Sigue la polémica en torno
a la medida que regula la importación de libros
La decisión del Gobierno nacional de volver a implementar una
medida de 2010 que regula la importación de libros y otros productos gráficos
causó estupor en el ámbito editorial local. Con la firma de la
secretaria de Comercio Interior, Paula Español, la Resolución 253/2020 del
Ministerio de Desarrollo Productivo reflota una cuestionada decisión del
exsecretario Guillermo Moreno que, en su afán por equilibrar la balanza
comercial, puso trabas con el argumento de un control
de tintas que podían afectar la salud de la población. La
instrumentación de la medida, que demandaba pruebas en laboratorios privados,
resultó inaplicable por los costos y fue reemplazada en los hechos por la
exigencia de exportar, a cambio de habilitar la importación de libros. No
obstante, la Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial restituye la
medida anterior sin grandes cambios e incluso con una rimbombante apelación al
artículo 42 de la Constitución Nacional.
En especial, la resolución
afecta directamente a las distribuidoras locales de libros extranjeros, a las
editoriales que imprimen libros en el exterior y a las filiales de sellos con
sedes en otros países, desde donde envían lotes de ejemplares. "No es la
primera vez que se adopta la medida del control de tintas -dice Fernando
Fagnani, vicepresidente de Riverside Agency, que distribuye en el país libros
de Anagrama, Galaxia Gutenberg, RBA y Nórdica, entre otras editoriales
extranjeras-. En su día, lo hizo Moreno, entre 2011 y 2015. Entonces se
evaluaron centenares, acaso miles de títulos, con resultado previsible: las tintas que se usaron en esos libros
no generaban ningún problema. Ahora se vuelve con lo mismo, y
seguramente se obtendrá el mismo resultado. De modo que se puede pensar que el
objetivo es otro, porque la lícita preocupación por la salud de los lectores no
tiene mayor fundamento. En última instancia, se podría pedir un certificado de
expedición, donde se garantice que los libros cumplen las normas que fija el
Estado, como sucede con otros productos que se importan".
Para Fagnani, en el contexto
actual de la economía argentina, agravado por la pandemia,
era esperable que hubiera problemas con las importaciones. "Lo que no se
comprende es la adopción de una medida de este tipo, que ya se demostró inútil,
salvo para retardar o frenar la salida de divisas -agrega-. Hubiera sido mucho
más productivo para el sector editorial, para los lectores y para la economía
en su conjunto una explicitación del problema con las autoridades de las
cámaras que nuclean a editores y distribuidores y luego la búsqueda de
soluciones conjuntas. Sobre todo porque en la balanza comercial de la Argentina
el déficit que produce el sector es, en el peor de los casos, ínfimo".
Hasta julio de este año las importaciones de libros y otros productos gráficos
apenas acumularon veinticuatro millones de dólares.
Las dos veredas de la discusión
Según
trascendió, la medida estuvo motorizada por la Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines (Faiga), que preside Juan Carlos Sacco y que integra
la Fundación El Libro. A diferencia de las cámaras del sector, la Fundación El
Libro decidió no intervenir en la polémica. Esta mañana, en una entrevista
radial con el periodista Marcelo
Longobardi, el presidente de Faiga afirmó que el papel de ciertos
libros podía provocar cáncer. Cabe destacar que muchas editoriales locales
imprimen sus libros en países como Uruguay, Colombia y China, e incluso en
aguas internacionales, con el objetivo de abaratar costos. Una vez que entre en
vigencia la resolución eso no estará permitido, al menos por un año.
Representantes de la Cámara
Argentina de Publicaciones (CAP) y de la Cámara Argentina del Libro (CAL)
solicitaron una reunión con Español, el ministro Matías Kulfas y su par de Cultura,
Tristán Bauer. Desde las cámaras advierten que la medida no es
oportuna en el contexto actual, en el que se registran caídas históricas en la
producción y la venta de libros. La secretaria de Comercio Interior
prometió fijar una fecha en los próximos días.
