La RAE contra la independencia de Cataluña

El jueves 22 de mayo pasado, Gemma Aguilera publicó el siguiente artículo en Minuto político. El modus operandi recuerda lo que solían hacer los militares argentinos durante la última dictadura (aunque, claro, la práctica es anterior), cuando adaptaban el léxico a sus propósitos políticos. Tal vez resulte ilustrativo repasar el volumen Los lenguajes totalitarios, de Jean-Pierre Faye.

La RAE combate el catalinismo desde su diccionario

Administración, autodeterminación, autodeterminista, autogobierno, ciudadano, consulta popular, democracia, democracia directa, estado, estado asociado, estado autonómico, estado de derecho, estado de alarma, estado de excepción, estado de guerra, estado de sitio, mayoría silenciosa, plebiscito, referéndum, soberanía, soberanía nacional, somatén: éste es el listado de términos que la rae ha ido modificando desde el 2010 y que, si no hay cambios de última hora, verán la luz en octubre de 2014, cuando se haga pública la última revisión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Las hispanistas Montserrat Alberte y Silvia Senz ultiman un estudio sobre el contenido de estas enmiendas, la ideología y posicionamiento político que reflejan y cómo pueden afectar al proceso catalán, que publicarán en la Revista de Llengua i Dret [Revista de Lengua y Derecho] cuando se haga pública la nueva edición del drae octubre de 2014 y se hagan oficiales todos los cambios que incorpora. 

En 2010, cuando la sentencia del [Tribunal] Constitucional contra el Estatuto [de Cataluña] evidenció que la rae había modificado intencionadamente el significado del término “nacionalidad” para hacerlo encajar con la sentencia, la Generalitat, y también ERC y otros partidos nacionalistas de la comunidad autónoma, pusieron el grito en el cielo y lograron que la academia diera marcha atrás y aceptara que la modificación había sido arbitraria. 

Cruz de San Jorge 

No obstante, con la nueva tanda de modificaciones de acepciones, que pueden tener consecuencias políticas, «ni la Generalitat ni ningún partido político o institución del país han dicho ni mu, por el contrario, Cataluña ha premiado la política de la rae otorgando la Cruz de San Jorge a su director, José Manuel Blecua, máximo responsable de todas estas enmiendas», denuncia la editora, hispanista y especialista en planificación lingüística y normatividad Silvia Senz a Nación Digital. 

El pasado 22 de abril, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, imponía este galardón a Blecua, «por una trayectoria de excelencia en los campos docente y científico, como autor de trabajos de lexicografía y de historia de la lingüística y pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio del castellano». La glosa de su figura también destacaba «la vinculación con Cataluña y la actitud receptiva para con la lengua y la cultura catalanas». 

Silvia Senz insiste en la gravedad de los efectos que pueden tener estas modificaciones de significado, que «tendrán capacidad para intervenir en el transcurso legal del proceso catalán en virtud del papel consultivo que tanto José Manuel Blecua como la propia rae y el drae tienen para los órganos jurídicos y políticos españoles». Por una parte, porque Blecua es miembro nato al Consejo de Estado, órgano supremo consultivo del Gobierno, y por otro, por «el uso que pueden hacer los tribunales de justicia del diccionario cuando este se aplique a los criterios de interpretación literal que admite el Código Civil español en el artículo 3 para dirimir el sentido propio de las palabras que componen las normas jurídicas, las fuentes jurídicas y los principios generales del derecho». Pero además, la rae tiene una función asesora del ministerio de la Presidencia y la Secretaría de Estado de Justicia «en cuestiones de calidad técnica y lingüística de las normas que elabora el poder legislativo español», explica Silvia Senz . 

Andalucismo sí, catalanismo no 

Cataluña sólo ha protestado por el término “nacionalidad” en 2010. En ninguna otra ocasión ha plantado cara a la rae respecto al tratamiento lexicográfico de los términos que la puedan afectar. Tampoco cuando, en la edición vigente del diccionario, en 2001, se produjo una modificación significativa en el término “catalanismo”, la supresión de la acepción política: “movimiento que propugna el reconocimiento político de Cataluña y defiende sus valores históricos y culturales” , y dos modificaciones en las otras dos acepciones, que hacían que el catalanismo quedara reducido a “locución, giro o modo de hablar propio de los catalanes”, y “amor o apego a las cosas características o típicas de Cataluña”.

