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miércoles, 7 de marzo de 2018

Dios no quiera, pero, ¿y si una mente febril planteara un boicot al Congreso de la Lengua?

¡La marca España está en todos lados!
“El plan del Gobierno de incluir la promoción del idioma en la Marca España subleva a las Academias hispanas, que consideran la idea un desprecio al carácter global de la lengua.” Tal es la bajada de la nota publicada el pasado 27 de febrero por Jesús Ruiz Mantilla en el pasquín español El País.

Con esta declaración del ministro de Cultura español la verdad que se escondía detrás de la máscara del panhispanismo sale a la luz : España tiene una visión imperial de la lengua. Por ridículo que parezca, en la medida que los gobiernos y las instituciones latinoamericanas dejen hacer, van a lograr su cometido, que implica mucho dinero, además de un punto de vista sesgado sobre la realidad de la cultura en castellano. La ignorancia de los ministros de Cultura de nuestros países y las políticas tibias de las academias latinoamericanas –de las que no se puede exceptuar la excesiva y servil diplomacia de la Academia Argentina de Letras, que viene decepcionando desde hace ya un tiempo– han abonado el campo para que se produzcan estos excesos.

Dicho de otro modo, todo indica que no hay lugar para ninguna negociación y que, ya se trate del PP, del PSOE, de Raphael o las chicas de Flos Mariae, España ha tomado una decisión que la enfrenta con Latinoamérica en más de un frente. 

¿Qué pasaría si a alguien se le ocurrieran medidas que permitiesen equilibrar las cosas. Por ejemplo, si alguien (y no quiera dios) llamara a un boicot al próximo Congreso de la Lengua, cocinado durante el Congreso de la Lengua de Puerto Rico, sin el conocimiento de la Academia Argentina de Letras y aceptado con avidez por la Secretaría de Turismo de  la provincia argentina de Córdoba?

O, ¿qué pasaría si lisa y llanamente los lectores latinoamericanos dejaran de comprar libros españoles? En su momento, cuando el gobierno kirchnerista retuvo esos mismos libros en la Aduana argentina, los medios españoles (y no pocos medios argentinos que se hicieron eco) hablaron de un atentado a libertad de prensa. Pero, si esta vez fueran los lectores quienes dejaran de lado a Pérez Reverte, Ruiz Zafón y toda esa bazofia, ¿sería lo mismo? 

Tal vez, si todo eso pasara, se lograría una mayor conciencia entre las clases gobernantes latinoamericanas sobre la importancia de la lengua como commodity (algo que los españoles sí vieron). De paso, también sería una forma de reaccionar ante  los abusos en los que incurre el gobierno peninsular apuntando al órgano que más les duele (el bolsillo) para que se lo pensaran dos veces antes de volver a invocar la perversa marca España. 

América también reclama el español

Hizo el primer anuncio el propio Mariano Rajoy. El 24 de enero, el presidente presentó en el Museo Reina Sofía una nueva prioridad del Gobierno: el español como lengua global. La pasada semana, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ofrecía más detalles en el Congreso: “2019 será declarado año del español. La iniciativa [de la que no detalló propuestas concretas] quedará englobada dentro de la Marca España”, a la que también había aludido el jefe del Ejecutivo en su intervención. Ambos anuncios han generado notable malestar en los ámbitos lingüísticos latinoamericanos, que entienden que supone un desprecio al resto de los países hispanohablantes, a sus Academias de la Lengua y al propio carácter global del idioma.

También los grupos políticos, salvo el PP, criticaron la propuesta en el Congreso. Quien más beligerante se mostró fue Ciudadanos, que la cree vacía. Los nacionalistas vascos y catalanes la desecharon como un nuevo ataque a sus ámbitos idiomáticos; Podemos la consideró demasiado económica y el PSOE censuró su falta de solvencia presupuestaria.

La preocupación en los organismos americanos de defensa del español se debe, sobre todo, a que consideran el que plan menosprecia la estrategia panhispánica, dos décadas de diplomacia cultural, dedicadas a aunar los esfuerzos de todos los países en torno al idioma. Víctor García de la Concha impulsó este rumbo mientras fue director de la Real Academia Española (RAE), entre 1998 y 2010.

Desde los noventa, las políticas y las normas lingüísticas, incluido el contenido de los diccionarios, gramáticas y ortografías, están sometidas a un amplio consenso. La RAE lo ha logrado junto a la Asociación de Academias del Español (Asale), que representa a 23 países y tiene su sede en la institución madre en Madrid. Son ellas también las que organizan junto al Instituto Cervantes, los congresos internacionales del español, que reúnen a expertos para debatir con amplitud los problemas y avances de una lengua en su predominio global.