La resolución de Moreno fue derogada
en enero de 2016 por el gobierno de Cambiemos. "Era un disparate -sostiene
el exsecretario de Cultura
Pablo Avelluto-. La habíamos derogado a principios de la gestión. Es
arbitraria, proteccionista y paraarancelaria, un retroceso que va a perjudicar
a los lectores al encarecer el acceso a los libros importados. Solo se
beneficia un grupo de impresores que creen que tienen derecho a imponernos su
ineficiencia: libros caros pero nacionales".
Como los editores y
distribuidores consultados por este medio, Avelluto confirma que jamás se
detectaron tintas con plomo o metales pesados mientras esa medida estuvo
vigente. "El argumento es de una banalidad increíble. Si no permitimos las
importaciones como lo hacen los países a los que queremos parecernos, no nos
quejemos después cuando tratemos de exportar nuestros libros al mundo si nos
ponen barreras", agrega. Para Avelluto, en vez de establecer regulaciones,
se debe ayudar a la industria gráfica a ofertar sus servicios en el exterior y
volverla más competitiva.
Sin embargo, no todas son
críticas a la resolución que procura frenar la salida de dólares. "Desde
nuestra experiencia no entendemos esta resolución como una restricción -señala
Silvina Fernández, directora de la distribuidora e importadora de libros
Grupal, a La Nación -. En nuestro
caso, pocos títulos superaron la cantidad de importación a partir de la cual se
exigía el llamado control de metales pesados. En 2011, cuando se instrumentó
este requisito, y las cantidades superaban los quinientos ejemplares, hicimos
acuerdos de coedición con las editoriales que representamos en forma
exclusiva".
Entre otros sellos conocidos
por los lectores, Grupal distribuye títulos de Alba, Siruela y Sexto Piso.
"Trazamos un plan de impresión en los títulos de mayor demanda, lo que nos
posicionó mucho mejor en todos los puntos de ventas, permitió sostener la
oferta a los lectores y favoreció además las apuestas comerciales -dice
Fernández-. El resultado fue una mayor cantidad de títulos y ejemplares
volcados al sector comercial. Sí deberíamos acordar con las imprentas locales
un compromiso de precios para que el libro tenga un precio competitivo".
Entre 2011 y 2015, la mayoría de las imprentas locales subió los precios de
manera significativa, lo que afectó en la estructura de costos y, finalmente,
en el precio de los libros.
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Ese mismo 1 de septiembre, Juan Batalla publicó en Cultura InfoBAE los dichos de Juan Carlos Sacco, presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, defendiendo la medida gubernamental, así como el testimonio de varios referentes del sector editorial poniendo en duda las razones de la medida, para lo cual también se consultó con médicos y especialistas.
Un empresario
defendió el cepo al libro y dijo que la tinta
podría provocar daños en la
salud: la opinión de los especialistas
La polémica sobre la Resolución 253/2020 del
Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada ayer en el Boletín Oficial,
sigue en aumento. Esta vez, en torno a si las tintas utilizadas en
publicaciones pueden afectar la salud.
Infobae
Cultura dialogó con referentes del mundo
editorial, quienes explicaron cómo la medida afecta
negativamente a una industria que de por sí atraviesa ya uno de los peores
momentos históricos. Ahora, Juan
Carlos Sacco, presidente de la FAIGA (Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines), aseguró que la medida tiene un sesgo
“medioambientalista” y que busca proteger la salud de una posible contaminación
por metales pesados.
En conversación con Marcelo
Longobardi en Radio Mitre, Sacco aseguró que “el problema consiste en
tocarlos, cualquier packaging que pase
el nivel de metales pesados, puede ser cancerígeno o generar enfermedades
alérgicas”. Y agregó: “El diario
es uno de los peores, porque las tintas que tienen –si bien están
fabricadas en el país–, dejan las manos manchadas porque no se da
tiempo a secar las tintas”.
