Sobre la inutilidad de la RAE

José del Valle, gallego afincado en Nueva York, es profesor en The Graduate Center, CUNY. En 2013 editó el volumen A Political History of Spanish: The Making of a Language [Cambridge University Press]). Estas reflexiones suyas salieron publicadas el 20 de Julio pasado en el sitio de elcastellano.org

Rebeliones lingüísticas: sacarle la lengua al poder

El régimen de gestión y control de la lengua española ha entrado en crisis. Una crisis abierta tanto por actores lingüísticos institucionales, que activan nuevas iniciativas en torno al idioma, como por multitudes ciudadanas que exhiben su deseo y capacidad de imaginar nuevos significados; una crisis propiciada por la emergencia de nuevas condiciones materiales para la producción y difusión de lenguajes; una crisis estimulada por las obscenidades del neoliberalismo y la desfachatez con que los beneficiarios del mercado total ignoran sus brutales efectos.

Voces renovadas reivindican su derecho a participar en las disputas por la denominación, en las pugnas por la determinación de los horizontes de lo posible a través de la palabra. Son, por ejemplo, quienes procuraban consignas de denuncia y liberación –narrativas originales, en definitiva– que imaginaran la atrocidad de Ayotzinapa como catalizador de una ruptura radical. O quienes en la Puerta del Sol madrileña se resistían a dejarse bautizar con el nombre de antisistema por secuaces lingüísticos del Estado, asumiendo ellos mismos el derecho a nombrarse y a nombrar a la vez el agotamiento de un modelo de país al servicio de unos pocos. Son también quienes incordian nuestros oídos acomodados a la morfología y sintaxis patriarcal con reiteradas coordinaciones y yuxtaposiciones que sacan al género del refugio gramatical y lo exponen al fuego cruzado de la política (“compañeras y compañeros”). Son quienes alteran el devenir de nuestra lectura con intrusas arrobas y equis (“compañer@s y compañexs”) alegando su inconformidad con nuestros lenguajes y las exclusiones que perpetran, abriendo en canal letras y grafemas en aras de nuevas posibilidades de decir y hacer. En efecto, en todos estos casos y en muchos otros asistimos a enérgicos gestos liberadores del lenguaje, de las formas de decir que domestican –o, más literalmente, encierran– la sustancia de lo dicho.

No ignoremos el extraordinario poder y, sobre todo, mérito de estas pulsiones renovadoras hechas desde el interior de un sistema ideológico –la lengua española– sometido a un severo régimen de normatividad (el de las academias de la lengua) que impone, bajo la protección de retóricas de hermandad, modos mezquinos de pensar el idioma y una institucionalidad que, aunque disfrazada de benevolencia, lo administra con soberbia.

La española está entre las lenguas más regimentadas del mundo, entre aquellas cuya reglamentación se encuentra no solo altamente institucionalizada sino también meticulosamente enhebrada en el tejido de una constelación geopolítica. El complejo entramado de academias de la lengua española –agente principalísimo de la gestión del idioma, de sus formas y de sus resonancias políticas– exhibe una historia y un presente cuyo análisis revela los intereses que sirve.

La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) tiene su origen en España, donde, hacia 1870, se propone (con el estímulo y colaboración de gramáticos colombianos) el desarrollo de un conjunto de agencias análogas a la madrileña (fundada en 1713) dispuestas de acuerdo a un modelo organizativo neocolonial que situaba en la cima a la peninsular (autorizada por su condición “Real”) y en la base, con su “digna” condición de correspondientes, a las americanas. Esta red, que se tejió a trompicones pero siempre avanzando, se consolidó en México, afirmando además la misma estructura piramidal, tras un congreso celebrado en 1951 durante la presidencia de Miguel Alemán. Este encuentro fue un notable episodio al que, por cierto, los académicos españoles no pudieron acudir (intimidados por la amenaza franquista que presionaba al país anfitrión para que reconociera su legitimidad frente a la del gobierno republicano español en el exilio). En aquel contexto y aprovechando aquellas circunstancias, Martín Luis Guzmán propuso la cancelación del sistema de academias heredado y su reorganización sobre una base igualitaria. No un cisma ni la exclusión de la española sino la creación de una estructura en la que todos los países concurrieran en términos de igualdad. Pues cayó derrotado. Rotundamente derrotado, tanto por sus compañeros mexicanos como por el resto de académicos latinoamericanos que prefirieron seguir reconociendo la preeminencia de España sobre el idioma (solo las delegaciones de Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay votaron a favor de considerar la propuesta de Guzmán). Se consolidó así el sistema de academias que llega hasta nuestros días como principal agente codificador del español a través de sus bien conocidos diccionarios, ortografías y gramáticas. La histórica estructura neocolonial del arreglo no cambió ni cuando se sintió la necesidad de refrescar su imagen tras el llamado despegue económico de España a finales del siglo XX y bajo el auspicio de empresas transnacionales que pactaban las condiciones de su aterrizaje en América Latina con élites políticas locales y procuraban la construcción de la ideología de la hermandad hispánica a ambos lados del océano.

