Para
quien no lo sepa, Andrés Ehrenhaus ha
sido un motor imprescindible en el impulso del proyecto de Ley de Traducción
Autoral del que, en numerosas ocasiones, este blog se ha ocupado. Los hechos
demuestran que ahora, tal vez por un exceso de oportunismo de alguno de los “compañeros”, ese esfuerzo parece haberse estancado, lo cual constituye una verdadera tragedia. Para dejar
en claro su posición, Ehrenhaus nos ha enviado el siguiente texto que,
entendemos, ofrece motivos de reflexión.
A quien pueda interesar: los puntos sobre las eses
Sépase:
en mayo de 2017 decidí dar un paso al costado y dejar de pertenecer al frente
de apoyo al proyecto de Ley de Traducción Autoral, una estructura creada
algunos meses atrás con el fin de ampliar la plataforma de soporte de esa propuesta
reivindicativa. Cuando tomé mi decisión, la anuncié en el ámbito del frente,
exponiendo, quizá de manera un tanto apresurada y torpe, mis razones en el
grupo de Facebook que se utilizaba hasta entonces (ignoro si aún es así) como
medio interno de comunicación, discusión e información. No obstante, y a raíz
de algunos comentarios que me han llegado de miembros del propio frente o de
otras personas afines al proyecto de ley y en vista de que nuestra memoria
histórica es más corta que la de Dory en Buscando
a Nemo, tal vez haya llegado el momento, pasados algunos meses ya, de hacer
explícitos y públicos los motivos de mi decisión en un medio abierto como éste
y evitar así mayores malentendidos. Seré
todo lo breve y claro que mi elocuencia lo permita.
Desde
que emprendimos en abril de 2013, junto a otros tres compañeros traductores, la
dantesca quijotada de enmendar la Ley 11.723 (el reglamento argentino de
Propiedad Intelectual, en vigor desde 1933) primero y, después, la de promover
la aprobación de una ley específica que proporcionara un marco sensato y justo
al ejercicio de la traducción editorial en Argentina, uno de los aspectos que
más me interesaron y absorbieron fue la necesidad de reconocer y describir en
el cuerpo mismo de la ley el estado real de la profesión y los profesionales implicados,
para así poder regular su actividad desde una perspectiva objetiva y no
idealizada o excluyente. A grandes rasgos, hay dos maneras de legislar:
observando el fenómeno tal cual es y proponiendo normas ajustadas a esa
realidad o forzarlo a ajustarse a supuestos y condiciones ideales, incluso si
son lejanas a su naturaleza. Entre una y otra, la diferencia funcional es
notable.
Se
trataba, pues, de hacer frente a las reivindicaciones genuinas de un sector
activo y productivo, de larga tradición en la expresión cultural del país y más
significativo para la industria editorial de lo que a menudo preferimos
suponer. En una actividad como la traducción editorial, histórica y
conceptualmente ligada a la creación literaria, la heterogeneidad del medio
profesional y laboral es una de las características primordiales: quienes
ejercen, a tiempo completo (los menos, por no decir los minimísimos), parcial o
esporádico la traducción de libros en Argentina provienen de las más variadas
procedencias. Paradójicamente, quienes más traducen hoy por hoy (puesto que el
corte ha de hacerse siempre desde el presente) suelen contar con una formación
amplia, sí, pero ecléctica y no necesariamente ligada a una titulación
específica. Así, pues, no solo algunos de nuestros mejores traductores sino
también algunos de los más prolíficos carecen de un título oficial que los acredite
como tales. Su título es su trabajo. Su autoridad es su obra. Su prestigio y
aceptación son públicos antes que académicos.
