el encargado del stand a LA NACION-. Por el interés que hubo, estamos pensando en imprimir y distribuir en la Argentina”. El título más vendido fue Bolívar y Spinoza. Reflejos doctrinarios, del ecuatoriano Jorge Dávila. Además de la colección Editor, el sello mexicano Gris Tormenta llevó a la FED títulos de la colección Paisaje Interior (que aún no están en librerías), con ensayos del peruano Mario Montalbetti, el australiano Gerald Murnane y el mexicano Julián Herbert.

Sigilo despuntó con las novedades de la franco-senegalesa Seynabou Sonko (que se presentó este domingo en la FED junto con Mónica Zwaig) y de Agustina Espasandín; la editorial Aurelia Rivera vendió bien la nueva novela de Ernesto Semán, Acá falta alguien, ambientada en la fugaz “primavera democrática” de la posdictadura, y fff, cuentos de terror de Gustavo Nielsen. En la artesanal El Vendedor de Tierra, los poemarios de Claudia Masin y María Malusardi estuvieron entre los más buscados. Además de los libros de cuentos de Kamiya, en Eterna Cadencia los lectores se encontraron con Caballo de verano, cuentos de Hernán Ronsino.

Las novedades de Galerna -Es todo verso, de Daniel Mecca (producto de su gestión en el Centro de Atención al Lector), y Volver a pensar. Filosofía para desobedientes, de Tomás Balmaceda- se vendieron a premio promocional en la FED. “Es un evento que crece año tras año y que pone de manifiesto la riqueza editorial argentina, con catálogos nuevos, y por otro lado, la demanda de lectura, no solo por parte de los lectores ‘con trayectoria’, sino también de los nuevos lectores -dijo a La Nación Carolina Di Bella, gerenta editorial de la editorial-. Además de ser un evento editorial, la FED es un evento cultural”.

En Conejos el libro de cuentos de Walter Lezcano (Especies que desaparecen) y la novela de Salvador Biedma (Aunque no queramos) estuvieron entre los más vendidos. En Marea, la editorial de no ficción y crónica atacada por hordas digitales afines al oficialismo, se destacaron las novedades El pasadizo secreto, de Elsa Drucaroff; Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en la Argentina, de Juan Pablo Csipka, y Berliner. El vengador de Treblinka, de Gustavo Sierra. Buena Vista, la editorial de rescates de escritoras argentinas nacidas en el siglo XIX, presentó Poesía reunida, de Salvadora Medina Onrubia (al cuidado de Enzo Cárcano y Lucía de Leone), y La loca Basilia y otros relatos, de Ada María Elflein, con un prólogo de Natalia Crespo.

El homenaje del sello La Conjura al chileno Roberto Bolaño, 266 microdosis de Bolaño, con breves escritos de autores como Daniel Guebel, Nicolás Artusi, Nurit Kasztelan, Daniela Catrileo y Sergio Olguín, entre muchos otros, fue muy solicitado. La Mariposa y la Iguana sumó a su catálogo Pequeñas prosas blancas, un relato poético de Celina Feuerstein, y La Crujía, Los ruidos vienen de la cocina, segunda novela de Maia Debowicz.

El sábado, la charla Elantiago La Rosa (traductor y editor en Chai de la autora, respectivamente) desbordó de público, entre el que se hallaba el escritor y dramaturgo estadounidense Wallace Shawn, pareja de Eisenberg desde hace cinco décadas. Al ser consultada por un asistente, la autora de Taj Mahal contó que le daba a leer sus cuentos a Shawn una vez que estaban casi terminados o terminados y que siempre la había estimulado para escribir.

Además de su vida personal, Eisenberg habló con humildad de su “lentitud para hacer todo” y su “incapacidad” para considerar que podía llegar a tener éxito en la vida con la literatura. Dijo que le costaba mucho escribir y que avanzaba párrafo a párrafo. “Lo más difícil es encontrar un título”, reveló. Sutilmente, criticó la política exterior de su país en América Central. Eisenberg mostró su asombro por la convocatoria de la FED. “This is amazing!”, le dijo a una lectora.

Fueron de compra a la FED escritores como Guillermo Martínez, Luis Mey, Dolores Reyes, Selva Almada, Pablo Katchadjian, Ernesto Meccia, Gonzalo Heredia, Natalia Neo Poblet, Guillermo Piro, Natalia Zito, Gabriela Saidon, Enzo Maqueira, Daniel Fresco, Sergio Pujol, Gustavo Noriega y Facundo Pastor, el actor Dan Breitman y el cineasta Sergio Wolf. La terraza del C Complejo Art Media estuvo abierta el fin de semana: el sábado se hicieron actividades programadas por el canal de streaming Blender y el domingo volaron al viento cenizas, cabelleras, hojas secas (de árboles), bufandas y tickets de compra.

¡Hoy, la Argentina! ¡Mañana, el mundo!

Continuando la polémica desatada por la ignorancia del ministro Sturzenegger, el 19 de julio, en La Nación, Daniel Gigena publicó otra nota a propósito de la posible eliminación de precios únicos en el mundo del libro argentino, donde se recoge las opiniones de editores y libreros. Según la bajada, "El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sostuvo que el Gobierno insistirá en derogar la ley que establece un precio fijo para los libros; 'En los países donde se quitó la ley, luego de un tiempo volvieron a subir', dijo el presidente de la Cámara Argentina del Libro".

Libreros y editores versus Sturzenegger: “Una ignorancia profunda”

Tras las declaraciones hechas a La Nación por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la tentativa oficial de derogar la ley 25.542, promulgada en 2002 y conocida como “de defensa de la actividad librera”, que establece que los libros tengan un precio fijo en todo el país, entidades del sector librero y editorial manifestaron su preocupación e hicieron llegar sus respuestas.