Reparemos con brevedad en este pasado reciente; no hay que hurgar mucho en los archivos para hallar signos evidentes del valor geopolítico de la ASALE, de la comunidad panhispánica que dice representar gracias a un elaborado consenso interacadémico y del clientelismo base de la transatlántica entente académico-empresarial. En el Diccionario de americanismos de 2010 (no solo la obra más emblemática de la asociación sino también un excelso monumento a la dócil subalternidad), se lee en la “Tábula gratulatoria”: “En primer lugar, la empresa Repsol, mecenas principal, siempre generosa con la labor académica y, en este caso, especialmente interesada en enaltecer los valores propios de España al otro lado del Atlántico”. Difícil imaginar una expresión más literal del sentido del proyecto que encarnan estas instituciones. Puede que la Gramática sea buena (o no); puede también que la Ortografía y el tratado que la precede sean notables (o no); puede incluso que el Diccionario sea todo lo inclusivo que puede ser dada su planta actual (o no). Pero el hecho es que, más allá de su valía gramatical, ortográfica y lexicográfica, estos textos operan, en tándem con agentes económicos y políticos, como fetiches culturales al servicio de la consolidación de un mercado.

Este es, en definitiva, un sistema de academias de la lengua que con ahínco y determinación se ha propuesto fijar el estatus simbólico del idioma como materialización de una comunidad panhispánica armónica y consensuada. Es el agente lingüístico que, con autorización de gobiernos (si bien su complicidad con las academias cambia de país en país), reglamenta el español codificando las formas de lo correcto, fijando la lengua legítima. Es este el régimen de gestión y control del idioma que fija el significado de “espanglish”, “gitano” o “sudaca”, el que, desde su plataforma gramatical y lexicográfica, pugnará por determinar qué es la “soberanía”, el “mercado” o la “democracia”.

Y este es el régimen que ha entrado en crisis. Porque, más allá de las múltiples manifestaciones de creatividad y transgresión lingüística a que aludía arriba, nuevas institucionalizaciones de la gestión del idioma están emergiendo desde espacios que imaginan su labor gramatical y lexicográfica en relación con modelos de comunidad otros que el armónico y consensuado mundo panhispánico.

Dentro de la propia España, por ejemplo, aparecen desde hace algunos años guías y manuales sobre usos no sexistas del lenguaje. Veamos algunos títulos: Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindical. Guía para delegadas y delegados (publicado por la Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras y por el Ministerio de Igualdad en 2010); Guía de uso no sexista del lenguaje de la Universidad de Murcia (publicado por la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia en 2011); Guía sindical del lenguaje no sexista (publicado por la Secretaría de Igualdad de la Unión General de Trabajadores en 2008); Igualdad, lenguaje y Administración: propuestas para un uso sexista del lenguaje (publicado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana en 2009). Estas guías y manuales son acciones lingüísticas normativas asociadas a la reivindicación de igualdad por parte de un colectivo históricamente discriminado. Revelan, de hecho, la emergencia de un complejo agente normativo conformado (repárese en las instituciones que auspician su publicación) por movimientos feministas, sindicatos de izquierdas, universidades e instituciones que operan a nivel sub-nacional. Un agente normativo lo suficientemente inquietante como para que la Real Academia Española sintiera la necesidad de atacarlo públicamente a través de un informe gramatical publicado en el diario madrileño El País en una confrontación abierta que visibilizó los límites de la estrategia del consenso y de la representatividad de las academias.

Otro punto de fuga lo vemos surgir en el mismo país que en 1951 se plegó al modelo neocolonial. En el Colegio de México, bajo la dirección de Luis Fernando Lara, se viene desarrollando desde hace décadas un diccionario integral de la lengua española (Diccionario del Español de México) que toma como referencia un corpus de textos representativo del modo en que se habla y se escribe en este país. Se trata, conviene insistir, de un diccionario integral, es decir, que no pretende recoger palabras que solo se usan en México sino elaborar un léxico de referencia armado desde el cierre nacional. De esta manera, el equipo del Colmex exhibe la capacidad de una institución mexicana para gestionar el idioma de manera autónoma de acuerdo con una lógica que es irreconciliable con los proyectos lexicográficos de la ASALE. De hecho, no es casual ni mera cuestión de rivalidades personales el que, tras la publicación por parte de la Academia Mexicana de la Lengua del Diccionario de Mexicanismos (2010) que había coordinado Concepción Company, se desatara una agria polémica entre esta y Luis Fernando Lara en la que el director del DEM denunció el servilismo y la lógica neocolonial que legitiman sus compatriotas. Como en el caso español, salió a la luz, a través de la confrontación, el límite representativo de las academias y la necesidad permanente de defender su poder en relaciones antagónicas.

El tercer y último desafío que mencionaré en esta oportunidad surge en Argentina y se proyecta desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Se trata del reciente lanzamiento del Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española. Es un emprendimiento joven aún pero que desde su nacimiento construye un lugar de enunciación original. En primer lugar, aunque ninguna variedad del español está excluida, América Latina se sitúa (desde el título) en el centro de la acción lexicográfica. En segundo lugar, si bien el proyecto responde a unos principios generales y se administra desde un espacio institucional, a los usuarios se les entrega el protagonismo en el desarrollo del proyecto, en la inclusión de nuevas palabras y sus definiciones. Se propone, por tanto, un modelo atrevido y arriesgado que contrasta con los diccionarios tradicionales al proponer una lexicografía participativa y al situar los imaginarios latinoamericanos como referente ideológico del proyecto.

En suma, se vislumbra tras estas iniciativas la emergencia de regímenes de normatividad e institucionalidades de la lengua completamente ajenas al entramado de las academias y a su ideología panhispánica. Imposible es predecir el devenir de estos proyectos. Sin embargo, es evidente su función presente como formas de relación antagónicas con el régimen dominante de gestión de la lengua española, como iniciativas institucionales que se suman (acaso en incómoda compañía) a las múltiples rebeliones lingüísticas emprendidas por ciudadanías que afirman su derecho a construir su propia voz.