Una iniciativa por el derecho a leer

El pasado 25 de julio, Santiago Díaz Benavides publicó en el suplemento Leamos, del diario InfoBAE, un artículo a propósito del club de lectura que intenta detener la censura de libros en los Estados Unidos. Según la bajada, "Impulsado por dos jóvenes de Texas, el movimiento en defensa de elegir qué libros leer va ampliando sus fronteras en el interior del país".

Un club de lectura lucha contra la censura literaria en Estados Unidos

A raíz de la decisión de algunas escuelas de restringir el acceso a ciertos libros, Ella Scott y Alyssa Hoy, dos adolescentes de Leander, Texas, han liderado un movimiento en defensa del derecho a elegir qué leer y cuándo. Frente a las prohibiciones de libros en instituciones académicas de su ciudad, fundaron el “Club de Lectura Prohibida”. A partir de allí, otros clubes de características similares han aparecido en el resto de los Estados Unidos.

Según datos de la Asociación de Bibliotecas de EE. UU., en el año escolar 2021-2022, se emitieron más de 2,500 prohibiciones de libros en 32 estados. Texas lideró la lista con 801 prohibiciones, seguido de Florida y Pensilvania.

Las solicitudes de prohibición suelen involucrar obras que abordan temas de identidad racial y sexual, con más del 80% de los libros censurados incluyendo personajes LGBTQ+ o no blancos.

Uno de los libros afectados fue All Boys Aren’t Blue (No todos los chicos son azules) de George M. Johnson, una memoria sobre la experiencia de crecer como persona de color y queer. Johnson, en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR, señaló: “Cada vez que escribes un libro en el que hablas sobre tu verdad, habrá personas que querrán silenciarla”.

El problema de la censura se extiende incluso a obras clásicas como Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, ganadora del Premio Pulitzer y publicada en 1960, que fue prohibida por los distritos escolares de Oklahoma y Carolina del Norte en 2021, a pesar de su relevancia en el análisis de la injusticia racial en EE. UU.

Este fenómeno ha llevado a miles de estudiantes a levantar su voz y defender la libertad de elección. “Definitivamente, es desconcertante pensar que esto está sucediendo en un lugar como EE. UU., donde tenemos esta cultura de libertad”, comentó en su momento Ella Scott, de 17 años. “Vienen personas de diferentes grados y orígenes. Es genial escuchar las diversas conversaciones que surgen cuando hablamos de un tema que nos afecta a todos”, agregó Alyssa Hoy, también de 17 años, en conversación con la BBC.

En el estado de Missouri, dos estudiantes llevaron al distrito escolar de Wentzville a los tribunales por la eliminación de ocho libros considerados “obscenos”.

En Florida, el activista y poeta Adam Tritt creó la Fundación 451, que compra libros prohibidos y los distribuye en lugares públicos. “Hemos distribuido casi 3.000 de esos libros a niños y jóvenes, y mi sueño es recaudar más fondos para hacer lo mismo en todo el país”, señaló Tritt.

La directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nossel, ha destacado la importancia de la participación de los jóvenes en este debate. “Están luchando. Puede que todavía sean demasiado jóvenes para votar y cambiar la ley, pero ya están luchando”.

Enfrentando la censura, Ella Scott y Alyssa Hoy afirman: “Está bien sentirse incómodo y no leer un libro. Pero quitárselo a todos los demás no es justo”.

La lucha contra la censura literaria en Estados Unidos es un testimonio de la determinación de los jóvenes para defender su derecho a leer y formar su propia opinión, incluso en tiempos de creciente polarización política. Esta generación está demostrando que el acceso a la diversidad de ideas es esencial para una sociedad verdaderamente libre.

Poco a poco, el fenómeno se va extendiendo a todo el país y cada vez más son los libros que han conseguido salir del listado de prohibidos para regresar libremente a las manos de los lectores. Quién diría que en 2023 estaríamos viviendo la ficción de Ray Bradbury. Ojalá no llegue el tiempo en que no solo esté prohibida la lectura, sino que también se le incinere como si se tratara de un virus que se expande, contagia y extermina.

¡Pobres importadores que no pueden traer libros!

