VIII CILE: un balance y una reflexión

El 1 de abril, Silvina Friera publicó en Página 12 el siguiente artículo, donde traza algo así como un balance  de lo que fue el VIII Congreso de la Lengua. En la bajada se lee: “Los cuestionamientos de escritores argentinos tanto sobre cómo nombrar a la lengua como por el lenguaje inclusivo despertaron polémicas durante el CILE realizado en Córdoba.”

Encuentro sin tanta armonía ni consenso

La lengua está en disputa. La controversia sobre cómo nombrarla, a quiénes incluye y excluye si se pronuncia “española”, “castellana”, “castellana americana” o hispanoamericana, por mencionar apenas algunas de las opciones, fue una de los temas que más polémica despertó durante el  (CILE), en el que participaron Mario Vargas Llosa, Juan Villoro, Nélida Piñon, Joaquín Sabina y Elvira Sastre, entre otros escritores y artistas. No es un problema “menor”, una especie de obsesión erudita de un puñado de lingüistas, traductores y escritores. Se podría afirmar que todo nombre es político. Pero los 453 millones de hispanoamericanos que hablan la lengua como idioma materno –que serán 570 millones en 2050–, ¿en qué lengua dicen que hablan –o escriben– los usuarios de esta lengua, distribuidos en cuatro continentes y 22 países, el 6,16 por ciento de la población mundial, sin contar los hispanohablantes de Estados Unidos? La respuesta, que parecería “rizar el rizo”, agrega mayor complejidad al asunto. En las constituciones de siete países se afirma que la lengua oficial es el “castellano” (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela); en ocho aparece el “español” (Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico); hay cuatro países que no mencionan tener una lengua oficial (Argentina, Uruguay, Chile y México).

Las escritoras y escritores argentinos, más desobedientes y disidentes respecto de la imposición de normas que aplanan la riqueza y variedad del lenguaje, pusieron el tema sobre la mesa, como Mempo Giardinelli, Claudia Piñeiro, Jorge Fondebrider, Perla Suez y María Teresa Andruetto. Aunque intentaban disimular y mantener la forma de la hermandad en la diversidad del panhispanismo, a más de un escritor y académico español se le atragantaba el castellano y la contrariada gestualidad de sus rostros revelaba cierto malestar. No esperaban el aluvión de objeciones formuladas cara a cara, directo al grano de la lengua. Además de plantar bandera y proponer que se debata para Arequipa –donde se hará el IX Congreso en 2022– cómo se llamará el próximo encuentro, molestó que se desnudara, como nunca antes, el negocio de la lengua, que es casi como decir el negocio de los congresos. Como organizadores, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), no pierden de vista, aunque no lo expresen en voz alta, que el dispositivo “congreso de la lengua” –iniciado en Zacatecas (1997) y que se repite cada tres años: Valladolid (2001), Rosario (2004), Cartagena de Indias (2007), Ciudad de Panamá (2013) y San Juan de Puerto Rico (2016)– sirve para extender acuerdos económicos, comerciales y educativos, con el caballito de batalla de la lengua española en el mundo, que van del cine a la televisión, de la música a los medios de comunicación, del mundo editorial a la traducción y los recursos digitales, además del sector terciario de servicios, como la telefonía, los bancos y las empresas de energía, entre otros.

El negocio de la lengua

El lingüista español José Del Valle –que participó del I Encuentro Internacional: Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos, llamado también “Contracongreso”– no asistió a ninguna de las actividades del CILE. Aunque fue convocado desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), rechazó la invitación por su posición crítica desde hace años con las instituciones que organizan el congreso. “Se puede pensar la lengua como negocio en la medida en que la lengua se vende y se compra, es decir la lengua se materializa en gramática, en diccionarios, en libros de texto para la enseñanza del español a extranjeros, en libros de texto para la enseñanza del castellano como lengua nacional, y en todos esos casos estos objetos son por un lado dispositivos de gestión del idioma y por otro son productos de mercado”, plantea Del Valle a PáginaI12. “Entonces, en la medida en que por ejemplo el español como lengua extranjera se cotiza en alza en los mercados lingüísticos internacionales, es lógico, dentro de la lógica del capitalismo, que se produzca una competencia por controlar las ventas de ese producto. Lo mismo ocurre con la certificación de conocimientos del español: quien controle los mecanismos de certificación de conocimientos del español podrá controlar la distribución de los beneficios económicos que se deriven de la administración de estos exámenes. La lengua es claramente un negocio”, afirma el autor de La batalla del idioma. “Hay un segundo sentido en el que la lengua española puede ser útil para los negocios –agrega el lingüista español–. Todos los países, no solo España, tienen una política cultural exterior que es pensada como una estrategia diplomática, por medio de la cual se instrumentalizan objetos culturales para elevar el valor de la marca país y, consecuentemente, abrirle camino a las empresas de ese país que quieran invertir en el extranjero o que quieran vender productos en el extranjero”.

Todos los nombres, el nombre

La escritora cordobesa Perla Suez, que debatió en una de las mesas del CILE, afirma que “el nombre de la lengua es un terreno de disputa política y social”; por eso cree que hay que renombrar el Congreso. “Yo estoy más cerca de lo que decía Mempo (Giardinelli) en cuanto a que es necesario hablar de la lengua castellana y americana, pero todavía no me conforma, porque me pregunto: ¿cómo entran dentro de esta polémica nuestros pueblos originarios, tan olvidados, que escriben en castellano su propia lengua? Todavía en ese nombre no está el nombre de todos los que queremos incorporar. La Real Academia Española va a tener que escucharnos porque ya está claro que homogeneizar la lengua no es posible, porque no lo vamos a permitir, como ya lo hemos demostrado en la tradición literaria argentina desde la generación del ‘37, con Esteban Echeverría, y después cuando Borges se enfrentó con Américo Castro –recuerda la autora de El país del Diablo–. Hay que pensar muy bien cómo nombrar de otra manera una lengua que es indecisa, indómita y escurridiza, y tal vez yo me esté escurriendo al nombrarla. Entre todos tenemos que buscar una nueva denominación para el próximo Congreso de la Lengua Castellana que se va a hacer en Arequipa, Perú”.