“Es un tema que de una manera u otra vamos a abordar -dijo el ministro a este diario esta semana-. La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble. Hay amplia evidencia de que permitir los descuentos reducen el precio; es algo obvio. En Estados Unidos, la irrupción de Amazon hizo que los libros hoy salgan 40% menos que hace diez años”.

Si se derogara la norma que fija un precio de venta al público uniforme en todo el país, las cadenas de librerías, las grandes superficies como supermercados e hipermercados y la plataforma Mercado Libre podrían vender libros a precios más bajos que los sugeridos por las editoriales y afectar a librerías chicas e independientes, que tendrían dificultades para competir. Sturzenegger, que cree que la derogación de la ley hará bajar los precios de los libros, sugirió que estas “deberían reconvertirse”.

Las libreras Mónica Dinerstein y Cecilia Fanti, en representación de la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), enviaron una declaración. “Queremos remarcar un punto y es que el ministro Sturzenegger dice que la derogación de la ley de defensa de la actividad librera no está en la nueva ‘ley hojarasca’ así como no estuvo en la versión final de la ‘ley Bases’. Por lo tanto, el titular de la nota bien podría haber sido ‘Por el momento el gobierno no se propone modificar la ley del libro’. Sin embargo, sostiene que, en un futuro, el Poder Ejecutivo lo abordará. Tal y como están las cosas, la ley se mantiene y entendemos que el consenso del sector y el trabajo intersectorial que se ha realizado desde diciembre con las cámaras y legisladores de todos los frentes puso en relieve el valor y la importancia de que esta ley exista”, confían.

Las representantes de la CALI estiman que “instalar la idea de que la ley prohíbe que los libros sean más baratos proviene de una ignorancia profunda sobre el sector, la industria del libro y nuestras problemáticas”. “Lo venimos discutiendo de un tiempo a esta parte: uno de los grandes problemas del precio actual de los libros ha sido el alto costo del papel que representa más de la mitad del costo en la producción de un libro”, indican.

“Pero además, lo sostiene con un dato falso que es la caída de los precios en Estados Unidos con Amazon en el mercado -puntualizan Dinerstein y Fanti-. A eso lo llamamos dumping y básicamente es el trabajo que hacen los grandes jugadores para borrar a la competencia e instalarse como única alternativa. Esto es, los precios bajan en un principio, asfixian a la competencia y luego, como no tienen más competencia, los precios vuelven a subir. En el camino, quedan librerías y editoriales que no pueden sostenerse y, por lo tanto, la bibliodiversidad se reduce, los precios terminan subiendo y encima se pasa a leer solo lo que la plataforma y los grandes jugadores ofrecen y les resulta rentable. Hace menos de un año el gobierno de Estados Unidos demandó a Amazon por prácticas monopólicas. Hoy por hoy, toda la cadena del libro trabaja en el marco de esta ley. Y mientras las grandes cadenas o supermercados pueden tener ventajas competitivas por su tamaño y sus acuerdos con los distribuidores, las librerías pequeñas ya trabajamos con márgenes más pequeños y nos sostenemos definiendo nuestros perfiles, nuestra especificidad y el servicio y especialización que brindamos en nuestros locales”.

Al ser consultado por este diario sobre el dumping y la “uberización” del sector del libro, Sturzenegger sostuvo que Uber era “la cosa más maravillosa del mundo”. La Nación pudo saber que algunos ejecutivos de grandes grupos editoriales trasnacionales ven con buenos ojos la derogación de la ley 25.542. No obstante, el director general de Penguin Random House (PRH) para América Latina, Javier López Llovet, confirmó a este diario que PRH y el Grupo Planeta estaban “absolutamente en contra de la derogación de la ley”. “La experiencia obtenida en nuestras empresas editoriales de la gestión en diversos mercados, europeos, norteamericanos, asiáticos, etcétera, nos ilustra de la importancia de contar con una ley de estas características en nuestro país”, sostuvo.

Para las libreras agrupadas en la CALI, el Gobierno quiere desregular un mercado que funciona. “Y funciona bien -concluyen-. Si tanto les preocupan los lectores, sería hora de que pensaran políticas serias para fomentar el libro y la lectura, crear nuevos lectores y acompañar al sector; no romper un mercado y una industria que funciona, crece y viene profesionalizándose al nivel de ser modelo en todo América Latina desde hace más de dos décadas”.

La Cámara Argentina del Libro (CAL), que preside el editor Juan Manuel Pampín, también se expidió al respecto. Por un lado, recicló un comunicado de cuatro puntos, difundido a inicios de año, cuando la derogación de la ley 25.542 estaba incluida en la ley Bases (la iniciativa fue retirada durante el debate legislativo). Allí se destaca que la ley “es un acuerdo intrasectorial, propuesta por el propio ecosistema” y que “todos” entienden como beneficiosa; que, “para un Gobierno tan preocupado por el tema fiscal, esta ley cuesta cero pesos”; en tercer lugar, que “el precio único permite darle estabilidad al mercado, permitiendo un cálculo correcto de regalías para los autores y es una ayuda fundamental contra la piratería”, y, por último, que “la ley argentina está basada en la legislación francesa de 1970” y que la Argentina cuenta con una ley modelo “que países como Colombia, Chile o México quieren copiar”. Advierten que, en Inglaterra, cuando se quitó la ley de precio fijo, “en un período de cinco años se redujo un 30% la cantidad de librerías”.

“La Argentina tiene una población que en más del 50% está bajo la línea de pobreza -dice Pampín a La Nación-. El libro, como todo consumo cultural, lamentablemente no es prioritario y es obvio que una persona que no puede alimentarse bien, o no vive en un lugar digno, poco puede pensar en leer. Debemos pensar en agrandar la torta y no en achicar la porción. Quitar la ley, irá claramente en ese sentido”.