Méndez de Vigo no es ajeno a estas políticas. Antes de presentar su plan en el Congreso, fue advertido en una comida por los directores de la RAE y el Cervantes, Darío Villanueva y Juan Manuel Bonet, respectivamente, así como por un alto cargo de Exteriores, ministerio al que está adscrito el instituto, de que su plan no gustaría. Méndez de Vigo los escuchó, pero siguió adelante.

Fuentes del Ministerio de Cultura respondieron ayer a El País que no les constan oficialmente estos desacuerdos y declinaron hacer más comentarios. Ni Villanueva ni Bonet quisieron pronunciarse. El académico José Antonio Pascual, director del Nuevo diccionario histórico del español, considera la iniciativa como “una operación de marketing”. “Y las operaciones de marketing son buenas si van acompañadas de dinero”, ironiza.

El venezolano Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asale, se opone con rotundidad: “Aunque no puedo especular sobre los motivos que han llevado a esta conceptualización de la lengua dentro de la Marca España, me parece que ha sido un error hacerlo como se ha hecho. Propondría una rectificación, en el terreno estrictamente lingüístico: que se hable, más bien, de una Marca Panhispánica, compartida por las 23 naciones o territorios en los que se desarrolla el español”.

Marca España se define en su web como “una política de Estado que tiene como objetivo mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles”. A su frente se halla el alto comisionado Carlos Espinosa de los Monteros, cuya oficina depende jerárquicamente de Presidencia y orgánicamente de Asuntos Exteriores.

Pérez cree que la aparente intención de centralizar nuevamente el dominio de la lengua común desde España resulta, “como mínimo, preocupante”. Los asociados, entre los que se encuentra la RAE, “no pueden ver con buenos ojos esta vuelta al pasado”. Opinan que en el Gobierno existe un desconocimiento de lo que ha aportado el panhispanismo: “No se ha tomado en cuenta lo que significa dicha política lingüística como ideología y metodología para comprender lo que es hoy el español y su estudio descriptivo. Esta estrategia se sustenta sobre la idea de que no puede reconocerse un solo centro de dominio lingüístico desde donde se irradien mandatos y normas que regulen el uso del idioma, sino que debe regirse por un policentrismo”.

“Desacertado”
José Luis Moure, presidente de la Academia argentina, también desaprueba el nuevo rumbo: “Nadie debe dudar de las buenas intenciones del proyecto, pero integrar la lengua común a una Marca España sin haber considerado que 22 naciones, cuyos hablantes constituyen una abrumadora mayoría, son accionistas activos de una sociedad igualitaria, a quienes no se ha dado participación alguna en aquella construcción, parece, por decir lo menos, desacertado e inconveniente”. A su entender, la unidad del español es la manifestación de una voluntad colectiva, “la convicción de seguir perteneciendo a un mundo cultural que se considera deseable. No es bueno poner a prueba esa durable armonía. Y el mejor liderazgo es el que no se nota”.

México y Colombia han sido dos países en los que la enseñanza y expansión del español se ha considerado política de Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las mayores del mundo, ha liderado alianzas lingüísticas con España a través del Cervantes, como, por ejemplo, el actual certificado internacional para evaluación de la lengua, el Siele. Andrés Ordóñez, representante de la institución en Madrid, si bien recalca que no habla en nombre de la UNAM, es un gran defensor del panhispanismo. “Somos una civilización panhispánica que ocupa su lugar en la modernidad. Nuestra asociación con las instituciones españolas prima el sentido de la integración para políticas comunes”, resalta.

Es lo que sostiene también Carmen Millán, la directora del prestigioso Instituto Caro y Cuervo en Colombia: “En nuestro país, hablamos español 48 millones de personas. Aunque nuestras cifras no son comparables a las de México [120 millones de hablantes], sí son superiores a las de España [47 millones]. Pero no se trata de marcar rivalidades, sino de sentir pertenencias a una lengua común, de un diálogo que se desarrolla en el interior de una misma lengua, como lo expresó Octavio Paz en su discurso de aceptación del Nobel de Literatura, que tituló En busca del presente”. Un tiempo que no necesita más fricciones. Sobre todo entre los que en lo básico, se muestran de acuerdo.

lunes, 24 de junio de 2013

Que nadie registre la palabra aire, no sea cosa que...

No apoyar en la frente
No es un chiste de gallegos, pero se le parece mucho. El Estado español se olvidó de registrar la tan cacareada Marca España y quien sí lo hizo fue Luis Sans Huecas, un particular. Así lo cuenta Mercedes Serraller en Expansión.com del jueves 20 de junio pasado.