En
consonancia con esta insoslayable realidad, los proyectos propuestos (el primero con
vigencia parlamentaria entre 2013 y 2015; el segundo,
entre 2015 y 2016) ofrecían, en su artículo 2º, la
definición más objetivamente descriptiva (y, en consecuencia, la más inclusiva
e incluyente) de la figura del traductor: aquel que realiza“la traducción de
obras literarias, de ciencias sociales y humanas, científicas y técnicas
sujetas a propiedad intelectual, cualquiera
sea su formación profesional”. Huelga decir que esta definición ponderada, reflejo
de una realidad fácilmente comprobable, generó una gran controversia y puso en
guardia a varios sectores aledaños a la traducción editorial propiamente dicha.
Esas reacciones y las sucesivas polémicas y confrontaciones, algunas más
públicas y constructivas que otras, están recogidas en este exhaustivo artículo (“Dígame
Licenciado…”, Laura Fólica, El Taco en la
Brea nº 5,UNL). Fui siempre de la opinión de que esas batallas dialécticas
nos habían enriquecido y fortalecido. Por dos motivos esenciales: por un lado
sirvieron para trazar un mapa más claro del campo específico de competencia de
la ley, ya que la frase urticante (“cualquiera sea su formación profesional”)
permitió discernir claramente entre partidarios de regular una realidad laboral
en franco desamparo legal y partidarios de mantener el status quo imperante o,
en su defecto, de fiscalizar el campo profesional mediante instancias académicas
o colegiales; por el otro, y en vista del resultado de los debates, generó
mayor cohesión entre los primeros, que éramos, además, quienes veníamos
militando esa causa desde el principio.
No
obstante, a partir de la pérdida de vigencia del segundo proyecto, resurgió en
el seno del frente, con cierta fuerza y bastante consenso, todo hay que
decirlo, la propuesta de renunciar a la frase urticante como demostración de
buena voluntad y no beligerancia para con los sectores que se habían opuesto y
se seguían oponiendo a ella (a pesar de que una ley de traducción autoral no se
insmiscuía directamente en sus intereses profesionales) con mayor virulencia.
Cuando intenté oponerme a esa pérdida de valor intrínseco del proyecto con
diversos argumentos que no voy a exponer aquí para no abonar al lector al
aburrimiento, se me dijo públicamente en el grupo de FB del frente que mi
insistencia era un capricho que retardaba la marcha de un proceso en el que yo
mismo llevaba invertidos cinco años y una incalculable cantidad de esfuerzo,
ilusión y horas de trabajo robadas a mi actividad principal, cual es la de
traducir. Reconozco que no me dolió tanto esa poco feliz y banal acusación como el
hecho de que ningún frentista saliera públicamente en mi defensa, de modo que
tomé el silencio colectivo por acuerdo tácito y renuncié a seguir retardando
con mis caprichos el devenir de un proyecto mucho más importante que mis
convicciones personales.
Desde
entonces, he pensado unas cuantas veces en la decisión tomada y en la deriva
que fueron tomando las cosas. No me arrepiento de haberme apartado. En primer
lugar, porque sé que habría seguido insistiendo en que cortarle al articulado
de la ley precisamente ese apéndice crucial equivalía a pincharla con un alfiler
simbólico para que se fuera desinflando de a poco; mucha gente había apoyado
esa definición como para pegarnos un tiro en el pie y renunciar a ella con el
único objeto de contentar a los de afuera. En segundo lugar, porque en mi idea
de un frente abierto de colegas no entra en modo alguno, ni siquiera en sueños
o en broma, la denostación pública ad hominem. Y, en tercer lugar, porque nadie
es imprescindible en ningún caso y mucho menos yo. Dejar el frente es, pues, una
decisión política, una decisión política consciente y entusiasta, además de
inquebrantable. Lo cual no obsta para que desee que el proyecto nuevo que
eventualmente impulse el frente o cualquier otra instancia llegue a feliz
término. Espero, eso sí, que salgamos favorecidos de ello tanto los traductores
titulados como los no titulados –de hoy y de mañana. De no ser así, el dolor ya
pasaría a ser triple.