Sobre el precio de los libros, el presidente de la CAL remarca que “la porción del costo industrial más importante del libro es el papel, que hoy es, aproximadamente, el 55% cuando ese costo históricamente era del 30%”. También hizo referencia al dumping: “La evidencia marca que, en los países donde se quitó la ley, si bien en un inicio los precios bajaron, luego de un tiempo volvieron a subir”.

“Debemos entender que la Argentina tiene unas 1200 librerías y que la ‘tirada de moda’ de las novedades es de setecientos ejemplares, un 40% menor que en 2016 y un 25% menor de lo que se editaba en 2019 -detalla-. Con lo que hoy se produce no se puede entregar un ejemplar por librería”.

El secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), Carlos Morón, dio a conocer su punto de vista sobre los dichos del ministro. “Esta ley se basa en la ley Lang de Francia, creada para promover las librerías y garantizar un precio justo de los libros -dice-. Las librerías cumplen una doble función: comercial y cultural. En Francia, la derogación de esta ley debido al surgimiento de las cadenas FNAC ocasionó la desaparición del 15% de las librerías en el primer año y de otro 10% el año siguiente. Esto llevó al gobierno francés no solo a restablecer la ley, sino también a implementar medidas adicionales para asegurar la supervivencia de las librerías en todo el país. En Inglaterra, la derogación de una ley similar provocó un aumento promedio del 20% en los precios de los libros”.

“¿Es cierto que la derogación de la ley disminuye el precio de los libros? -se pregunta Morón-. Depende. Los libros más vendidos podrían ofrecerse a menor precio, pero los menos vendidos subirían significativamente de precio. Las pequeñas librerías, sin la venta de los libros más vendidos, no pueden subsistir y terminan cerrando. Los libros sólo se conseguirían mediante envío, al menos en pequeñas y medianas ciudades, encareciendo su costo entre un 20% y 30%, y reduciendo drásticamente la bibliodiversidad. El precio actual no es arbitrario. Lo fija la editorial y no hay competencia porque cada título es único. Es el resultado de un acuerdo entre todos los integrantes del sector, no una imposición, para asegurar la existencia del entramado de librerías en Argentina, un orgullo tanto para funcionarios como para cualquier argentino preocupado por la cultura”.

Por último, el secretario de Falpa sostiene que no se busca la intervención del Estado, “sino regular los precios dentro del sector, compuesto por quienes conocen el negocio”. “Queremos librerías con autores charlando, cuentacuentos promoviendo la lectura a los más chicos, talleres literarios y libreros que aconsejen a los lectores. No queremos depósitos llenos de electrodomésticos y herramientas con un pequeño sector de libros. Esperamos que los funcionarios y legisladores, que también escriben libros y se sienten orgullosos de verlos en las vidrieras, comprendan la importancia de preservar las librerías”.

Una mezcla de cinismo, ignorancia y mala fe

En un esfuerzo más por hacer retroceder la industria del libro en la Argentina, el actual gobierno quiere derogar una norma que democratiza el valor de los libros, como en casi todos los países civilizados del mundo. En la bajada de artículo publicado por Daniel Gigena, en el diario La Nación, de Buenos Aires, el pasado 17 de julio, se lee: "Para el ministro Federico Sturzenegger (foto), la norma promulgada en 2002 impide que los libros sean más accesibles; 'La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble', dijo".

Segundo round: el Gobierno insiste en derogar la ley de precio único de los libros

Tras la publicación, este lunes, en el portal Parlamentario, de una información donde se insinuaba que en la “ley de hojarasca” promovida por el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger (bautizada así porque es una norma que permitiría “barrer” con leyes y regulaciones “obsoletas”) estaba incluida la derogación de la ley 25.542 de precio uniforme de los libros, Sturzenegger dijo a La Nación que esa iniciativa no formaba parte del nuevo proyecto.

No obstante, confirmó que “de una manera u otra” la derogación de esa ley sería una cuestión a abordar por el Poder Ejecutivo. La meta, según dijo, es “beneficiar a los usuarios”, es decir, a los lectores, con una hipotética baja del precio de los libros.

La ley 25.542, conocida como “ley de defensa de la actividad librera”, se promulgó en 2002 y establece que los editores e importadores de libros deben fijar precios de venta al público uniformes en todo el país.

“Es un tema que de una manera u otra vamos a abordar -dijo el ministro a este diario-. La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble. Hay amplia evidencia de que permitir los descuentos reducen el precio; es algo obvio. En Estados Unidos, la irrupción de Amazon hizo que los libros hoy salgan 40% menos que hace diez años”.

“No se puede pensar en nada más anticultura que no permitir que los libros lleguen baratos a la gente”, dijo Sturzenegger.

Al ser consultado sobre si esta medida no afectaría a las librerías, en especial a las independientes, el ministro respondió que probablemente así fuera. “De lo que hablamos es de permitir la competencia para que los libros lleguen más baratos a la gente; si afectar significa que van a tener que cobrarlos más baratos, entonces sí las afectaría. Pero eso es bueno, ¿no? Tal vez deberían reinventarse”.

Cámaras del sector editorial y de librerías y entidades que representan a escritores no coinciden con el punto de vista del ministro. En las vidrieras de librerías porteñas, incluso las de la cadena Cúspide (del Grupo Clarín), se puede leer un cartel con la leyenda: “Las librerías no adherimos a la derogación de la ley 25.542″. Editores, libreros, autores y dibujantes, entre otros agentes del mercado editorial, se aprestan para un segundo round con el Gobierno. Los principales beneficiarios de la derogación serían las grandes superficies (supermercados e hipermercados) y plataformas como Mercado Libre.