Del Valle escuchó a Mempo Giardinelli, que también estuvo en el “Contracongreso”. “Las palabras castellano y español coexisten desde el siglo XVI; hay contextos geográficos o situaciones en los cuales se prefiere español o contextos en los cuales se prefiere castellano, y esos usos no se mantienen constantes a lo largo de los siglos. Estas dos denominaciones de la lengua, castellano y español, han coexistido con oscilaciones, llamándose en algunos lugares de una manera y en otros lugares de otra. Afirmar prescriptivamente que se le debe llamar castellano o que se le debe llamar castellano latinoamericano o hispanoamericano, me parece una opinión legítima, pero en cualquier caso es una opinión que está emitida a través de la voz de un intelectual argentino, porque el término español lo usan en Puerto Rico para referirse a su lengua, lo usan en Cuba para referirse a su lengua, lo usan en República Dominicana para referirse a su lengua y se usa principalmente en México para referirse a su lengua –enumera el lingüista español–. La justificación histórica que dio Mempo me pareció frágil y está basada en un conocimiento imperfecto de la historia de estos dos términos”.

Aunque entre los temas a debatir durante el octavo CILE no estaba el lenguaje inclusivo, emergió con la potencia de lo que está ausente, de lo que se intenta esconder como se hace con el polvo debajo de la alfombra. Solo que no hay alfombra que detenga la necesidad de revisarlo todo desde los géneros y sexualidades disidentes. “El rechazo al lenguaje inclusivo viene del patriarcado, de los orígenes machista en la construcción de las sociedades, basadas en lo que el hombre propuso y desplazando a las mujeres al anonimato total”, advierte Suez. “Me pregunto por qué habrá tanto temor a que digamos ‘todes’, si tampoco lo vamos a definir ya, si la lengua está en movimiento y es escurridiza, y el uso lo deciden los hablantes, hasta que una nueva generación transforme nuevamente las palabras”, reflexiona la escritora cordobesa. “Tenemos que seguir luchando para transformar la lengua, para hacer que nos escuchen, para que caiga el patriarcado”. A Suez no le llama la atención la escasa participación de mujeres en los comités que organizaron el Congreso de la Lengua. “En la Academia de la lengua la intervención de muchas mujeres ha sido rígidamente masculinizada; parecieran discursos hechos por hombres que no me interesan. Me interesa mucho más la sensibilidad de la mujer, como las que se vieron también en el Congreso, como la de Claudia Piñeiro cuando cantó en qom”.

La batalla por la inclusión

A diferencia de otros que rechazan visceralmente el lenguaje inclusivo, Del Valle dice que le interesa el debate porque refleja un caso de variación lingüística que está marcada socialmente y está determinada por posicionamientos políticos relacionados con las reivindicaciones feministas y de sexualidades disidentes de distinta naturaleza. “Me interesa analizar cómo se manifiesta esa variación, quién usa la norma tradicional, quién opta por proponer nuevas normas y quién las usa, las obedece, enfrentándose así a los usos tradicionales. Y me interesa también elaborar un mapa del modo en que propuestas normativas, usos alternativos y posicionamientos políticos nos van explicando el modo en el cual se produce una interacción entre los usos del lenguaje y la realidad social y política”. Sobre el silencio en torno al tema por parte de la RAE, el lingüista español se atreve a especular: “La Real Academia Española, que en general evita los debates, puesto que prefiere proyectar la imagen de una institución abierta y que consensua con los hablantes todas las decisiones, por alguna razón decidió entablar una batalla abierta en la esfera pública con las propuestas normativas que procedían del feminismo y que conocemos como lenguaje inclusivo. Mi visión es que, desde la perspectiva de quienes gestionan la RAE, la batalla pública contra las propuestas feministas les resulta beneficiosa; es decir, deben de pensar que ese es un debate que van a ganar ante la población de manera mayoritaria –explicó Del Valle–. Hay una dimensión que no es visceral sino que es racional. El CILE pretende presentarse como un espacio de confluencia, un espacio de diálogo, y en esta oportunidad les pareció que sacar a la superficie este debate podría dañar esta imagen de armonía y consenso panhispánico que es parte importante de los objetivos del CILE”.

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Por su parte, Diego Di Vincenzo, editor (de 200 libros de enseñanza entre los sellos Santillana, la tradicional editorial Estrada –de la que fue fue director editorial– y el grupo Norma/Kapelusz Argentina –donde fue Gerente de Contenidos durante diez años) y docente en la escuela secundaria, en el nivel terciario y universitario, ha realizado en Cultura InfoBAE una reflexión sobre el último CILE, que habla de la necesidad de sostener las diversas identidades del castellano para preservar la riqueza de las culturas locales.

La pretensión de uniformar (y empobrecer) la lengua

Acaba de terminar el Congreso de la Lengua y ya pudimos observar que el encuentro dejó notas de humor, disidencia, acuerdos y discrepancias. Pero también dejó cuestiones para pensar políticas culturales y educativas, por ejemplo, el de la uniformidad de las variedades del castellano que se habla en los diferentes países como estrategia de las industrias culturales, cuyos contenidos se globalizan desde casas matrices con proyección para todo el mundo de habla hispana, en una especie de Urbi et orbi lingüística.

En este sentido, no es extraño que el interés por las lenguas y los lenguajes sea parte de la agenda de las grandes compañías vinculadas con la comunicación y la cultura, que también estuvieron presentes en el Congreso. Un interés que, por cierto, se encuentra con dificultades de diverso tipo cuando se intenta crear materialmente un contenido cultural o educativo que resulte, al mismo tiempo, lo suficientemente neutro como para que circule en diferentes países con variedades del castellano disímiles entre sí, y que, por otra parte, no entre en colisión con las legislaciones locales en materia de Derechos de autor (la Argentina es un país que protege con mucho celo esos derechos).

En este sentido, no resulta extraño que el castellano (el español, como se lo llama con pretensión globalizante y panhispanista) sea objeto de interés no solo cultural y educativo, sino también político y económico, por el reporte de ingresos provenientes de las acciones culturales y pedagógicas del "español en el mundo". Existe una institución estatal española que acredita "este español", el Instituto Cervantes, que certifica esta lengua "oficial", como las titulaciones que se otorgan con el inglés o el francés, y que aspira a vastas zonas no hispanoparlantes como China o los Estados Unidos.