Es un clásico: cada dos por tres, las distribuidoras que importan libros desde España denuncian demoras en los trámites para hacer entrar los libros al país. A veces apelan a una curiosa idea de censura, a veces simplemente se quejan del ataque a la bibliodiversidad. Raramente piensan que el precio de los libros que les fijan a los libros importados es una forma de censura y un ataque a la bibliodiversidad del cual son responsables. Por su parte, el Estado invoca razones estrafalarias, que incluyen la cantidad de plomo presente en la tinta con que se imprimen los libros y otras cuestiones tan fantásticas como ésas. Lo cierto es que se trata de un problema recurrente. Es lo que se lee en la nota que Luciano Saliche publicó en InfoBAE Cultura, del 23 de marzo pasado. En su bajada se lee: “Las distribuidoras denuncian que los trámites que antes tardaban diez días, ahora llevan meses. A poco más de un mes del inicio de la Feria del Libro, los ejemplares permanecen guardados en el puerto de Buenos Aires”

Importaciones demoradas, burocracia y desconcierto: por qué hay miles de libros retenidos en la Aduana

“No te lo puedo explicar porque no sé lo que es”. Del otro lado del teléfono, Jorge Waldhuter se rasca la cabeza. Después se ríe. Está, como varias distribuidoras de libros, atrapado en los tentáculos de la burocracia. Quienes quieran traer libros del exterior deben salir ilesos del tramiterío: formulario 453/685, facturas o proformas de los proveedores, caratula del SIRA (Sistema de importaciones de la República Argentina) e Inscripción al Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP). Pero además, y esto es lo que desde hace semanas inquieta a la industria, es el control de tintas. ¿De qué se trata?

 

Para importar más de 500 ejemplares por título hay que hacer un trámite especial: un laboratorio debe analizar muestras para determinar que no haya plomo en la tinta. Para importar menos de 500 ejemplares por título eso no es necesario; basta con la “Declaración Jurada de Excepción al Régimen de Seguridad de Tintas y Papel”, que en la jerga se llama control de tintas. Lo que hoy está fallando es ese trámite. Entonces los embarques que llegan al puerto quedan retenidos en la Aduana porque aún no se ha aprobado esa declaración. Miles y miles de libros, ya en suelo argentino, quedan ahí, esperando.

 

“A partir de un determinado día te cobran el estacionamiento de esa mercancía. Otro costo más que tenemos que afrontar nosotros”, dice el gerente de la Distribuidora Waldhuter quien ahora, en este momento, tiene 7000 libros en tono de espera. Son entre 200 y 300 títulos, ninguno supera los cien ejemplares. Provienen de España, de ocho sellos diferentes: mucha narrativa y algo de ensayo. El trámite se inició en enero, el barco llegó el 9 de marzo. Desde entonces, esperan que le aprueben el control de tintas para que la cadena del libro siga girando y concluya en las manos de los lectores.

 

“El tema es que, al no superar los 500 ejemplares por título, no se requiere que analicen el libro físico. No se entiende por qué demoran tanto”, se pregunta. Esta normativa fue emitida por la Dirección Nacional de Reglamentos Técnicos, que depende de la Secretaria de Comercio. “Son libros que traemos para la Feria del Libro”, cuenta Waldhuter sobre el megaevento que empieza 27 de abril y recuerda que este contexto, que parece novedoso, no lo es tanto: “El año pasado había problemas con el SIRA. Este año también: al segundo embarque que pedimos no le aprobaron el SIRA. Y ahora se suma el control de tintas”.

 

Felipe Martínez, gerente de Riverside, tiene todo anotado y detallado. El 11 de enero presentaron la Declaración Jurada. Hasta ahora no tuvieran respuesta. “Si el trámite no se encuentra aprobado, a pesar de tener la SIRA aprobada, la empresa no puede retirar el contenedor de aduana. Esto implica afrontar gastos de pérdida de ‘forzoso’ (700 dólares aproximadamente más impuestos), de almacenaje por contendor en terminal (cien por día aproximadamente más impuestos), de devolución de contenedor (180 dólares por día) y una multa que, pasados los 16 días hábiles, equivale al 1% de la base imponible”, explica Martínez.

 

Para Tomás Lambré de Del Nuevo Extremo, el trámite es “ridículo”: “Imaginate que ni España ni Estados Unidos van a imprimir con tintas tóxicas. Es algo que no se hace desde años”. Del Nuevo Extremo hizo dos pedidos a principios de enero. Son cómics. “Nos respondieron hace una semana y media. La Afip te dice que tenés tal problema, pero lo tenés que deducir. Quizás hay un error en una letra, lo corregís y no pasa. Ahora hay una persona que está mirando ítem por ítem. Un error puede ser la palabra año, porque en Estados Unidos no hay ñ entonces dice ano en vez de año. Estamos a ese nivel de detalle”.