“No sé realmente quién podría estar en contra de tener libros más baratos, excepto quienes esta ley hoy les permite venderlos más caros. Es muy cruel, o muy cínico, que haya gente que critique esto en nombre de la cultura. ¿A quién vamos a defender? Al usuario”, afirmó Sturzenegger. A pesar de ser un crítico del Gobierno de Javier Milei, el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, había apoyado la derogación de la norma.

“El proyecto estaba en la ‘ley Bases’ -concluyó Sturzenegger-. Así que tarde o temprano es un debate que tenemos que dar”. Durante los debates legislativos en torno a ese megaproyecto, la oposición había logrado que las normas vinculadas con la cultura fueran retiradas por el oficialismo.

A 120 años de la muere de Anton Chejov

El 15 de julio, Daniel Gigena publicó en La Nación, de Buenos Aires, una extensa nota a propósito de los 120 años de la muerte de Anton Chejov. Allí, diversas personas opinan sobre los diferentes aspectos que conforman la escritura de uno de los más influyentes escritores de todas las épocas. Ofrecemos a continuación la opinión de Alejandro González, uno de sus traductores al castellano.

"Una de las dos grandes corrientes del cuento moderno"

El traductor y especialista en literatura rusa Alejandro Ariel González tradujo del ruso al español noventa cuentos de Chéjov para la editorial Losada. “Si bien corresponden a distintos períodos, en su mayoría son de su primera etapa, en la que se destaca la nota cómica -dice González a este diario-. Varios de los cuentos de esa época son casi chistes, anécdotas, pero ya se percibe a un escritor consciente de la dificultad de escribir después de Tolstoi y Dostoievski. Su poética no estará centrada en la revelación de grandes misterios, en el abordaje de cuestiones últimas como Dios, el destino de Rusia, de Europa, de la humanidad, sino en pequeñas escenas naturalistas donde los humanos se muestran con todas sus flaquezas y debilidades. Una literatura no ambiciosa desde lo programático que produce la sensación de que en sus cuentos no ocurre nada. En rigor, sí ocurre, solo que el narrador ya no lo dice, apenas lo sugiere, y es el lector quien repone el vacío de información. Eso lo llevó a crear una de las dos grandes corrientes del cuento moderno. En una prevalece el hecho excepcional, sensacional, descabellado, al estilo de Poe; en otra, el hecho cotidiano, común, pero que la literatura es capaz de transfigurar en algo significativo”.

El bloque radical de la Cámara de Diputados busca desfinanciar al Fondo Nacional de las Artes

"El diputado Rodrigo de Loredo propone suprimir el impuesto que regula el ingreso de dinero al ente de fomento por el uso de obras de dominio público; la situación en otros países." Tal es la bajada del artículo firmado por Daniel Gigena, en el diario La Nación, del 31 de mayo de este año.

Un proyecto para eliminar el dominio público pagante, fuente de financiamiento del Fondo Nacional de las Artes

El diputado Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, presentó con el apoyo de los legisladores radicales Marcela Antola, Danya Tavela y Alfredo Vallejos un proyecto que establece la eliminación del “dominio público pagante” (DPP), fuente de financiamiento del Fondo Nacional de las Artes (FNA), cuya supresión estaba prevista en el artículo 589 de la Sección IV de la primera versión de “ley Bases” referida al FNA, que llegó al Congreso en diciembre de 2023. Por las críticas del sector cultural y de la oposición, esa sección (entre otras) “voló” de la ambiciosa propuesta del Ejecutivo.

Gran parte del presupuesto del FNA, que ahora el Gobierno quiere reconvertir en un “banco de artistas”, se constituye con lo que se recauda con este impuesto. En nuestro país, la ley que rige la propiedad intelectual es la 11.723 y establece que el plazo de duración del derecho patrimonial se extiende durante la vida del autor y setenta años más a partir de su muerte. Vencido dicho plazo, la obra entra en lo que se denomina “dominio público” que, en la Argentina como en algunos otros países, tiene la característica de ser pagante cuando personas o empresas utilizan con fines comerciales obras que pasaron a “dominio público”.

El FNA recauda en forma directa e indirecta, a través de mandatarias o sociedades de gestión colectiva como SADAIC, Argentores, DAC, AADI y CAPIF, que cobran el DPP a radioemisoras, canales de televisión, editoriales, compañías discográficas y plataformas de streaming.

“La protección conferida a los autores se extiende durante toda su vida y, en general, por setenta años más contados desde su fallecimiento para sus herederos o derechohabientes -remarca el proyecto del diputado cordobés-. Vencido ese plazo, la obra cae en el ‘dominio público’. Es importante recordar que el marco normativo actual prevé el pago de un arancel con destino al FNA, para la utilización de obras científicas, literarias y artísticas caídas en el dominio público, esto es, cuando el plazo de protección previsto por los derechos de autor ha expirado. A esto se lo conoce como ‘dominio público pagante u oneroso’, y tan solo unos pocos países del mundo cuentan con él (Uruguay, Argelia, Kenia, Ruanda, Senegal, Paraguay). En otras palabras, la utilización de obras del dominio público no es libre, sino que están sujetas a un gravamen perpetuo, produciéndose un efecto encarecedor en el uso por parte de creadores de contenido, diseñadores, ilustradores, cuentistas, emprendedores y en general ciudadanos, y añadiendo mayores barreras a la creación de obras derivadas”.

Según el proyecto, existen críticas internacionales al DPP (también hay críticas locales), que alegan que “se trata de un impuesto injustificado en favor de las sociedades de gestión colectiva”.