Aquellos procesos de uniformización lingüística para el diseño de contenidos requieren de escrituras obedientes y dóciles a esa especie de protolengua llamada "neutro" y necesitan un elenco de actores culturales (editores, correctores, adaptadores) que sean capaces de propiciar una lengua artificial para ser leída. Pero también para ser escuchada: por eso se deben considerar, también, difusores en pronunciación y lexicografía que operen sobre las particularidades dialectales. Se trata de industrias que ya conocemos bien por Netflix y otras plataformas en streaming.

En motivaciones de este tipo se encuentra la preservación del español en el mundo; preservación que vigilan, con censura y rechazo a la impronta al cambio, la Academia monárquica española de la lengua y las diferentes academias de los países en los que se habla castellano. Y también la motivación desmedida por la unidad de la lengua española. Como señala el español Ángel López García, muchos otros pueblos comparten el uso de una cierta lengua, y no por eso se sienten miembros de una comunidad superior: no existen los anglanos y la Anglidad, ni los francanos y la Franquidad. Tal vez porque, como cree este autor, en la tradición hay que encontrar la causa: el único elemento aglutinador de los variados pueblos que componían la Península Ibérica en la Edad Media llegó a ser esa lengua común que surgió uniendo los rasgos de todas; así lo sintieron quienes la iban adoptando sin renunciar por ello a su lengua materna. En otras palabras, un intercambio motivado en necesidades comunicativas, entras las cuales, obviamente, estaba la de comerciar.

Este asunto también debería volverse materia de reflexión pedagógica, porque los procesos de uniformización del castellano se relacionan con la lengua (materna) en la que nuestros chicos y chicas aprenden en la escuela. En un contexto como el actual, en el que la producción editorial cae con cifras alarmantes, no es extraño que las casas matrices adopten políticas editoriales de masificación de autores y libros, y distribución en países en los que tienen presencia, en desmedro de las producciones locales, que sí ocurren en contextos macroeconómicos más benignos.

Costos, políticas cambiarias… cuando los insumos materiales e intelectuales para la creación de un contenido educativo, literario o de otro tipo, no pueden recuperarse con los precios, las sucursales tienden a relegar la producción local en propuestas de carácter global desde las casas matrices y con lenguas o traducciones que optan por una variante en desmedro de otra, o con aspiraciones a esa especie de neutro universal que borra matices, improntas propias, jergas, palabras all' uso nostro. Y esos términos de identidad a partir de los cuales reconocerse en la lectura desaparecen, no están en la literatura que leen, lo cual implica recibir ofertas poco motivadas en estas inquietudes pedagógicas o lingüísticas pertenecientes a la educación en la primera lengua, en la lengua materna. Y, ya se sabe, la importancia de educarse en la lengua materna no implica solo frecuentar el castellano general o estándar en la cultura de la que se forma parte, sino también reconocer las particularidades lingüísticas propias de un pasado común y una proyección hacia formas que varían por grupos, épocas, generaciones.

En esa riqueza que puede ser local (lo más inmediato, el Río de la Plata) o conocedora de las notas distintivas del castellano andino, o del de Cuyo, o de la zona de influencia del guaraní… Castellanos con sus ricas literaturas, improntas de palabras y frases propias, que los vuelven únicos y por eso adorables. Allí está la potencia de la educación lingüística como educación cultural. En este sentido, el Congreso de la Lengua también debería dejar una invitación a pensar no solo en los derechos a la educación lingüística en las variadas formas del castellano de la Argentina, sino también en estos asuntos de políticas culturales, pedagógicas y educativas.

Neocolonialismo y lógica de mercado

Sofía de Mauro publicó la siguiente entrevista con el filólogo chileno José del Valle, en La Voz del Interior del 24 de marzo pasado. Según la bajada, “El filólogo chileno considera que el Congreso de la Lengua contribuye al ocultamiento de la verdadera diversidad y sus efectos.”

La batalla del idioma

Invitado especial al Primer Encuentro Internacional: Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica, que organiza la Facultad de Filosofía y Humanidades, entre el 26 y el 29 de este mes visitará la ciudad de Córdoba José del Valle, especialista reconocido en políticas de la Lengua, quien será el encargado de la conferencia de cierre en el programa: “La glotopolítica como política: acción intra y extradisciplinaria”.

Del Valle es licenciado en Filología por la Universidad de Santiago de Compostela, máster por la universidad pública de Nueva York en Buffalo (Suny) y doctor por la Universidad de Georgetown (Washington). Desde 2002, es docente e investigador en el centro de posgrado (Graduate Center) de la universidad pública de Nueva York (Cuny).

Su investigación, reflexión y escritura han girado en torno de las políticas de la lengua española en relación con la emergencia y el desarrollo del nacionalismo español, así como con los proyectos neocoloniales de vínculos con Latinoamérica durante los siglos 20 y 21.

En estrecha colaboración con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Chile, es uno de los impulsores de la perspectiva glotopolítica, además de ser uno de los fundadores de los congresos latinoamericanos de glotopolítica y del Anuario de Glotopolítica.

Entre sus publicaciones, se destacan La batalla del idioma: la intelectualidad hispánica ante la lengua (2004), La lengua ¿patria común? Ideas e ideologías del español (2007) y la Historia política del español: la creación de una lengua (2016), en las que participó como editor, coeditor, autor y coautor.

Gran espectáculo

–¿Cuáles son sus perspectivas acerca del Congreso Internacional de la Lengua (Cile)?

–Los Cile no son reuniones de investigadoras e investigadores. Por más que entre la gente que participa en ellos haya quienes se dedican a la investigación de la lengua española, se trata más bien de una plataforma para la propaganda de las políticas de la lengua que se impulsan desde el Instituto Cervantes y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Por eso, asisten no sólo especialistas en filología y lingüística, sino también gente del mundo del periodismo, la política, las artes, las empresas y el espectáculo. De hecho, es un gran espectáculo diseñado para ganar la adhesión de sectores importantes de las sociedades latinoamericanas y española al proyecto de promoción de un español panhispánico, y de aprovechamiento de este en los mercados lingüísticos globales.

–¿Y cuál es su posición al respecto?

–Mi posición en relación con los Cile ha sido siempre crítica. Las políticas de la lengua que promueven responden a dos procesos con los cuales discrepo por principio. El primero es el neocolonialismo, o persistencia de una estructura de gestión del idioma jerárquica, en la que instituciones españolas, gracias a la complicidad de instituciones latinoamericanas, y esto es sumamente importante, ocupan posiciones ventajosas. El segundo es la imposición de la lógica del mercado sobre todos los ámbitos de la vida social. En este sentido, se presume que la lengua española es una mercancía que cotiza al alza en los mercados lingüísticos internacionales, y las políticas de la lengua se orientan a la explotación de ese valor.