 

No todas las importadoras tienen embarques retenidos, pero saben que les puede pasar. Por ejemplo, los libros que pidió Del Naranjo están en viaje. Aún no llegaron a la Argentina, pero tampoco tienen la aprobación. “El trámite está demorado pero pocos días. Nuestra situación no es grave. Nos preocupa como sector”, dice Alejo Ávila y agrega que “además del perjuicio económico está la cuestión de que tenés los libros en el país y no los podés vender”. “Estamos hablando de pequeñas cantidades, mucha variedad de título, bibliodiversidad. Por lo general, cada uno de nosotros importa libros que otros no traen”.

 

“Antes, tardaba entre siete y diez días. Desde hace tres meses tarda de treinta a sesenta días”. La que habla es Silvina Fernández de Distribuidora Grupal. “La última importación que hicimos demoró 29 días. Empezamos a mandar correos e inmediatamente se activó. Ahora tenemos una carga que me está llegando el 25 de abril. Si me demora sesenta días no voy a tenerla para la Feria del Libro. Todo este proceso tiene una lentitud enorme. Además, a veces un buque te cambia de puerto y te tarda más. Lo que pedimos a finales de diciembre lo estamos recibiendo en abril, si es que se alinean los planetas”, explica.

 

En el fuero interno el problema está en la escasez de papel. Ahora, en las fronteras, se suma esto que no parece ser tan nuevo. En ambos casos, el Estado no ofrece respuestas y la industria del libro se resquebraja. “El problema es que todos estos gastos, lamentablemente, los tenemos que trasladar al precio del libro”, dice Fernández y concluye con una pregunta: “¿Por qué Coldplay tiene un dólar preferencial, por qué hay beneficios para un montón de sectores y a nosotros no, que somos cultura, que apostamos a la bibliodiversidad, que tenemos ahora un evento multitudinario?”

Para los amantes de la bibliodiversidad el cuerno de la abundancia parece venir sólo de España

“Hace un mes, muchas distribuidoras se encontraron con la imposibilidad de traer al país los libros que tenían pensado exhibir en la esperada Feria del Libro. Aseguran que las actuales normativas atentan contra la bibliodiversidad.” Esto dice la bajada de la nota firmada por Luciano Sáliche, el 19 de marzo pasado, en Cultura InfoBAE. Lo interesante del caso es que la muletilla de la “bibliodiversidad” nunca aparece para decir que las editoriales cuyos libros se importan, al comprar desde España los derechos en exclusividad para toda la lengua, con precios astronómicos para el bolsillo local, también atentan contra la variedad. Y eso es incluso peor que las circunstanciales medidas que pueda adoptar un circunstancial gobierno.

Importación de libros: denuncian nuevas trabas y la falta de políticas públicas claras

 

¿Cómo llegan a las librerías argentinas los libros que se editan y se publican en el exterior? Mediante distribuidoras que los importan. En general traen pocos ejemplares, algunas decenas; suelen ser caros pero necesarios: de otra forma no se podrían conseguir. Todo los meses, en el sitio de AFIP, las empresas completan un formulario que se conoce como SIMI: sistema integral de monitoreo de importaciones. Allí se deja constancia de qué, cuánto y cómo es lo que se quiere importar; es la forma en que se oficializan licencias y pagos al exterior. Pero, desde hace un mes, una nueva disposición, una nueva normativa, complica la importación.

 

El 2 de febrero, cuando Jorge Waldhuter intentó subir una SIMI, no pudo: “Quedé bloqueado por incapacidad económica”. Hace 28 años, creó la Distribuidora Waldhuter que hoy lleva adelante junto a su familia y es una de las más importantes del país en lo que a libros respecta. Todos se preparan para el gran regreso del “acontecimiento cultural mas importante del año”, la Feria del Libro: del 28 de abril al 16 de mayo en La Rural, que no se pudo realizar los dos últimos años por la pandemia. Con el objetivo de ampliar su oferta, realizó el pedido para importar libros, pero el CEF (Capacidad Económica Financiera) se lo impidió. “La AFIP dice que nosotros no tenemos dinero ni para importar ni para pagar”, explica.