“Chile, Italia y otros países también derogaron este sistema reemplazándolo por uno de dominio público gratuito -se ejemplifica en el proyecto-. México, por su parte, hizo lo propio en 1993. La supresión del dominio público pagante ha sido casi unánime a lo largo del mundo y no vemos razón por la cuál [sic] no ir en esa dirección. Es más, determinados estudios han demostrado que la gratuidad del sistema de dominio público genera dos efectos: mayor disponibilidad y menor precio”. El proyecto cita estudios de casos en los que la supresión del DPP causó, por un lado, una mayor “disponibilidad” de obras y, por otro, una baja en los precios del 5 % al 15 % respecto de las obras protegidas con derechos de autor (si bien la comparación debería haberse hecho con obras gravadas con DPP).

“Creemos que, con el fin de asegurar que Argentina se destaque en la economía global del conocimiento, es imperativo no solo optimizar sus normativas e instituciones jurídicas, sino también suprimir aquellas que carecen de eficacia e impiden su progreso”, concluye el proyecto que no indica el modo en que se financiaría el FNA si se elimina el DPP. Presentado en marzo, el proyecto debe ser debatido en la Comisión de Cultura de la cámara baja. Se descartan los apoyos del Gobierno y los legisladores de La Libertad Avanza en un “proyecto antiimpuesto”.

La Nación intentó comunicarse con las autoridades del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), ”entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado (de acuerdo con el decreto firmado por Alberto Fernández en el último día de su gobierno), pero respondieron que no hablarían del tema.

Los "Cuentos de amor, de locura y de muerte", traducidos al inglés por Diego Jourdan Pereira

"En febrero de 2024 llegará a las librerías británicas y estadounidenses Tales of Love, Madness & Death, en versión del escritor y dibujante uruguayo Diego Jourdan Pereira". Tal es la bajada de la nota publicada por Daniel Gigena, en el diario La Nación, de Buenos Aires, el pasado 21 de octubre.

“Espeluznantes”: se lanza una nueva traducción al inglés de los clásicos cuentos de Horacio Quiroga

En febrero, el “mes de los enamorados”, los clásicos Cuentos de amor de locura y de muerte del uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937) llegarán al inglés en una nueva traducción. La editorial londinense Renard Press lanzará Tales of Love, Madness & Death en versión del escritor y dibujante uruguayo residente en Chile, Diego Jourdan Pereira (Montevideo, 1977). Esta será la única traducción al inglés disponible en librerías; además de los emblemáticos cuentos, se incluye el “Decálogo del perfecto cuentista”.

“Siempre me pareció una gran injusticia que un autor como Quiroga, que supo conjugar tan bien lo popular con lo estético (’intuitivo’, lo llamó Alfonsina Storni en la revista Babel) no haya logrado ‘romper el hielo’ del mundo anglo más allá del ámbito académico -dice Jourdan Pereira a La Nación-. La editorial Renard Press tiene como meta democratizar la lectura de gemas literarias a través de formatos y precios accesibles para el bolsillo del lector casual”.

El proyecto surgió de una “conversación casual” con el fundador del sello, Will Dady, interesado en explorar otras voces de la ficción gótica. La venta anticipada del libro se promociona con una frase del escritor estadounidense John Updike: “Los cuentos de Quiroga están, como los de Poe, llenos de shocks psicológicos y efectos espeluznantes, y son rotunda y despiadadamente realistas”.

Muchos de los cuentos del libro, de 1917, habían sido publicados en revistas de tirada masiva, como Caras y Caretas. Quiroga es un maestro indiscutido del género y, como admirador de Edgar Allan Poe, precursor de la literatura de terror en lengua española.

A Pereira, su fervor por Quiroga le abrió puertas. “Tratándose de un área profesional que comencé a explorar como alternativa laboral durante la pandemia, principalmente traduciendo novelas gráficas contemporáneas para IDW en Estados Unidos, no tenía gran experiencia en las lides de la prosa -revela-. Sin embargo, mi propio trabajo profesional como escritor en idioma inglés, sumado a mi pasión por la obra de Quiroga, jugó a mi favor. Como uruguayo, el entendimiento nato del sustrato rioplatense y una obsesión propia con la cultura finisecular fueron de gran ayuda para entender a Quiroga, o al menos al Quiroga urbano, ese que viajó de joven a París, que disfrutaba un vermú en el pabellón El Águila y que leía las historietas de Frederick Burr Opper”.

“El desafío fue entender al Quiroga ‘salvaje’, enamorado de Misiones y el alto Paraná, que mecha con soltura argot agrícola con yopará, y a veces quiebra sus oraciones como quien atraviesa el monte a machetazos -concluye-. Llevar todo ese bagaje al inglés británico moderno fue en sí mismo otro desafío”.

Si bien esta edición de Tales of Love, Madness & Death no es la primera traducción al inglés, es la primera que estará en librerías británicas en un formato y precio accesibles, y en un catálogo que incluye libros de Oscar Wilde, Willa Cather, Saki, George Orwell y el “gótico” Bram Stoker.

CADRA se enfrenta contra un lobby interesado

Tanto Daniel Gigena, del diario La Nación, como Silvina Friera de Página 12 firmaron sendas notas, el 12 y el 13 de septiembre pasados, a propósito de la discusión surgida entre CADRA (la agencia encargada de cobrar los derechos reprográficos de editoriales, autores y traductores) y una serie de particulares, a los que se presume lobbystas, que objetaron su reconocimiento oficial por parte del presidente Alberto Fernández. Para quienes no lo sepan, CADRA integra el grupo de agencias, que existe en cada país civilizado, para, entre otras cosas, para vigilar y cobrar los derechos permanentemente avasallados por particulares e instituciones que, burlándose de la ley, comercializan la obra ajena sin reconocer derechos. El caso más frecuente es el de las fotocopias de libros, vendidas como "apuntes". Pero hay más.