–¿Qué piensa del actual lema de la RAE: “Unidad en la diversidad”?

–La frase por sí sola no implica nada particularmente original: los elementos de un conjunto pueden funcionar de manera unitaria conservando grados de singularidad que los diferencian entre sí. Por sí mismo, este principio no es inherentemente bueno ni malo; de ahí que debamos reflexionar sobre el tipo de proyecto a cuyo servicio se pone esta frase, ahora convertida en nuevo lema de facto de la Asale. Ese proyecto es la política lingüística panhispánica, cuyo fundamento es la constatación de que el español es una lengua pluricéntrica. Pero, claro, esto no es ningún gran descubrimiento. Cualquier hispanohablante ha sabido siempre que hay múltiples lugares geográficos y sociales desde los que se proyectan normas de uso correcto. Lo que pretende la política panhispánica es afirmar que existe una gestión mancomunada o colectiva del idioma; es decir, una actividad normativa consensuada por todas las academias de la lengua española.

–¿Y a dónde apunta su crítica?

El problema, desde mi punto de vista, es que esta política de la lengua no apunta en ninguno de sus proyectos a reconocer que existen correlaciones y relaciones causales entre distintas formas de hablar español y la ubicación social y movilidad socioeconómica de la gente. Por más que se reconozca un pluricentrismo geográfico y se implique a especialistas latinoamericanas y latinoamericanos en la gestión del idioma, se reproduce una idea de lengua que perpetúa jerarquías históricas de tipo social y geográfico. Y lo hace con un considerable grado de éxito, porque es la idea que se transmite a través de muchos medios de comunicación y a través de la escuela. Los Cile contribuyen al ocultamiento de la verdadera diversidad y sus efectos, de la persistencia del carácter clasista de estas políticas del idioma.

Verdadera diversidad

–¿Qué significa pensar el español como “recurso económico”?

–Significa, dicho en pocas palabras, que el español es un instrumento que, utilizado de manera apropiada, facilita la acumulación de riqueza. Puede querer decir que el idioma mismo es una mercancía; y también puede significar que, a través de su conocimiento y uso, se facilita o incluso abarata la producción y venta de otros bienes y servicios.

–¿Cuáles son los problemas de esa perspectiva economicista?

–La pregunta que surge enseguida, desde una perspectiva glotopolítica, es si hablar español o ser hispanohablante supone automáticamente estar en posesión de ese recurso económico. Y la respuesta es negativa, pues las distintas variedades geográficas y sociales del español están sometidas a juicios normativos que hacen que algunas de ellas sean más valiosas que el resto. A partir de esta constatación, debemos preguntarnos si la ciudadanía tiene igual acceso a esas versiones del español que más fácilmente se convierten en riqueza. Lamentablemente, la mayoría de los proyectos de reflexión sobre el español como recurso económico que se han auspiciado desde las instituciones organizadoras de los Cile han partido de la base falsa de que saber español es estar automáticamente en posesión de ese recurso y han prestado escasa o nula atención a la relación entre lengua, normatividad y desigualdad social.

Conferencia: cierre del Encuentro

La conferencia de José del Valle, en el marco del Primer Encuentro Internacional: Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos en Latinoamérica, será el viernes 29 a las 12, en el auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, en Ciudad Universitaria.

"La escuela filológica española se ha caracterizado por la escasez de gestos reflexivos y autocríticos"

José del Valle,

El 25 de julio pasado,  Héctor G. Barnés publicó en El Confidencial, de España, la siguiente entrevista a con el lingüista español José del Valle, autor de un nuevo libro sobre la historia política de la lengua castellana. En la bajada se lee: “Es uno de los idiomas más hablados del mundo, lo que lo convierte en un atractivo objeto de disputa. Un nuevo libro intenta entender un cómo se inventó políticamente el español”.

La invención del español:

"La RAE está al servicio del poder blando nacional"

Durante muchos siglos, el español se entendió un poco como la propia España: como una idea pura, indivisible y sin posibilidad de ser revisada. Una visión tremendamente ingenua y presuntamente científica. No era algo propio de nuestro idioma (la gramática histórica proporcionó durante mucho tiempo el marco para entender las lenguas), pero sus particularidades históricas y sociales la convertían en un caso aún más especial. Con el ánimo de poner un poco de orden en dicho asunto se ha editado Historia política del español. La creación de una lengua. (Aluvión Editorial), un volumen que recoge diversas perspectivas sobre la construcción política del español, sobre todo en un momento en el que, con sus 400 millones de hablantes, se ha convertido en un importante valor de marca... y ha suscitado suculentos intereses económicos. Hablamos con el editor del volumen, José del Valle, catedrático de Lingüística Hispánica en el Graduate Center de CUNY (Nueva York).

–Todas las lenguas tienen un sustrato ideológico, son producto de su historia y de su coyuntura. Sin embargo, da la sensación de que en el caso del español, quizá por su larga historia vinculada a un imperio colonial, esta vertiente se ha olvidado en favor de una mayor idealización. ¿Tiende el español más aún que otras lenguas a obviar su lado más político?

–La imagen pública de la lengua española (qué es, qué representa y quién está autorizado a gestionarla) ha sido forjada principalmente por la escuela filológica española. Esta escuela deriva de la obra intelectual emprendida por Ramón Menéndez Pidal a finales del siglo diecinueve y es, en muchos sentidos, extraordinaria: compuesta por eruditos filólogos, muchos de ellos lúcidos e imaginativos (Amado Alonso, Américo Castro o Rafael Lapesa, por ejemplo). Fue una escuela compleja, con tensiones internas tanto intelectuales como políticas, que sin embargo produjo casi sin fisuras el gran relato de unidad lingüística y cultural sobre el que aún hoy se apoyan el nacionalismo español y el panhispanismo, esa idea de unidad esencial materializada en la lengua común a todos los pueblos de España y de la América hispanohablante. Es un relato que naturaliza el devenir histórico del idioma al minimizar, cuando no elidir, las tensiones resueltas en su condición de lengua dominante, nacional e imperial. Se escamotean las condiciones históricas conflictivas que dan lugar a su cristalización como lengua altamente codificada y a su extensión territorial. En definitiva, se la presenta como "lengua de todos". Pero, en contraste con esta representación, el archivo histórico nos permite también relatarla como lengua que es objeto y efecto de disputas, localizada en encrucijadas de lucha entre intereses de clase, regionales y étnicos.