El mes pasado la AFIP introdujo nuevos parámetros y realizó ajustes. Ante la confusión, muchas empresas de distintos rubros se quejaron. Un mes atrás, en diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Natalio Grinman dijo que “esta situación es especialmente gravosa para las nuevas empresas sin historial de pagos al exterior ni operaciones de comercio internacional” y pidió una mayor trazabilidad y mecanismos más flexibles para la conformación del CEF. El objetivo del Gobierno, se entiende, es controlar las divisas y que, ante la falta de reservas, los dólares se queden acá.

“Hay que pagar royalties (regalías por derechos) a los editores españoles y para ese tipo de pagos también estamos siendo bloqueados”, explica Jorge Waldhuter y agrega que finalmente sólo van a poder contar con el 20% de lo que pensaban importar para vender en la Feria del Libro. “Va a ser la Feria con menos contenido importado que se haya visto”, dice y explica: “Nosotros apostamos a la bibliodiversidad, traemos una enorme cantidad de libros pero no más de 10, 20, 30 ejemplares por título”. Si bien hay nuevas reglas, todos señalan que hay una política que viene desde hace tiempo. “La medida es una traba que se suma a las que ya venían desde 2012″, sostiene Waldhuter.

 

A las editoriales también les afecta en el pago de regalías y anticipos a autores extranjeros. Entre los sellos que consultó Infobae Cultura, algunos comentaron que tuvieron problemas con el SIME de febrero, pero ya para el de marzo no. La explicación no la tienen. “En enero inventaron el CEF, la capacidad para enfrentar una nueva importación. La AFIP te pone un valor tan bajo que complica importaciones que son mínimas y ciertos pagos”, dice Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara Argentina del Libro. “Son pocos ejemplares de cada libro y el objetivo es acompañar la bibliodiversidad. El problema es que ponen en la misma bolsa a los que importan por mil dólares, por 30 mil, que los que lo hacen con millones. Es un filtro difícil de pasar porque se renueva cada un mes. Es todo muy engorroso”, agrega.

 

“Cada libro tiene su propio registro de propiedad intelectual, con lo cual el derecho de autor está registrado. Lo que quiero decir con esto es que si uno no importa ese libro, ese libro no aparece. La CAL (Cámara Argentina del Libro) entiende el flujo de importaciones y exportaciones, abogar porque el libro argentino esté en todos lados, pero también entiende que hay un sector que necesita importar libros, eso acompaña la bibliodiversidad, es una necesidad, un complemento”, sostiene Gremmelspacher y asegura que han intentando hablar con las autoridades y que está abierto el diálogo, pero que “hasta ahora: cero respuesta”.

 

Horacio Brihet es contador, trabaja con empresas de distintos rubros y diversos calibres. Una de ellas es la Distribuidora del Futuro, que importa libros. “La AFIP determina la capacidad financiera, cuánto podés importar, y lo hace en base a una fórmula que es desconocida. En Del Futuro no hemos tenido problemas pero sabemos que se han equivocado con varias empresas; no sabemos si consciente o inconscientemente”, cuenta. Desde la Cámara Argentina de Publicaciones le dijeron a Infobae Cultura que las empresas que la integran no han tenido problemas con las importaciones.

 

“Lo que nos aprobaron para diciembre pasado no es lo que hubiéramos querido”, asegura Brihet, y agrega: “Siempre hay dificultades, pero van aprobando. Pese a las trabas de la burocracia, mal que mal las cosas salen, se pueden pagar, caminamos. Necesitaríamos más, pero funciona”. Para Jorge Waldhuter, sin embargo, hay que repensar todo el sistema: “Lo que vivimos desde 2012 no tiene nombre”, dice y enumera distintas trabas, como la Ley de Tintas, donde no se podía importar más de 499 ejemplares porque, si lo hacías, “tenías que someterte a hacerle un estudio al libro que demostrara que el volumen de plomo en tinta no era dañino a la salud: resultaba un insulto a la inteligencia”.

 

“Ahora, según la AFIP, carecemos de la capacidad de pagar. Cualquier gestión que quieras hacer en la AFIP es digital. Pedís un turno pero esto no está entre las opciones, o sea, no te atienden”, dice Waldhuter. Este inconveniente alumbra un problema estructural. Según pudo averiguar Infobae Cultura, muchas editoriales conformaron empresas de sociedad limitada en España o en Uruguay para operar sin dificultades. Hay distintos intereses en juego, pero todos los actores sostienen lo mismo: faltan políticas públicas en torno a la industria editorial, cada vez más castigada pese a su gran calidad y potencia.