Las notas se reproducen a continuación:

Frustrado acto de Alberto Fernández en el CCK por un controvertido decreto del sector editorial

Un nuevo faux pas tiene como protagonista al presidente Alberto Fernández. Esta tarde estaba previsto que participaría, de regreso de Chile y en el CCK, de un acto de reconocimiento al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra), asociación civil sin fines de lucro creada en 2002, que gestiona la reproducción de las obras de autores en el país y que preside Luis Quevedo, gerente de editorial Eudeba. La institución está integrada por dos mil socios, entre ellos, autores y traductores y más de cuatrocientas editoriales.

En el frustrado acto, el presidente Fernández, acompañado por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el director nacional de Derecho de Autor, Walter Waisman, iba a anunciar la firma del decreto que le otorgaría a la institución la legitimación para obrar judicial y administrativamente, dentro del territorio nacional, a fin de regular los derechos intelectuales de reproducción de obras de los autores, sus herederos y los editores de obras literarias y científicas. El acto fue cancelado entre gallos y medianoche, “por un problema de agenda”, según informaron escuetamente desde el Ministerio de Cultura.

Se presume que los funcionarios y asesores del Gobierno se hicieron eco de las críticas en redes sociales que expresaron, entre otros, la titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche; el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto; el historiador Ezequiel Adamovsky y la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Abgra), María Silvia Lacorazza, que esta mañana, en X (exTwitter), comunicó que “mancomunadamente” habían logrado que el acto se suspendiera. Ayer, Lacorazza había dirigido al presidente una carta pública en la que le expresaba su preocupación por la firma del decreto, sin previa consulta a las asociaciones de bibliotecarios y a otros interesados.

“El gobierno está por dar a una entidad que no tiene el aval de los autores el derecho a cobrar en nombre de los autores incluso el material que se fotocopia con fines educativos. Los autores no deseamos ni autorizamos que esta entidad le exija pagos a las universidades”, remarcó Adamovsky en X.

Para algunos socios de Cadra, los críticos del centro (descripto como un “monopolio de gestión de cobranzas a entidades públicas y privadas”) responden a los intereses de los proveedores de internet, Google entre otros, que no suelen caracterizarse por pagar por el uso de contenidos ajenos que se difunden “libre y gratuitamente” en plataformas. Varios de los que reprueban el accionar de Cadra apoyaron la “ley Pinedo”, impulsada por los senadores Federico Pinedo y Liliana Fellner. En la página web de la Fundación Vía Libre se afirma que las políticas de propiedad intelectual “amenazan el ejercicio de la libertad de expresión”.

Entre otras funciones, Cadra autoriza la reproducción parcial de las obras protegidas por el derecho de autor, recauda el dinero que generan esas autorizaciones, distribuye lo recaudado entre los autores y editores de las obras reproducidas y ejerce acciones legales en defensa de los asociados. También cobra un canon a bibliotecas y universidades con las que ha suscripto “convenios especiales”. Y tiene acuerdos con entidades de más de cuarenta países. Forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción y cuenta con el apoyo y la cooperación del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe.

“Si alguien gana dinero con un libro debe pagar. Si alguien fotocopia libros y vende dichas fotocopias debe pagar de alguna manera. Si los fotocopia y distribuye gratis, no debe pagar nada. Ese es para mí el principio básico”, opinó en X el escritor Sergio Olguín.

Luis Quevedo, presidente de Cadra y gerente de Eudeba indicó que la institución es un “puente” entre los contenidos y sus titulares. “Su tarea se vuelve fundamental porque un autor o una editorial no pueden, por sus propios medios, controlar la utilización de sus obras a nivel masivo -sostuvo-. Cada vez que se copia un libro, o se sube un PDF a internet, se crean ediciones piratas y se termina perjudicando a la industria editorial, en especial, el trabajo de creación de los autores. Cadra, además, permite que instituciones públicas y privadas, empresas y cualquier entidad que necesita un texto pueda obtenerlo en forma simple y legal”.

Al acto habían sido invitadas más de trescientas personas, entre ellos, escritores, editores, bibliotecarios, representantes diplomáticos y de la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina y la Unión de Escritoras y Escritores.

LA NACION pudo saber que, tras la cancelación del acto y la postergación de la firma del decreto, las autoridades de Cadra “juntan apoyos” de organismos nacionales del sector editorial, y de universidades y bibliotecas públicas (el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain, es socio de Cadra). “El expediente tramita hace mucho tiempo”, informaron. También impulsan una campaña en redes sociales.

Polémica por los derechos de autor de escritores y editores

Se trata del Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, que iba a ser habilitado a través de la firma de un decreto presidencial en un acto público que finalmente no se hizo. Hubo voces críticas. Desde la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche criticó: “cobrar a mansalva a todas las instituciones culturales es dañino para la cultura y la educación". Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba, defendió la necesidad del reconocimiento: "es importante respetar los derechos de los trabajadores de la cultura".

Una ONG que protege los derechos de autor, CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina) estuvo a punto de ser reconocida como sociedad de gestión colectiva a través de la firma de un decreto presidencial en un acto público que se realizaría en el Centro Cultural Kirchner. “¿Sabrá el presidente que si firma ese decreto el martes próximo, una biblioteca pública, privada, popular o especializada, tendrá que pagarle a CADRA cerca de 100.000 pesos por la mera tenencia de un equipo que permita copiar?”, escribió Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, en su cuenta de X (ex Twitter). La polémica estalló en las redes sociales; se sumaron los cuestionamientos del exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, y de la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), María Silvia Lacorazza, entre otros. Finalmente, el acto se suspendió “por un tema de agenda”, según informaron desde el ministerio de Cultura de la Nación.