En ese sentido, la resolución
retoma las bases de la realizada en 2012 por el entonces secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, que
“establece un régimen de certificación obligatoria para definir los mecanismos tendientes a eliminar los peligros derivados del
uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos que
fue modificada mediante las Resoluciones Nros. 1 de fecha 5 de enero de 2016 y
332 de fecha 10 de noviembre del 2016, sobre un amplio conjunto de productos, entre
los que se encuentran los libros, álbumes o libros de estampas y cuadernos para
dibujar o colorear (para niños)”. Además, cita al artículo 42 de la
Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su
salud, seguridad e intereses económicos, y a una información adecuada y veraz.
Ahora, ¿siguen teniendo plomo las tintas?, ¿pueden
provocar cáncer el manoseo de libros o diarios? Infobae Cultura consultó tanto a referentes del mundo editorial
como a una toxicóloga y un oncólogo, quienes desestimaron esta posibilidad.
Santiago
Bella (M.N. 22413), vicepresidente de la
Asociación Argentina de Oncología Clínica, se mostró sorprendido por la
aseveración y comentó: “Esto no existe
en ninguna parte del mundo. No
conozco ninguna restricción ni publicación seria que hable de que las tintas
sean cancerígenas. Es la primera vez que veo algo así, estamos
acostumbrado a estudiar libros de bibliografía extranjera y nunca se planteo
semejante cosa. De hecho, leemos revistas con artículo sobre cáncer
todo el tiempo y jamás leí algo sobre el tema. Me parece un
absurdo”.
“Uno puede entender algo así
si la tinta es muy antigua, como de hace dos siglos o antes de la imprenta, que
se extraía de productos naturales y o se sabía que contenía. Pero luego de la
imprenta y la posterior industrialización no tiene sentido. Ahora quieren
volver a la incivilización, que alguien tenga cáncer por haber leído libros no
lo vi nunca. Imaginate que hay bibliotecas que reúnen miles de volúmenes y se
entra y nadie se plantea semejante cosas, a nadie se le ocurre. Por otro lado,
las publicaciones vienen cada vez más por vía electrónica”.
Por su parte, Elda Cargnel (M.N. 65037), Jefa del
servicio de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, comentó: “Para la impresión en papel se utilizan
sustancias que son irritantes para los ojos, la piel y mucosas pero el
principal riesgo es para quien las manipula en el momento de la impresión.
Las tintas offset convencionales no
están clasificadas como peligrosas, según la Directiva
europea 88/379/CEE. En este sentido no presenta riesgo para la
salud. Las tintas serigráficas convencionales que tienen pigmentos orgánicos e
inorgánicos, resinas disolventes, derivados de petróleo y glicoles, éteres de
glicol y cetonas aditivas son riesgosas en el momento de la manipulación
durante el proceso de impresión”.
“En Argentina teníamos
problemas con linotipistas y trabajadores de gráficas porque usaban tipografías
de plomo y se contaminaban con plomo y muchas veces al no higienizarse
contaminaban a sus hijos. En la Unión Europea, que se basan en principio de
precaución, y en EEUU en general los contaminantes están mucho más limitados”.
Y agregó: “Ahora si están
pensando que está contaminado, no debería entrar ningún impreso y que se
imprima en Argentina con las condiciones de limitación de tintas a utilizar”.
Para Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara del Libro, la
resolución tiene un fin para–arancelario; o sea, que busca proteger la
industria nacional más que un sentido medioambiental: “Es una medida para
proteger a industria nacional ,y uno puede acompañar, pero que no tiene sentido
hoy porque el sector está destruido y no se está importando nada– Además, tiene
poco sentido porque los libros no
tienen plomo en tinta hace más de una década. Cuando se ejecutó con el
gobierno anterior no se detectó ningún libro que la tuviera”.