Aunque no me atrevo a afirmar tajantemente que en España se elida la condición política de la lengua más que en otros países (en EEUU, donde vivo y trabajo, este tipo de borramiento es también escandaloso), sí que pienso que la escuela filológica española se ha caracterizado por la escasez de gestos reflexivos y autocríticos y se ha mostrado refractaria a una comunicación dialéctica con, por ejemplo, teorías de la cultura, del texto, del archivo, de la historia, del lenguaje mismo que han ido apareciendo en otras disciplinas. No se ha fomentado (al contrario) la emergencia y desarrollo de una lingüística crítica, sino que se ha insistido en la preservación de una práctica filológica y lingüística que, por un lado, se pretendía técnica, objetiva e ideológicamente aséptica y, por otro, fortalecía el relato de unidad cultural.

–¿No es el menosprecio por parte del hablante español al hablante de Latinoamérica una de las expresiones más evidentes hoy en día de ese sustrato ideológico de la lengua?

–El prejuicio lingüístico es una de las manifestaciones de la discriminación; desde el clasismo hasta el racismo pasando por el sexismo operan lingüísticamente. Cuando una autoridad lingüística inscribe un orden social en una configuración gramatical o léxica, contribuye a invisibilizar su contingencia, pues aquellas diferencias sociales (que son producto de condiciones históricas concretas) parecen, en su materialización lingüística, naturales e inevitables. Ese gran relato lingüístico al que me refería en la respuesta a tu pregunta anterior presenta una lengua española estratificada social y geográficamente. Formas "vulgares", "coloquiales" o "cultas" corresponden a posiciones sociales, y "español peninsular centro-norteño" o "español de América" a identidades regionales. Estas taxonomías nada significan por sí solas, sino que funcionan socialmente al entrar en contacto con sistemas de valores asociados a prácticas culturales, nociones de progreso y desarrollo, formas de organización económica, etcétera. Si los prejuicios contra la forma de hablar de "catetos" y "pueblerinos" son una herramienta del clasismo, quien se hace eco de prejuicios contra variedades americanas del español está reproduciendo jerarquías culturales coloniales.

–España ha vivido un acelerado proceso de cambio desde los años 70, en el que aún surgen polémicas casi diarias sobre aspectos muy distintos de la convivencia. Uno de ellos son las políticas lingüísticas, gran punto de desacuerdo. ¿Es una cuestión de tiempo que desaparezca la controversia, o siempre habrá una guerra entre las distintas lenguas oficiales del país?

–En España hay un conflicto lingüístico que tiene su origen en la coexistencia a lo largo de la historia moderna y contemporánea de proyectos incompatibles de construcción nacional. En la gestión política de esta tensión constitutiva, el nacionalismo español (da igual que sea liberal o conservador, fascista o socialista) se ha llevado el gato al agua: por un lado, se ha naturalizado, al despolitizarla, la presencia del castellano en la totalidad del territorio; y por otro, se ha utilizado el hecho de que la lengua se conozca y se use habitualmente en toda la geografía española para justificar la articulación política del país como nación única e indivisible. Esta operación ideológica ha sido muy eficaz: la histórica jerárquización de las lenguas de España se confirmó como ley con la Constitución del 78 y ha hecho sumamente difícil la formulación y adopción de políticas lingüísticas orientadas a la oficialización e implantación social de lenguas tales como el gallego, el euskera y el catalán. Los intentos de establecer esas lenguas en ciertos espacios institucionales y sociales (la educación o los medios de comunicación, por ejemplo) se han tenido que enfrentar a la fuerte oposición del gobierno central y la opinión pública española, e incluso de ciertos sectores de las propias sociedades gallega, vasca o catalana.

Mientras persista la tensión entre proyectos nacionales enfrentados, persistirá también este conflicto. Para el nacionalismo español (en sus configuraciones actuales), una nación española en la que Galicia, Euskadi o Cataluña gestionen su vida lingüística desde la igualdad entre las lenguas está afuera de lo posible (y de la legalidad constitucional).

Por otro lado, el desafío para las organizaciones que aspiran a la constitución de Galicia, Euskadi o Cataluña como unidades políticas con derecho a decidir su destino y su relación con el estado español pasa por no reproducir relatos de unidad cultural análogos a los del nacionalismo español y por no quedarse afuera de la historia reivindicando políticas lingüísticas de construcción nacional más propias del siglo diecinueve que de principios del veintiuno. Es evidente que las lealtades ciudadanas se forjan por medio de lenguas, paisajes y rituales compartidos, pero también por los proyectos de país a que se asocian, por las formas de ejercicio de la ciudadanía que proponen y por los valores de convivencia que abrazan.

–El español ha adquirido un importante atractivo comercial: ¿de qué manera instituciones como la RAE o el Instituto Cervantes, entre otros, están situándose estratégicamente como faros del idioma, promoviendo además la comercialización del español en su favor?

–Es cierto que ha aumentado considerablemente el número de personas en el mundo que quieren aprender español. Y la fase en que nos encontramos del desarrollo del capitalismo ha propiciado que ese hecho dé lugar a la mercantilización extrema de la lengua, a que se piense como producto que se valora al alza en los mercados lingüísticos internacionales. La participación en una industria que se desarrolla en torno a la enseñanza del español es una de las funciones del Instituto Cervantes desde su fundación en 1991 (además de promover la marca España y cooperar con la promoción internacional de empresas y artistas españoles). Abren y gestionan centros de enseñanza de español por el mundo, producen materiales didácticos, ofrecen programas de formación de profesores y promueven un sistema único de certificación de conocimientos de español.