Busaniche, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explica a Página/12 que ese tuit que escribió surge del cuadro tarifario de CADRA. La cifra exacta de lo que tiene que abonar, cualquier tipo de biblioteca, es de 93.240 pesos anuales, según entiende la presidenta de la Fundación Vía Libre. “Cobrar a mansalva a todas las instituciones culturales es dañino para la cultura y la educación, y a la vez es una arbitrariedad. La UBA, por ejemplo, no hace copias de obras, ¿por qué una ONG tendría que cobrar un canon por alumno de la universidad pública?”, plantea Busaniche, quien en otro tuit calculó lo que la UBA debería pagarle a CADRA durante un año, haciendo un redondeo de 300.000 estudiantes (son aproximadamente 308.000). Por reprografía: 227.400.400; por copia digital: 454.500.000. El total sería 681.900.000. millones de pesos. Busaniche recuerda que la UBA ya había firmado un acuerdo con CADRA en 2009 --que no se renovó en 2013-- por el cual la universidad le abonaba una tarifa de 0.80 por alumno por año. En un informe elaborado por la Fundación Vía Libre se afirma que la universidad le giró a la ONG un total de 960.000 pesos por esos cuatro años. En 2015 se volvió a renovar y el último convenio vence el 31 de diciembre de este año. En este momento la UBA le paga a CADRA 3,16 pesos por alumno al año. “Es una vergüenza; jamás notificaron a los docentes que podemos hacer uso de esa licencia”, advierte Busaniche cuando se le confirma que hay un acuerdo vigente.

Luis Quevedo, presidente de CADRA y gerente de Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), dice que lo que recauda la entidad luego se distribuye entre los autores y editores. “Lo hace a través de licencias, y sobre la base de un tarifario indicativo, confeccionado a partir de parámetros internacionales, que luego se adapta a las necesidades y características de los usuarios que obtienen esas licencias”, explica y aclara que la entidad “nunca cobró ni cobrará una licencia a una biblioteca popular”, pero que sí tiene “licencias analógicas y digitales” con la mayoría de las universidades. “Los acuerdos funcionan sin ningún perjuicio para los estudiantes, y les permiten acceder al material en forma legal”, sostiene el presidente de CADRA. Sobre la tarifa de 93.240 pesos al año, Quevedo precisa que es lo que se paga por un equipo que se dedica exclusivamente a copiar los textos en una empresa de copiado, “no para una biblioteca”.

"Lo que cuesta una pizza"

“Solo con las bibliotecas profesionales, que reproducen material para los usuarios, es que se generan acuerdos de compensación: hay bibliotecas que pagan 80.000 pesos por más de una máquina por año y otras pagan 5.800 en total. La biblioteca del Congreso de la Nación paga 3,06 por usuario por año. 80.000 pesos por año es una cifra aproximada de 6.500 pesos por mes. Es decir, lo que cuesta una pizza”, compara el presidente de CADRA, entidad que cuenta entre sus socios a Claudia Piñeiro, Dora Barrancos, Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Miguel Gaya, Adriana Puiggrós, Adrián Paenza, Cristian Alarcón, Pablo Alabarces, Márgara Averbach, María Rosa Lojo, Ana María Shua, Camila Sosa Villada, Ana Jaramillo, Vicente Battista, Juano Villafañe, Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffaroni, Juan Sasturain, Felipe Pigna y Jorge Fondebrider, entre otros. Quevedo fundamenta que con las licencias CADRA “brinda acceso a todo el contenido protegido en el repertorio, ya sea nacional o extranjero, y además tiene acceso a una copia de resguardo del material”. Y también destaca que pueden subir material a sus campus virtuales o tener centros de copiados en sus instalaciones. “Sólo aquellas escuelas, bibliotecas o universidades que reproduzcan material deben abonar ese canon. Si la biblioteca no tiene fotocopiadora ni digitaliza contenidos, no es necesario que abone una licencia”.

Más allá de la grieta

Desde la Fundación Vía Libre, Busaniche subraya que no se oponen a los derechos de autor. “Nosotros bregamos por los derechos culturales y entendemos que este tipo de medidas son dañinas para todos, salvo para los recaudadores”. ¿Por qué generó tanto revuelo la noticia del reconocimiento que no fue a una entidad como CADRA? “Siempre hay quienes se oponen al pago de los derechos de autor y a los derechos de propiedad intelectual. Este no es un tema que se pueda explicar por la grieta”, opina Quevedo y agrega que CADRA -que fue creada en 2000 y autorizada por la Inspección General de Justicia en 2002-- representa a editoriales y autores de todos los pensamientos políticos. “En nuestro país, aún no se tiene verdadera conciencia sobre la importancia del respeto al derecho de autor y sobre el daño que genera copiar o utilizar sin permiso el material de los creadores de contenido. Los músicos, los actores, los directores tienen sociedades de gestión colectiva que distribuyen entre sus asociados la explotación y uso de sus obras. ¿Por qué los escritores y editores no tienen que tenerlo?”, se pregunta el presidente de CADRA y critica a los que “desinforman con datos que no tienen que ver con la realidad” con el fin de no respetar los derechos de los creadores. “El hecho de que ellos no quieran tener su material bajo copyright no quiere decir que los demás tengan que estar obligados a no hacerlo. Es importante respetar los derechos de los trabajadores de la cultura”, concluye Quevedo.

Ahora se la agarran con Virginia Woolf

“Al faro se publicará con un  ‘descargo de responsabilidad’ en los Estados Unidos mientras que en España se vetó la representación teatral de la novela Orlando”. Esta es la bajada de la nota referida a la censura que se pretende ejercer sobre obras de Virgina Woolf, firmada por Daniel Gigena, en el diario La Nación, de Buenos Aires, el pasado 4 de julio.