Un particular registra la Marca España
porque estaba vacante

La Marca España ha sido registrada, pero no por el Estado español sino por un particular. Así consta en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Si la Administración no emprende acciones contra este registro, un ciudadano que ha aprovechado la oportunidad que supone que el Gobierno no haya reservado esta marca podrá lucrarse con su uso.

El pasado 9 de mayo, Luis Sans Huecas, quien fue director general de Vitaldent y es director general de líneas de negocio de Intereconomía desde el pasado diciembre, solicitó el registro de Marca España. Esta iniciativa ha quedado publicada con fecha de 23 de mayo, por lo que se abre a partir de entonces un plazo de dos meses para presentar alegaciones. La propia OEPM podría presentar alegaciones de oficio.

Fuentes de la Oficina del Alto Comisionado de la Marca España consultadas por EXPANSIÓN desconocían que se hubiera producido el registro y declaran que lo impugnarán. Sin embargo, no darán licencias.

Los expertos en marcas y propiedad industrial a los que ha preguntado este periódico entienden que el Gobierno debería haber registrado la marca España, al menos como estrategia defensiva.

La Marca España ha sido diseñada para dar a conocer y permitir el acceso al público a la información relativa a los contenidos y actividades del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, creado por el Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, a quien compete "la planificación, el impulso y la gestión coordinada de las actuaciones de las Administraciones Públicas, de los organismos públicos de ellas dependientes y de cuantas entidades públicas y privadas protagonizan y están implicadas en la promoción de la imagen exterior de España en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico".

El actual comisionado, Carlos Espinosa de los Monteros, tomó posesión de su cargo el pasado 12 de julio de 2012.

Precisamente, lo que sí está registrado desde 2006 por parte de Dircom, el ICEX, el Foro de Marca Renombrada y el Real Instituto Elcano como marca comunitaria (5059712) es el Proyecto Marca España, que promovieron estas entidades y que ha dado lugar al actual Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, al que siguen vinculadas todas ellas en mayor o menor medida.

Sin embargo en otros países, como por ejemplo Colombia (ver información adjunta), la marca país sí se ha configurado como una marca bajo la que se prestan ciertos servicios, y por ello se ha registrado como marca colectiva (allí equivale a una denominación de origen), y por tanto las empresas que cumplan los requisitos establecidos para esta marca y pagando el canon que se fije, podrán utilizar este logotipo junto al suyo propio.

Nuria Marcos, directora general de Pons Patentes y Marcas, considera que el Gobierno todavía no ha registrado la Marca España, a diferencia de lo que hizo con Turespaña y de los registros de las marcas turísticas de las comunidades autónomas, ya que "su objetivo no es comercial". Es decir, la Marca España es una estrategia global para tratar de mejorar el posicionamiento internacional de nuestra imagen y, por tanto, habían entendido que no requiere un registro.
Quienes sí registran sus marcas, como la mayoría de países latinoamericanos, lo hacen con el objetivo de conceder licencias a operadores turísticos –hoteles, restaurantes, etc.–, por las que el Gobierno cobra.

Las marcas españolas y las comunitarias deben solicitar acogerse a la Clasificación de Niza en uno de los 45 epígrafes del Nomenclátor Internacional para poder registrarse. Esta clasificación recoge los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios y es reconocida en 90 países del mundo. El solicitante español debe indicar la clase para la que solicita la marca.

Puede presentarse ante la OEPM, su equivalente comunitario, la OAMI, la mundial, WIPO, o la estadounidense, USPTO.

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que debería ir asociada a un producto o a una actividad.

En el caso de la Marca España, debería tenerse en cuenta que no se asocia a un producto sino a "una política de Estado, cuya eficacia reside en el largo plazo, con el objetivo de mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más allá".

La política de los países latinoamericanos
Quienes registran sus marcas, como la mayoría de países latinoamericanos, recientemente, Suiza, y las comunidades autónomas, lo hacen con el objetivo de conceder licencias a operadores turísticos –hoteles, restaurantes, etcétera-, por las que el Gobierno cobra.

Lo que sí está registrado desde 2006 por parte de Dircom, el ICEX, el Foro de Marca Renombrada y el Real Instituto Elcano como marca comunitaria (5059712) es el Proyecto Marca España, que promovieron y que ha dado lugar al Alto Comisionado para la Marca España.


Sin embargo, en otros países, como Colombia, la marca país sí se ha configurado como una marca bajo la que se prestan ciertos servicios y, por ello, se ha registrado como marca colectiva (equivale a una denominación de origen), y las empresas que cumplan los requisitos establecidos y paguen el canon que se fije podrán utilizar este logotipo junto al suyo propio.

Se ha generado una polémica frente a la Marca Brasil, afirmando que sus gráficos son muy similares.