En una nota publicada por el diario La Nación, de Buenos Aires, del pasado 12 de junio, Daniel Gigena informa sobre la derogación de una norma que, en su momento, causó polémica. En la bajada se lee: "Quién gana y quién pierde con la baja de la 'ley de tintas' que permite importar ejemplares sin trabas burocráticas atribuidas a una posible toxicidad: 'Nunca se encontró plomo', aseguran".
El Gobierno derogó una norma “medioambiental” que dificultaba la importación de libros
La Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía de la Nación y está a cargo de Pablo Lavigne, derogó la resolución 453/685 que prohibía la utilización de tintas con metales pesados, conocida como la “ley de tintas”, que obligaba a los importadores de más de mil ejemplares a realizar una serie de trámites, entre otros, enviar un libro a un laboratorio para examinar si la tinta utilizada era perjudicial para la salud. Los importadores de menos de mil ejemplares debían hacer otras diligencias burocráticas, entre ellas, presentar una declaración jurada.
La propuesta inicial había sido ideada por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que en 2010 implementó la medida; según algunos, el objetivo del funcionario era evitar la “fuga” de dólares más que proteger a los lectores de tintas con “efectos cancerígenos”. En 2016, el Gobierno de Cambiemos (cuando Miguel Braun era secretario de Comercio) derogó esa restricción y, en 2020, el gobierno del Frente de Todos (con Paula Español como secretaria del área) restableció el “cepo” a los libros extranjeros. A pesar de los temores de los exfuncionarios kirchneristas, nunca se encontró plomo en tinta en los libros.
Al difundirse la medida del Gobierno, el presidente de la Federación de la Industria Gráfica Argentina (Faiga), Juan Carlos Sacco, publicó un comunicado en la página web de la federación sobre la baja de la Norma Técnica medioambiental, “que tanto tiempo y trabajo nos llevó ponerla en vigencia; y que hoy, después de quince años, con un nuevo Gobierno se ha decidido sacarla”, se lee en el mensaje. La resolución 108/2024 fue publicada el 4 de este mes en el Boletín Oficial.
Sacco anticipó que Faiga recurriría a la Justicia “porque estamos convencidos de que estas herramientas son las que se usan en el mundo desarrollado con el fin de regular el comercio internacional; y no se trata de un mero régimen proteccionista, sino de comerciar con las mismas reglas de juego -consideró-. Es por eso que, si bien el secretario de Industria y Comercio está de acuerdo con los elementos que le proporcionamos, demostrando que esta norma de cuidado ambiental es similar a las vigentes en países que el actual presidente Milei quiere que nos parezcamos y con los que entablemos negociaciones comerciales”.
Y concluye: “No obstante, nuevos personajes en el equipo del presidente han convencido al mismo de eliminar cerca de 3200 reglamentos y normas, para que la libertad de vivir, comerciar, importar y exportar sea totalmente libre, sin ningún requisito que lo pudiese entorpecer”. Desde Faiga, atribuyen la medida al asesor presidencial Federico Sturzenegger, el “príncipe de la desregulación económica”.
Desde la Secretaría de Comercio e Industria confirmaron que se habían derogado este y otros “reglamentos técnicos” con el objetivo de “simplificar el comercio” y eliminar “trabas burocráticas en la comercialización y abastecimiento de productos”. “La industria editorial ya no trabaja con este tipo de tintas”, remarcaron. El mercado español del libro no tiene una regulación semejante a la que acaba de derogarse en la Argentina; tampoco rige ninguna similar en países de América Latina.
Los imprentas locales figuran entre las más perjudicadas por la resolución 108/2024, dado que a partir de ahora las editoriales grandes y medianas podrán imprimir libros en el exterior e importarlos sin pasar por los laboratorios. Al mismo tiempo, sus títulos y los de las editoriales pequeñas y medianas (forzadas a imprimir en el país) deberán competir con los libros importados, que actualmente son más baratos que los nacionales. Por el aumento constante (y por encima del índice de inflación) del precio del papel en la Argentina, los libros argentinos están entre los más caros en dólares en Hispanoamérica.
Entre los favorecidos por la medida, además de los importadores de libros y los grandes grupos editoriales (siempre y cuando impriman grandes volúmenes de ejemplares para amortizar los costos de transporte), se incluyen las cadenas de librerías, que también podrán importar libros, ahorrándose tiempo, dinero y trámites burocráticos.
Desde la Cámara Argentina del Libro indicaron que el Gobierno podría reforzar la competitividad de las imprentas argentinas y analizar el conjunto de costos del sector editorial. Dieron como ejemplos la recuperación del IVA en la compra del papel y la morigeración de los costos de los servicios públicos, que este año aumentaron significativamente.
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