Finalmente, Rodolfo Reyna, presidente de la Cámara
Argentina de Publicaciones, fue determinante: “La resolución de control de
tinta y metales pesados se implementó
durante 4 años y en esos años que estuvo vigente nunca se detectó ningún
problema con ninguna partida del libro. Es bastante claro que la
resolución no protege a nadie, porque las tintas recontra cumplen los límites
que el ensayo requiere. Las tintas cambiaron hace muchos años, el plomo en
tinta es una cosa antigua”. Y agrega “Cuando esta resolución estuvo en vigencia
ningún ensayo dio mal”.
La resolución comenzará a regir a partir del 15 de
septiembre para garantizar el ingreso de aquellas publicaciones que ya se
“encuentran en tránsito” y mantendrá su vigencia, a partir de esa fecha, por un
plazo de un año. Se aplicará a los ingresos que superen las 500 unidades y no
afecta al ingreso de publicaciones para consumo personal. En ese sentido,
serían las grandes cadenas y editoriales las más afectadas.
Desde la cartera dirigida por Matías Kulfas explicaron a Infobae Cultura: “No es un cepo. Es un
control sanitario que existía y el gobierno anterior derogó. Tiene como
objetivo garantizar que los materiales utilizados no sean perjudiciales para la
salud”. Además, aseguraron que en cada pedido se analizará la calidad de la tinta
y que, en caso de que no genere
problemas para la salud, será permitido el ingreso de más de 500 unidades
mensuales.
“Si se presenta la
certificación se puede hacer la importación. Una vez presentada, no hay ningún
tipo de impedimento. La resolución establece la necesidad de presentar la
certificación. Se calcula que hacer todo el procedimiento no duraría más de un
mes, que incluso puede acelerarse si se inicia el trámite por TAD (Trámites a
Distancia”, aseguraron.
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También el 1 de
septiembre, Verónica Abdala publicó
en el diario Clarín la siguiente
nota, donde se reproducen distintos mensajes publicados en la web por
escritores argentinos, a favor y en contra de las medidas del gobierno.
El
cepo a los libros abrió la grieta entre los escritores
Este lunes, a partir de la reactivación de una
resolución difundida a través del Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo
Productivo volvió a frenar las
importaciones de libros con la reactivación de una medida
paraarancelaria que exige hacer un análisis para ver si hay plomo en la tinta.
Es una medida gestada en los tiempos de Guillermo Moreno y, en los hechos, impone una traba burocrática
a la llegada de lotes que superen los 500 ejemplares.
Concretamente, a partir de la resolución en vigencia se encarece el trámite de
importación, lo que indirectamente, argumentan quienes defienden esta decisión,
redunda en una medida proteccionista del sector. Aunque la mayoría de los
consultados considera que se trataría de una prohibición poco inteligente,
aún si esa intención resultara válida. En primer lugar, porque el argumento del
cuidado sanitario parece falaz. En segundo término, porque consideran que, aún
si el verdadero propósito de la norma apunta a respaldar al sector editorial,
muy golpeado por la crisis, una medida aislada y arbitraria podría terminar siendo
contraproducente.
La mayoría de los consultados coinciden en
que ese supuesto argumento sanitario no es convincente.
Y según admite la misma resolución e informó Clarín este
lunes, los controles aspiran en realidad al
"establecimiento de estándares de producción y mejora de la competitividad
para los productos que se fabrican y comercializan en el país". Una medida
como ésta, aún si ese fuese el propósito, ¿alcanza o tiene sentido?
Las opiniones son muy
diversas y hasta las redes sociales fueron escenario de algunos
cruces picantes, en estas horas. Un
caso: el autor Juan
Terranova avaló la medida en su
cuenta de Twitter. Otra autora, Pola
Oloixarac, sin dar lugar a los
matices, le respondió con una foto de Adolf Hitler, acusándolo indirectamente de
fascista, se entiende. Hubo expresiones de apoyo y condena para uno y otro
bando.