Este último proyecto es quizás el que ha encontrado mayor resistencia, sobre todo en Latinoamérica. Si bien son bastantes las instituciones universitarias latinoamericanas que han firmado acuerdos con el Cervantes (entre ellas la UNAM de México y la Universidad de Buenos Aires), hay importantes sectores entre los lingüistas y profesionales de la enseñanza del español de estas instituciones que consideran la decisión de sus rectores una claudicación y un gesto de sumisión poscolonial. Yo estoy completamente de acuerdo con estos colectivos críticos. Que el Cervantes abrace un concepto primordialmente instrumental de la lengua, que se proponga vendérsela al mejor postor en los mercados lingüísticos internacionales y que pretenda monopolizar ese mercado no me sorprende: es consistente con los modelos dominantes de cultura y acciones de política cultural de la España setentayochista (me refiero en términos generales al dispositivo que Guillem Martínez ha llamado CT o Cultura de la Transición). Pero de instituciones universitarias cabría esperar la adopción de modelos de educación lingüística más sofisticados, más ligados al ejercicio de una ciudadanía libre y crítica, más abiertos al plurilingüismo y la comunicación translingüe. En fin, cabría esperar una enseñanza de idiomas ligada a la formación ciudadana y a la sensibilización ante la diferencia cultural, y no orientada a las necesidades inmediatas del turista y del gerente de empresa.

La RAE ha jugado un papel complementario, pero distinto. Desde los noventa, asumió como objetivo la consolidación de la ideología panhispanista que ya te mencioné antes. En un momento en que empresas españolas, por medio de alianzas estratégicas con empresarios y políticos latinoamericanos, se proyectaban sobre mercados que coincidían con los antiguos territorios del imperio, la RAE se propuso como misión central construir una imagen de la lengua española como base y vínculo inalienable de la comunidad panhispánica, de una arcadia comunicativa y convivencial. En mi lectura, la RAE decidió convertirse en una pieza clave de la diplomacia española y ponerse al servicio de la extensión del poder blando de España. Curiosamente, esto (el deseo de controlar el valor simbólico de la lengua panhispánica) los obligó a emprender una gestión más abierta y tolerante de la matriz gramatical del idioma, a definir el español, por ejemplo, como una lengua pluricéntrica y a avanzar una y otra vez lugares comunes tales como que el peso de la lengua española está en América o que España es apenas una provincia de la lengua española.

–Usted vive en Estados Unidos, un país donde el español ha crecido sustancialmente de mano de la población latina. ¿Es una locura imaginar a Estados Unidos como el motor del español a nivel internacional, arrebatando a la propia España un puesto que ha ocupado durante siglos?

–En EEUU está el corazón del monstruo. La lógica del capitalismo se despliega casi sin matices y cualquier cosa o idea es susceptible de ser convertida en mercancía sin el menor reparo y con todas las consecuencias. Y la lengua española no es una excepción. Su enseñanza dentro del país está totalmente controlada por actores económicos e institucionales internos: se enseña principalmente en las escuelas y universidades, y son empresas multinacionales de base anglo-norteamericana las que controlan el lucrativo mercado de los materiales didácticos (los precios de los libros de texto pueden llegar a ser, desde un punto de vista ético, criminales). En este contexto, la contribución del Instituto Cervantes a la presencia de español en EEUU es microscópica. Como lo es (todo hay que decirlo) la de quienes defendemos la implantación de modelos pedagógicos críticos desde las escuelas y la universidad.

No es impensable que estas empresas anglo-norteamericanas decidan que quieren participar de la venta del español en zonas de los mercados lingüísticos internacionales tan valiosas como Brasil o China (es posible incluso que se esté dando y yo no lo sepa). Pero la clave, desde mi perspectiva, no está en oponerse a tal expansión exclusivamente en base a criterios nacionalistas y de reivindicación de soberanía. La clave está en que esa reivindicación del derecho a la gestión soberana de una actividad tal como la enseñanza del español sea también la reivindicación de un modelo de lengua y ciudadanía alternativo.

–También hay en marcha una guerra contra los barbarismos y a favor de la pureza (incluso una infravaloración del español de Sudamérica, por estar "contaminado"). ¿A qué se debe esa pervivencia de la pureza del lenguaje respecto al español?

–En toda sociedad existen prácticas de higiene verbal, denuncias de usos del lenguaje que se consideran improcedentes y que incluso, en ocasiones, avanzan propuestas para evitarlos. Por ejemplo, no son infrecuentes (y en España han proliferado desde el 15-M) las denuncias de los efectos de la neolengua, o uso políticamente manipulador del lenguaje. A nadie se le escapan tampoco las propuestas de uso no sexista del lenguaje realizadas por colectivos feministas e incorporadas por algunas instituciones. Estos son dos tipos de discurso de higiene verbal por los que yo, por ejemplo, siento gran simpatía y con los que incluso me identifico. Ambos están directamente relacionados con procesos políticos emancipatorios, de resistencia al ocultamiento de la explotación económica y a la discriminación de la mujer respectivamente.

El purismo lingüístico es otro tipo de higiene verbal que se preocupa por la preservación de la lengua en un estado de pureza que supuestamente habría alcanzado en algún periodo áureo de su pasado. En su estructura discursiva, el purismo refleja la ansiedad del intelectual letrado que habiendo tenido la fortuna (o privilegio) de dominar esa forma exquisita del idioma percibe que al espacio de la letra acceden actores sociales históricamente excluidos. El purismo es una raya en la arena (que, por tanto, borrará la marea inexorablemente) que pretende distinguir a un nosotros de un ellos y que, aunque en superficie se moviliza en nombre del idioma (y de su purísima concepción), responde siempre a ansiedades sociales contingentes que trascienden lo lingüístico.

–¿Veremos una España en la que todas las lenguas cooficiales forman parte de los planes de estudios nacionales? ¿Qué circunstancias tendrían que darse?

–Lo veo muy poco probable. No es infrecuente oír o leer el dislate de que el español peligra en España; en Cataluña en particular (evidentemente, quienes esto creen no se han dado un paseo por Barcelona). Este tipo de tergiversaciones de la compleja vida lingüística catalana sirven para alimentar el fuego de un contencioso histórico entre los nacionalismos español y catalán que ya está tan cocinado que no se puede comer. Yo creo que tendría que darse una refundación del país necesariamente atravesada por el reconocimiento previo del derecho de Galicia, Euskadi y Cataluña a la autodeterminación. Si estos países decidieran hacer uso de tal derecho, veríamos por qué modelo de relación con el estado español optarían. Y, a partir de ahí, sabríamos qué visión de su futuro lingüístico adoptarían. El hecho de que lo que acabo de decirte suene a ciencia-ficción habla por sí solo de la probabilidad de una España en la que el plurilingüismo sea una realidad democrática.