 
Con el término “andalucismo” se hizo exactamente lo mismo. Pero ahora, como respuesta a una reclamación formal del Partido Andalucista, la rae ha hecho público que reincorporará la acepción política de andalucismo como “nacionalismo andaluz”, rectificación que no afectará a “catalanismo”. ¿Por qué? «Desde Cataluña no se ha pedido. A diferencia de los andalucistas, las instituciones catalanas y los partidos catalanistas —que ya conocían este cambio desde el año 2001, y que están también alertados de las enmiendas que afectan a términos políticos y jurídicos relacionados con el proceso [de autodeterminación catalán], porque nosotras los hemos comunicado pública y privadamente— no parece que hayan considerado suficientemente importantes u ofensivos estos cambios para quejarse», remata Senz. 

Nuevos motivos para desconfiar de la RAE y no usar sus diccionarios tendenciosos

El 24 de mayo pasado, Gemma Aguilera publicó el siguiente artículo en NacióDigital.cat. Pueden entenderse aquí algunas de las razones por las cuales este diccionario poco confiable merece nuestro mayor desprecio.

La RAE define un nuevo régimen

social y económico en España

 El Estado del bienestar ya no «luchará contra las injusticias de la economía de mercado», los bancos no serán «establecimientos de crédito» sino entidades dedicadas a la especulación financiera, y el dinero negro será, de ahora en adelante, «sucio». La actualización del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), que será válida a partir de octubre de 2014, establece cambios sustanciales en conceptos clave que definen el modelo económico y social del Estado español que tendrán efectos en la administración de justicia –el diccionario de la RAE es una referencia legal a la hora de dictar sentencias [en los países hispanohablantes]– y en la atribución de responsabilidades de los gobiernos en la administración de los presupuestos públicos.

Los académicos de la RAE han introducido miles de enmiendas y adendas a la edición del DRAE de 2001, algunas de carácter ideológico y jurídico que pueden tener una incidencia negativa en el proceso catalán . Pero también se detectan otras modificaciones que parecen hechas a medida para justificar un nuevo régimen social y económico marcadamente neoliberal, en que el Estado se verá legitimado para abdicar de algunas de sus funciones de protección social y el sistema bancario se centrará más en la especulación financiera que en la misión de hacer llegar crédito a la economía productiva.

El cambio más sustancial, por su trascendencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, es la definición de Estado de bienestar. Si hasta ahora la definición de la RAE admitía que las reglas del libre mercado pueden tener efectos negativos en el principio de igualdad y justicia –sistema social de organización en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales otorgadas a los más favorecidos–, la nueva definición suprime la referencia a la economía de mercado y convierte al Estado del bienestar en una acción de carácter caritativo : «Organización del Estado en que este tiende a procurar una mayor distribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos».

El nuevo DRAE recogerá la acepción «caja B», un concepto últimamente muy recurrente, pero en cambio suprimirá de sus páginas la referencia a dinero negro, que definía como «dinero obtenido ilegalmente, o bien que no se declara a la Hacienda pública». Ahora el dinero negro será «dinero sucio», y sólo hará referencia a «dinero que no se declara a la Hacienda pública», sin que aparezca el la acepción «obtenido ilegalmente».
También sorprenden los cambios en la definición de banco, porque desaparece la palabra crédito. Una supresión nada inocente si se tiene en cuenta que la concesión de créditos ha sido históricamente la principal función de las antiguas cajas de ahorro y los propios bancos . Así, un banco pasa de ser «un establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones», a «una empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes» . Entonces, ¿un banco no concederá nunca más un crédito y sólo se dedicará a la especulación financiera?

Del mismo modo, la entrada «banca» sufre una modificación para hacerla coherente con la de «banco», y si ahora se define como «el conjunto de entidades que tienen por objeto básico facilitar la financiación de las diferentes actividades económicas», es decir, conceder créditos, a partir de octubre la banca significará« actividad económica de operaciones financieras que se realiza mediante los bancos».

Las hispanistas Silvia Senz y Montserrat Alberte siguen analizando a fondo las modificaciones que la RAE está haciendo de su diccionario, que como se puede comprobar, no siempre tienen una justificación estrictamente académica.