En casos como el de los libros ilustrados e
infantiles, dicen los que saben, la medida además dificulta la producción
porque no hay en el país tecnología para equiparar la calidad y los precios de
otros lugares. En los hechos, muchas editoriales resistían la importación
"pero cuando abrió mandaron a imprimir a China", contaba este lunes
un importador destacado, Jorge
Waldhuter, de distribuidora Waldhuter.
Consultados por Clarín en las horas posteriores a la difusión de la medida,
autores y editores se pronunciaron a favor y en contra de la medida, y también
manifestaron sus opiniones en sus redes sociales. Aquí, algunas de las
reflexiones, en relación a este tema:
Claudia
Piñeiro
Lamento que se haya establecido otra vez esta
limitación. Porque en definitiva hará que algunos textos no puedan ser leídos.
El argumento del plomo no es válido porque hace más de diez años que no existe tinta con
plomo en el mundo. Si se trata de una medida de aliento a la industria gráfica
local, los mecanismos para hacerlos deberían ser otros.
Es como si los escritores argentinos
pidiéramos una norma que restrinja la lectura de autores extranjeros porque
estamos pasando por una tremenda situación económica a causa de la pandemia,
tal como le pasa a todos los eslabones de la industria, a todas las industrias,
a todos los argentinos.
Creo que el problema está en que se conoce poco de industrias culturales
y por lo tanto se le aplican normas que pueden funcionar en otros campos,
incurriendo en pesados “costos” de otro tipo que no se miden de la misma
manera. Por otra parte, el impacto de esta medida en la salida de dólares no
parece significativo.
Guillermo
Martínez
Estoy en
contra de estas restricciones, sobre todo basadas en un argumento falso
(la cuestión ridícula del plomo).
Sí estoy a favor de privilegiar la industria nacional, algo que se
puede lograr de mil otras maneras más inteligentes que impedir el acceso a
libros que vengan de afuera.
Juan
Terranova
No se trata de poner trabas a las importaciones. Se trata de que no se fuguen más dólares,
el gran problema económico estructural argentino.
El progresismo porteño identifica el libro
con las novedades de Anagrama y esos libros de precios imposibles con una
ilustración que desea y de la que carece.
Yo hace años ya que no compro libros con precios en
euros. Teniendo Internet la discusión se hace todavía más anacrónica.
Pola
Oloixarac
No es raro que en un gobierno sin imaginación penalice
la imaginación. Lo de la tinta es un verso viejo, todos saben que es mentira,
ya no se usan tintas con plomo.
No se podía comprar libros afuera porque son carísimos
y porque la aduana te hace la vida imposible y ahora tampoco se pueden
importar. Es una forma de tortura para cualquier lector.
Es especialmente cruel porque solo afecta a quienes
aman leer y desean al mundo, es como pegarle a alguien por debajo de la mesa
mientras el resto sigue como si nada. Solo sirve para encarecer libros,
perjudicar editores y lectores y favorecer la deforestación cultural.
Enzo
Maqueira
Todas las medidas que se tomen para proteger la
industria nacional (no sólo la industria del libro) son bienvenidas. Y todas las medidas que limiten el acceso a bienes
culturales son indeseables.
La creación de un Instituto Nacional del Libro, que
por estos días impulsa la Unión de Escritoras y Escritores junto con otros
colectivos, sería una respuesta mucho más eficiente y completa a una situación
que necesita de acciones concretas, completas y consensuadas.
Víctor
Malumián
No vi la letra chica, pero sé que esta mirada apunta a las tiradas de más de 500 ejemplares, es decir 499 ejemplares entran sin dificultad o con las condiciones anteriores.
En general, yo prefiero las medidas que favorecen comportamientos y no las que los restringen. Creo que hay que tener en cuenta cómo afecta la medida a un sector como el de los libros infantiles, que por sus características en muchos casos se imprimen afuera.
Y creo que está bueno que se regule el ingreso de saldos de afuera y que haya medidas de protección de la industria nacional, pero creo que pensarlo de otra forma, y no con prohibiciones.
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