Sin embargo, a pesar de la persistencia y hostilidad del nacionalismo español a las que me vengo referiendo y de las pulsiones puristas y esencialistas de ciertos sectores de los nacionalismos gallego, vasco y catalán, creo que los pocos espacios creados por la Constitución del 78 se han aprovechado (mejor o peor, pero se han aprovechado) para constituir sistemas culturales robustos y autónomos anclados, respectivamente, en el gallego, euskera y catalán. Y esto es bueno. Bueno para la activación de la cultura en general y para la promoción de una cultura democrática en particular. Que las lógicas de producción cultural puedan discutirse y desplegarse autónomamente en distintos lugares, que los espacios de diálogo y negociación estén más cerca de la gente, que las condiciones históricas propias del desarrollo de cada comunidad den lugar a modulaciones distintas de lo cultural no puede sino ser promisorio. Lo otro (un orden cultural piramidal disfrazado de cosmopolitismo) ya sabemos adónde nos ha conducido.

En relación con la inserción de la lengua en los planes de estudios en España quisiera señalar un asunto que encuentro tan importante o más que la gestión del plurilingüismo. ¿En qué debe consistir la educación lingüística escolar? El hecho es que, si la educación lingüística de niñas y niños consiste sólo en enseñarles la forma gramatical y uso apropiado de una lengua altamente codificada para que luego se inserten dócilmente en la vida de un país políticamente castrado, francamente me da igual que esa lengua se llame gallego, español, inglés o quechua. Lo que sería ilusionante sería ver políticas de educación lingüística de la ciudadanía que contribuyan a prepararla para su plena participación en una sociedad compleja, deliberante, crítica y solidaria.

Sobre la inutilidad de la RAE

José del Valle, gallego afincado en Nueva York, es profesor en The Graduate Center, CUNY. En 2013 editó el volumen A Political History of Spanish: The Making of a Language [Cambridge University Press]). Estas reflexiones suyas salieron publicadas el 20 de Julio pasado en el sitio de elcastellano.org

Rebeliones lingüísticas: sacarle la lengua al poder

El régimen de gestión y control de la lengua española ha entrado en crisis. Una crisis abierta tanto por actores lingüísticos institucionales, que activan nuevas iniciativas en torno al idioma, como por multitudes ciudadanas que exhiben su deseo y capacidad de imaginar nuevos significados; una crisis propiciada por la emergencia de nuevas condiciones materiales para la producción y difusión de lenguajes; una crisis estimulada por las obscenidades del neoliberalismo y la desfachatez con que los beneficiarios del mercado total ignoran sus brutales efectos.

Voces renovadas reivindican su derecho a participar en las disputas por la denominación, en las pugnas por la determinación de los horizontes de lo posible a través de la palabra. Son, por ejemplo, quienes procuraban consignas de denuncia y liberación –narrativas originales, en definitiva– que imaginaran la atrocidad de Ayotzinapa como catalizador de una ruptura radical. O quienes en la Puerta del Sol madrileña se resistían a dejarse bautizar con el nombre de antisistema por secuaces lingüísticos del Estado, asumiendo ellos mismos el derecho a nombrarse y a nombrar a la vez el agotamiento de un modelo de país al servicio de unos pocos. Son también quienes incordian nuestros oídos acomodados a la morfología y sintaxis patriarcal con reiteradas coordinaciones y yuxtaposiciones que sacan al género del refugio gramatical y lo exponen al fuego cruzado de la política (“compañeras y compañeros”). Son quienes alteran el devenir de nuestra lectura con intrusas arrobas y equis (“compañer@s y compañexs”) alegando su inconformidad con nuestros lenguajes y las exclusiones que perpetran, abriendo en canal letras y grafemas en aras de nuevas posibilidades de decir y hacer. En efecto, en todos estos casos y en muchos otros asistimos a enérgicos gestos liberadores del lenguaje, de las formas de decir que domestican –o, más literalmente, encierran– la sustancia de lo dicho.

No ignoremos el extraordinario poder y, sobre todo, mérito de estas pulsiones renovadoras hechas desde el interior de un sistema ideológico –la lengua española– sometido a un severo régimen de normatividad (el de las academias de la lengua) que impone, bajo la protección de retóricas de hermandad, modos mezquinos de pensar el idioma y una institucionalidad que, aunque disfrazada de benevolencia, lo administra con soberbia.

La española está entre las lenguas más regimentadas del mundo, entre aquellas cuya reglamentación se encuentra no solo altamente institucionalizada sino también meticulosamente enhebrada en el tejido de una constelación geopolítica. El complejo entramado de academias de la lengua española –agente principalísimo de la gestión del idioma, de sus formas y de sus resonancias políticas– exhibe una historia y un presente cuyo análisis revela los intereses que sirve.

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) tiene su origen en España, donde, hacia 1870, se propone (con el estímulo y colaboración de gramáticos colombianos) el desarrollo de un conjunto de agencias análogas a la madrileña (fundada en 1713) dispuestas de acuerdo a un modelo organizativo neocolonial que situaba en la cima a la peninsular (autorizada por su condición “Real”) y en la base, con su “digna” condición de correspondientes, a las americanas. Esta red, que se tejió a trompicones pero siempre avanzando, se consolidó en México, afirmando además la misma estructura piramidal, tras un congreso celebrado en 1951 durante la presidencia de Miguel Alemán. Este encuentro fue un notable episodio al que, por cierto, los académicos españoles no pudieron acudir (intimidados por la amenaza franquista que presionaba al país anfitrión para que reconociera su legitimidad frente a la del gobierno republicano español en el exilio). En aquel contexto y aprovechando aquellas circunstancias, Martín Luis Guzmán propuso la cancelación del sistema de academias heredado y su reorganización sobre una base igualitaria. No un cisma ni la exclusión de la española sino la creación de una estructura en la que todos los países concurrieran en términos de igualdad. Pues cayó derrotado. Rotundamente derrotado, tanto por sus compañeros mexicanos como por el resto de académicos latinoamericanos que prefirieron seguir reconociendo la preeminencia de España sobre el idioma (solo las delegaciones de Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay votaron a favor de considerar la propuesta de Guzmán). Se consolidó así el sistema de academias que llega hasta nuestros días como principal agente codificador del español a través de sus bien conocidos diccionarios, ortografías y gramáticas. La histórica estructura neocolonial del arreglo no cambió ni cuando se sintió la necesidad de refrescar su imagen tras el llamado despegue económico de España a finales del siglo XX y bajo el auspicio de empresas transnacionales que pactaban las condiciones de su aterrizaje en América Latina con élites políticas locales y procuraban la construcción de la ideología de la hermandad hispánica a ambos lados del océano.

