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| Coro del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires |
Ahora, el Colegio de
Traductores Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires
En
entradas anteriores (23 de marzo, y 17 y 21 de abril de este año) ya nos hemos referido a la AATI y a su pretensión de querer
asumir la representación de los traductores literarios, conjuntamente con la
que de hecho ejerce en los casos de los traductores científico-técnicos y los
intérpretes. Asimismo, hemos demostrado palmariamente que la exigencia de
titulación para ser socio pleno de dicha institución está reñida con los
valores que la AATI dice defender: por un lado, en la redacción del texto del
proyecto de ley de traducción, no plantea la diplomatura como un requerimiento
para definir qué es un traductor, pero, por el otro, y ya en el seno de la
institución, divide a sus socios entre plenos y adherentes en función de ese
requerimiento. Así, teniendo socios de primera y de segunda no hace otra cosa
más que desmentir su fachada democrática.
Veamos
ahora dónde está parado respecto de estas cuestiones el Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA) Según su
página institucional, “es una entidad de derecho público no estatal,
reconocida por el Estado. Fue creado por la Ley Nacional N.° 20 305, el 25 de abril
de 1973, para regir el gobierno y el control de la matrícula profesional, y
llevar su registro en los distintos idiomas. Es
un consejo profesional autónomo, con independencia académica, institucional y
económica, cuyas actividades incluyen, entre otras, las siguientes:
- Promover,
difundir y representar la tarea del traductor público
-
Otorgar y administrar la matrícula profesional
-
Establecer las normas de la ética profesional
-
Fiscalizar el estricto cumplimiento de la profesión.
-
Organizar cursos y actividades para la permanente capacitación de los
matriculados.
-
Elevar al Poder Judicial la nómina de los traductores inscriptos como peritos
auxiliares de la justicia”.
Entre
las muchas funciones que se atribuye están las de “oponerse por todos
los medios legales al ejercicio ilegal de la profesión y, especialmente, hacer
cumplir sin limitaciones los art. 2º y 4º de la citada ley, intimando el cese
inmediato de las actividades o iniciando acciones contra quienes:1) Ejerzan la
profesión sin poseer título habilitante, conforme con dicha ley o teniéndolo no
estuvieran inscriptos en la Matrícula o ésta se hubiere cancelado y hasta tanto
no haya sido rehabilitada la inscripción; 2) Ofrecieren servicios
profesionales inherentes a los traductores públicos o se arrogaran títulos que
configuraran confusión o falsedad del ejercicio profesional que pudieran hacer
creer al público en general que se encuentran dirigiendo su demanda de
servicios, directamente, a traductores públicos debidamente habilitados, debiendo
obtenerse previamente, para cumplir este inciso, la sanción de la norma legal
correspondiente”.
Por supuesto que hay muchas otras cosas,
pero con lo dicho basta para saber que los traductores públicos, para ser así
considerados, deben realizar estudios específicos en relación con la especificidad de su trabajo. Luego viene la matriculación, lo que implica pagar periódicamente a la
institución para que ésta los considere sus miembros. Y dado que la traducción
pública es la rama de la traducción que más y mejor se paga, hay un excedente
que le permite al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
comprar inmuebles y desarrollar un número importante de actividades que exceden el marco específico de la traducción pública. Entre
otras, un congreso anual dedicado a diversos aspectos de… la traducción
literaria. O para decirlo más claramente, son ingenieros que se visten de arquitectos o bioquímicos que pretenden ejercer la medicina.
Dado que los traductores literarios en ningún momento se plantean a sí mismos como traductores públicos, ¿por qué los traductores públicos, cuya rama de
la profesión no parece compatible con los problemas y desafíos que plantea la
literatura, se meten donde no corresponde? Básicamente, porque tienen dinero para gastar. Luego, porque la traducción literaria es la parte más sexy del mundo de la traducción, ya que es la que mejor se puede presentar ante la sociedad. Dicho de otro modo y con
todo el respeto del caso, resulta a ojos vista de la opinión pública mucho más
interesante una conferencia sobre Borges que una sobre Financial Accounting,
Introducción a la Propiedad Industrial, Análisis Comparativo del Sistema de Quiebras
entre la Argentina y los Estados Unidos, o sobre otros aspectos técnicos ligados a contratos, documentos de
identidad y afines.
La paradoja quiere que, dado el dinero
que tiene, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires puede
invitar a grandes personalidades del mundo de traducción literaria a que
participen en esos simposios. Muchos de los invitados, a diferencia del público
–que, por supuesto, paga su entrada para escuchar–, no tienen título habilitante
como traductores. De hecho, Borges ni siquiera tuvo título universitario del
tipo que fuere. Y es así como una institución que no tiene un vínculo real con
el mundo literario, dinero mediante, se arroga un derecho que no le
corresponde. La pertinencia de esas actividades, sería equivalente a que el
Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, el SPET o incluso la AATI
organizaran, por su cuenta, cursos, simposios o congresos de traducción legal.
Dicho de otro modo, los neurólogos no organizan congresos de podología.
Ahora bien, que el Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires se maneje de ese modo es problema de
ellos. Cada cual sabrá qué hacer a la hora de participar o no en sus
actividades. De hecho, si además de simposios sobre Cortázar quieren dictar
cursos de cocina o de expresión corporal, o incluso tener un coro, están en su derecho, pero de ningún
modo podrá tomarse a esa institución seriamente a los efectos de la traducción literaria porque, así como no fue
constituida para la cocina, la expresión corporal el canto coral y todo lo demás, tampoco tiene por objeto la traducción literaria.
Dicho lo cual, ¿no sería ésta la hora de
empezar a pensar, al margen de la AATI y del CTPCBA, en una institución
específica para los traductores literarios? ¿Qué sentido tiene tolerar el maltrato o considerar promesas que nunca se cumplen? ¿Para qué abonar con nuestra presencia el prestigio de instituciones que no nos respetan?
Jorge
Fondebrider