La corrección política y la censura atacan de nuevo: esta vez, la víctima es Virginia Woolf

La corrección política y la censura atacan de nuevo, esta vez en Estados Unidos y en España, respectivamente. Días atrás, la editorial Vintage informó que la clásica novela Al faro, de Virginia Woolf, se publicará con un “descargo de responsabilidad” en el que los editores estadounidenses advertirán al público que las opiniones de los personajes reflejan las “actitudes de la época”. En clave semiautobiográfica, en Al faro la reconocida escritora británica narra las historias de los viajes de la familia Ramsay a su casa de veraneo en la isla de Skye en Escocia; en su infancia y adolescencia, Woolf y su familia veraneaban en St. Ives, en Cornualles, en una casa familiar con vista a la playa de Porthminster y al faro de Godrevy.

En Al faro, quinta novela de Woolf, uno de los personajes (Charles Tansley) predica que las mujeres no saben escribir ni pintar (ni controlar sus emociones), lo que afecta la frágil subjetividad de Lily Briscoe, joven protagonista protegida por la bondadosa señora Ramsay (su esposo, el señor Ramsay, es un filósofo tiránico). Los personajes también hacen consideraciones que pueden resultar antipáticas sobre la organización social del Reino Unido (en ese entonces, los años 1920, un imperio sin la menor dosis de autocrítica). La edición de Vintage estará precedida por una nota editorial que explica que la decisión de imprimir la novela en su forma original no representa un “respaldo” a las “representaciones culturales o el lenguaje” de la artista.

“Las tensiones de clase y de género aparecen en la novela –dice la profesora Martina López Casanova a La Nación–. Pero eso no significa que el libro sea sexista, clasista o aporofóbico. Es no entender qué hace la autora con eso, que entrecruza lo cultural, lo social y lo político con lo íntimo; incluso lo más íntimo, porque su propia subjetividad como escritora está involucrada, con ese pensamiento interior inglés y modernista de la época que muestra el modo en que esto talla en los personajes. Woolf tiene una gran sutileza para trabajar con estos planos de un modo emocionante, sin necesidad de hacer una denuncia”. Para López Casanova, esta decisión editorial confunde los puntos de vista de los personajes con el que puede adjudicarse a la novela. “El libro no está diciendo lo mismo que dicen los personajes que, por otro lado, no son chatos ni unívocos”.

“Esto que sucede con Al faro y Vintage, propiedad de Penguin Random House, ya sucedió con Agatha Christie y Ernest Hemingway, aunque en esos casos llegaron más lejos: se corregía la traducción –remarca la escritora Ariana Harwicz a La Nación–. Es algo de lo que los filósofos se van a reír mucho dentro de cincuenta o cien años. Se va a mirar a estos editores como cómplices y colaboradores, y agregaría como traidores. Nietzsche decía que había que juzgar a los artistas como criminales; ya que estamos en la época del juzgamiento, creo que la historia va a juzgar a estos editores como traidores al arte y deberían rendir cuentas”. Para la autora de Matate, amor, se viven tiempos malsanos para el arte y los artistas. “Habíamos abandonado los años en que se perseguía a Baudelaire por sus poemas, a Flaubert por Madame Bovary,y en que el Vaticano juzgaba a Pasolini por sus novelas. Pero se vuelve con fuerza en este siglo, donde se judicializa el arte”.

En los museos europeos, recuerda Harwicz, también se ponen en práctica estas advertencias a los espectadores sensibles. “Es extraño porque esto pasa en sociedades democráticas, no teocráticas –señala–. Antes, el aparato censor tenía su lógica en los regímenes fascistas, pero ahora, en épocas de diversidad y multicuralismo como la actual, sucede por marketing. En la glorificación de la diversidad, se condena el pasado, sin ninguna crítica sobre el presente. El absurdo es que estamos hablando de arte”. Las novelas de Harwicz se han traducido a varios idiomas, excepto Degenerado, protagonizada por un pedófilo acusado de violar y asesinar a una niña. “Lo que molesta es el contenido”, deduce la autora.

 

Contra Orlando

En España, por otro lado, el Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), gobernado por el Partido Popular y Vox, se vetó la representación teatral de la obra Orlando, basada en la novela de Virginia Woolf que tradujo (y alabó) Jorge Luis Borges. Según la compañía Teatro Defondo, se trata de un “veto ideológico” porque en la obra se reivindican el feminismo y el movimiento LGBTIQ. El protagonista de Orlando cambia de sexo a lo largo de los siglos (el hecho de pertenecer al “sexo débil” a partir del siglo XVIII le trae no pocos inconvenientes). La antiiniciativa corrió por parte de la Concejalía de Cultura de Valdemorillo, a cargo de Victoria Amparo Gil Movellán, de Vox.

 

La Asociación de Autoras y Autores de Teatro de España, que reúne a centenares de dramaturgos, y la Asociación Colegial de Escritores manifestaron “su más enérgico rechazo” a la suspensión de la versión escénica de la novela de Woolf escrita por la dramaturga Vanessa Martínez, que recibió numerosos premios y elogios. El actor y productor de la pieza teatral, Pablo Huetos, en una carta abierta al alcalde de Valdemorillo (Santiago Villena) le solicita que ponga freno “a aquellas otras prácticas de una minoría que intenta destruir la convivencia en este Estado plural en el que vivimos”.

Desde el Ayuntamiento alegaron que la suspensión de la obra no se hizo por razones ideológicas sino económicas, “puesto que tenemos un presupuesto prorrogado y no hay dinero para ciertas actividades, como también ocurre con el cine de verano, que no va a realizarse tampoco”.