Reparemos con brevedad en este pasado reciente; no hay que hurgar mucho en los archivos para hallar signos evidentes del valor geopolítico de la ASALE, de la comunidad panhispánica que dice representar gracias a un elaborado consenso interacadémico y del clientelismo base de la transatlántica entente académico-empresarial. En el Diccionario de americanismos de 2010 (no solo la obra más emblemática de la asociación sino también un excelso monumento a la dócil subalternidad), se lee en la “Tábula gratulatoria”: “En primer lugar, la empresa Repsol, mecenas principal, siempre generosa con la labor académica y, en este caso, especialmente interesada en enaltecer los valores propios de España al otro lado del Atlántico”. Difícil imaginar una expresión más literal del sentido del proyecto que encarnan estas instituciones. Puede que la Gramática sea buena (o no); puede también que la Ortografía y el tratado que la precede sean notables (o no); puede incluso que el Diccionario sea todo lo inclusivo que puede ser dada su planta actual (o no). Pero el hecho es que, más allá de su valía gramatical, ortográfica y lexicográfica, estos textos operan, en tándem con agentes económicos y políticos, como fetiches culturales al servicio de la consolidación de un mercado.

Este es, en definitiva, un sistema de academias de la lengua que con ahínco y determinación se ha propuesto fijar el estatus simbólico del idioma como materialización de una comunidad panhispánica armónica y consensuada. Es el agente lingüístico que, con autorización de gobiernos (si bien su complicidad con las academias cambia de país en país), reglamenta el español codificando las formas de lo correcto, fijando la lengua legítima. Es este el régimen de gestión y control del idioma que fija el significado de “espanglish”, “gitano” o “sudaca”, el que, desde su plataforma gramatical y lexicográfica, pugnará por determinar qué es la “soberanía”, el “mercado” o la “democracia”.

Y este es el régimen que ha entrado en crisis. Porque, más allá de las múltiples manifestaciones de creatividad y transgresión lingüística a que aludía arriba, nuevas institucionalizaciones de la gestión del idioma están emergiendo desde espacios que imaginan su labor gramatical y lexicográfica en relación con modelos de comunidad otros que el armónico y consensuado mundo panhispánico.

Dentro de la propia España, por ejemplo, aparecen desde hace algunos años guías y manuales sobre usos no sexistas del lenguaje. Veamos algunos títulos: Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical. Guía para delegadas y delegados (publicado por la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras y por el Ministerio de Igualdad en 2010); Guía de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Murcia (publicado por la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia en 2011); Guía sindical del lenguaje no sexista (publicado por la Secretaría de Igualdad de la Unión General de Trabajadores en 2008); Igualdad, lenguaje y Administración: propuestas para un uso sexista del lenguaje (publicado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en 2009). Estas guías y manuales son acciones lingüísticas normativas asociadas a la reivindicación de igualdad por parte de un colectivo históricamente discriminado. Revelan, de hecho, la emergencia de un complejo agente normativo conformado (repárese en las instituciones que auspician su publicación) por movimientos feministas, sindicatos de izquierdas, universidades e instituciones que operan a nivel sub-nacional. Un agente normativo lo suficientemente inquietante como para que la Real Academia Española sintiera la necesidad de atacarlo públicamente a través de un informe gramatical publicado en el diario madrileño El País en una confrontación abierta que visibilizó los límites de la estrategia del consenso y de la representatividad de las academias.

Otro punto de fuga lo vemos surgir en el mismo país que en 1951 se plegó al modelo neocolonial. En el Colegio de México, bajo la dirección de Luis Fernando Lara, se viene desarrollando desde hace décadas un diccionario integral de la lengua española (Diccionario del Español de México) que toma como referencia un corpus de textos representativo del modo en que se habla y se escribe en este país. Se trata, conviene insistir, de un diccionario integral, es decir, que no pretende recoger palabras que solo se usan en México sino elaborar un léxico de referencia armado desde el cierre nacional. De esta manera, el equipo del Colmex exhibe la capacidad de una institución mexicana para gestionar el idioma de manera autónoma de acuerdo con una lógica que es irreconciliable con los proyectos lexicográficos de la ASALE. De hecho, no es casual ni mera cuestión de rivalidades personales el que, tras la publicación por parte de la Academia Mexicana de la Lengua del Diccionario de Mexicanismos (2010) que había coordinado Concepción Company, se desatara una agria polémica entre esta y Luis Fernando Lara en la que el director del DEM denunció el servilismo y la lógica neocolonial que legitiman sus compatriotas. Como en el caso español, salió a la luz, a través de la confrontación, el límite representativo de las academias y la necesidad permanente de defender su poder en relaciones antagónicas.

El tercer y último desafío que mencionaré en esta oportunidad surge en Argentina y se proyecta desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Se trata del reciente lanzamiento del Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española. Es un emprendimiento joven aún pero que desde su nacimiento construye un lugar de enunciación original. En primer lugar, aunque ninguna variedad del español está excluida, América Latina se sitúa (desde el título) en el centro de la acción lexicográfica. En segundo lugar, si bien el proyecto responde a unos principios generales y se administra desde un espacio institucional, a los usuarios se les entrega el protagonismo en el desarrollo del proyecto, en la inclusión de nuevas palabras y sus definiciones. Se propone, por tanto, un modelo atrevido y arriesgado que contrasta con los diccionarios tradicionales al proponer una lexicografía participativa y al situar los imaginarios latinoamericanos como referente ideológico del proyecto.

En suma, se vislumbra tras estas iniciativas la emergencia de regímenes de normatividad e institucionalidades de la lengua completamente ajenas al entramado de las academias y a su ideología panhispánica. Imposible es predecir el devenir de estos proyectos. Sin embargo, es evidente su función presente como formas de relación antagónicas con el régimen dominante de gestión de la lengua española, como iniciativas institucionales que se suman (acaso en incómoda compañía) a las múltiples rebeliones lingüísticas emprendidas por ciudadanías que afirman su derecho a construir su propia voz.