La ley de precio único del libro, que existe desde 2002, puede ser derogada
El miércoles pasado, el periodista Daniel Gigena publicó en el diario La Nación un artículo titulado “Segundo round: el Gobierno insiste en derogar la ley de precio único de los libros”, en donde reproduce las palabras del nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respecto a la derogación de la Ley 25.542: “Es un tema que de una manera u otra vamos a abordar. La prohibición de que los libros no puedan ser más baratos nos parece algo de una crueldad y de una actitud anticultural increíble. Hay amplia evidencia de que permitir los descuentos reduce el precio; es algo obvio. En Estados Unidos, la irrupción de Amazon hizo que los libros hoy salgan 40% menos que hace diez años”. Y además: “No se puede pensar en nada más anticultura que no permitir que los libros lleguen baratos a la gente”.
Indagado respecto a cómo esto afectaría a distribuidoras y librerías de todo el país, agregó: “De lo que hablamos es de permitir la competencia para que los libros lleguen más baratos a la gente; si afectar significa que van a tener que cobrarlos más baratos, entonces sí las afectaría. Pero eso es bueno, ¿no? Tal vez deberían reinventarse”. Y para defender el proyecto de toda posible crítica o rechazo: “No sé realmente quién podría estar en contra de tener libros más baratos, excepto aquellos a quienes esta ley hoy les permite venderlos más caros. Es muy cruel, o muy cínico, que haya gente que critique esto en nombre de la cultura. ¿A quién vamos a defender? Al usuario”.
Este proyecto se encuentra en la conocida como Ley Hojarasca, que no proviene del título de la novela de García Márquez, sino que evoca el efecto de un viento, y que en el caso del ecosistema editorial podría convertirse en la Ley Vendaval: arrasaría con la mayoría de las editoriales, distribuidoras, librerías (existen 1.500 en todo el país), en un contexto económico de retracción de ventas, inflación, aumento de costos de producción, caída del consumo, donde el libro hace meses que se convirtió en un artículo de lujo para los lectores.
Durante el mes de febrero pasado, cuando la derogación de la mencionada ley estaba integrada a la ley Bases, los distintos sectores del libro argentino destacaron cuatro puntos claves para defender la norma vigente:
1. Esta ley es un acuerdo intrasectorial, propuesta por el propio ecosistema y fue sancionada en 2002 y que, 22 años después, todos entendemos beneficiosa –grandes editoriales y librerías, como las pequeñas– (Pengüin, Planeta, Siglo XXI, Corregidor, De la Flor, Eudeba, Fondo de Cultura Económica, Godot, Entropía); así como librerías grandes o pequeñas (Cúspide, Eterna Cadencia, Hernández, Casa del Sol, Estación Libro, Fedro, Emporio de Córdoba, o Libros de la Arena en Mar del Plata). Es un tema en el que no hay el menor desacuerdo.
2. En un gobierno tan preocupado por el tema fiscal, esta ley cuesta “0” pesos.
3. El precio único permite darle estabilidad al mercado, ofreciendo un cálculo correcto de regalías para los autores, y es una ayuda fundamental contra la piratería editorial.
4. La ley argentina es una ley inspirada en la legislación francesa, conocida como ley Jack Lang (dos veces ministro de Cultura de Francia, entre 1981 y 1996, y dos veces ministro de Educación Nacional, entre 1992 y 2000). En este aspecto se puede afirmar que la Argentina tiene una ley modelo, y que países como Colombia, Chile o México quieren aplicarla. En Inglaterra, cuando se quitó la ley, en un período de 5 años se redujo un 30% la cantidad de librerías.
Este último dato histórico es determinante. La crisis del sector editorial argentino es profunda y una modificación de las condiciones de circulación del libro de esta dimensión tendrá efectos catastróficos: afectará la bibliodiversidad y la presencia de la cultura impresa en todo el territorio nacional.
Si en el país “no hay plata”, el libro, que no es un artículo de primera necesidad, “no se vende”. De hecho, las librerías registran una caída de ventas promedio de entre el 40% y el 50%. Esto se refleja en la disminución en la cantidad de libros impresos por título, que hoy rondan una tirada de moda cercana a 750 ejemplares.
A esto corresponde una contracción de novedades en lo que va del año, es decir, se publican menos libros. PERFIL tuvo acceso a información al respecto. En el caso de ficción y temas afines, durante 2023 se publicaron 1.971 títulos, mientras que en el primer semestre de este año, 358; de persistir la tendencia, será una baja anual del 78%. En temáticas como infantiles, juveniles y didácticos: 2.059 el año pasado, 471 en lo que va del año, con baja proyectada del 54%.
El precio de tapa de un libro no obedece a la ley de oferta y demanda. Los costos fijos de producción (papel, impresión y encuadernación) sufrieron un aumento escalar, sumado al de combustibles, que elevan los costos de logística. Si las tiradas se reducen, cada libro aumenta su precio de tapa, ya que el costo se prorratea en menos ejemplares. De tal manera que un libro “barato” surge de un mercado con poder adquisitivo y capacidad de consumo, que obliga a mayores tiradas.
Existe una convocatoria de la Cámara Argentina del Libro para defender la Ley 25.542 que implica a la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa) la Cámara de Librerías y papelerías de La Plata, la Cámara de Librerías y Papelerías (Capla), la Cámara de Librerías y Editoriales Independientes (Caledin).
Es que la supervivencia del libro argentino depende de un gran acuerdo al respecto.
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