La discreta privatización del ISBN
No todas las privatizaciones de organismos del Estado suponen millones de euros. El impacto de que pase a manos privadas el control en España del Sistema Internacional Standard Book (ISBN) quizá no llegue de entrada ni al millón. Pero convierte a la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en el árbitro de la catalogación de libros, una competencia hasta el momento manejada por la Administración y que, por tanto, se mantenía a priori ajena a los intereses de la industria.
La medida se concretará en los próximos días, pese a que se publicó en el BOE en agosto. El Ministerio de Cultura y la Generalitat, a la que están transferidas estas competencias, acordaban ceder la gestión de los ISBN a la FGEE "en su condición de asociación profesional con mayor implantación en el ámbito estatal que representa y defiende los intereses generales del sector editorial español".
A partir de ahora, la FGEE cobrará tres euros por ISBN que otorgue a las editoriales para la publicación de sus libros -antes era gratuito-, se encargará de distribuir los números y gestionará los archivos de consulta, que son empleados como fuente bibliográfica fundamental por bibliotecas y librerías. Durante un año, esos archivos seguirán dependiendo de Cultura; no hay certeza sobre qué ocurrirá después.
El proceso en rigor reproduce el de otros países, como recuerda el director de la agencia del ISBN en España, Miguel Jiménez: "El modelo de gestión del ISBN por editores profesionales, similar al que se va a implementar aquí, existe por ejemplo en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia o Países Bajos. Lógicamente hemos visitado varias agencias para conocer su experiencia y tomar las decisiones de funcionamiento adecuadas".
Según explica Jiménez, la gestión pretende poner fin a cuestiones como la de la falta de números consecutivos para las pequeñas editoriales, a las que se les conceden en cantidades reducidas, obligando en cada ocasión a la apertura de nuevas fichas de cliente en los puntos de venta: "Vamos a abordar ese problema en las próximas semanas y buscar una solución que no podrá ser absoluta, debido a la propia mecánica de la asignación de los prefijos editoriales. Éste es un problema común a todos los países sin resolver al ciento por ciento". En este punto el sistema favorece a las grandes editoriales; otra ventaja para ellas es que habrá descuentos en la compra de números, respecto a los tres euros mencionados, para quienes se lleven paquetes grandes.
Y es que los números se otorgan con mimo: la abundancia de publicaciones obligó hace tres años a elevar las cifras de cada ISBN de diez a trece dígitos para tener más números asignables. España, con 75.000 libros publicados al año, es una de las potencias mundiales.
Los cambios han encontrado detractores en el sector, como Jorge Ruiz, responsable de la editorial Sirius, especializada en divulgación científica y literatura de ciencia ficción y muy activo en publicaciones digitales. "Cualquier privatización innecesaria me parece una mala noticia. Pero, además, se abre la puerta a posteriores cobros, por ejemplo, al cobro por consulta o exigir 160 euros por cada ISBN, como sucede en Alemania", explica. Asimismo, apunta que el posible interés de los gremios editoriales, a los que él mismo pertenece, sea el de poner obstáculos a la autoedición.
La medida se concretará en los próximos días, pese a que se publicó en el BOE en agosto. El Ministerio de Cultura y la Generalitat, a la que están transferidas estas competencias, acordaban ceder la gestión de los ISBN a la FGEE "en su condición de asociación profesional con mayor implantación en el ámbito estatal que representa y defiende los intereses generales del sector editorial español".
A partir de ahora, la FGEE cobrará tres euros por ISBN que otorgue a las editoriales para la publicación de sus libros -antes era gratuito-, se encargará de distribuir los números y gestionará los archivos de consulta, que son empleados como fuente bibliográfica fundamental por bibliotecas y librerías. Durante un año, esos archivos seguirán dependiendo de Cultura; no hay certeza sobre qué ocurrirá después.
El proceso en rigor reproduce el de otros países, como recuerda el director de la agencia del ISBN en España, Miguel Jiménez: "El modelo de gestión del ISBN por editores profesionales, similar al que se va a implementar aquí, existe por ejemplo en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos, Australia o Países Bajos. Lógicamente hemos visitado varias agencias para conocer su experiencia y tomar las decisiones de funcionamiento adecuadas".
Según explica Jiménez, la gestión pretende poner fin a cuestiones como la de la falta de números consecutivos para las pequeñas editoriales, a las que se les conceden en cantidades reducidas, obligando en cada ocasión a la apertura de nuevas fichas de cliente en los puntos de venta: "Vamos a abordar ese problema en las próximas semanas y buscar una solución que no podrá ser absoluta, debido a la propia mecánica de la asignación de los prefijos editoriales. Éste es un problema común a todos los países sin resolver al ciento por ciento". En este punto el sistema favorece a las grandes editoriales; otra ventaja para ellas es que habrá descuentos en la compra de números, respecto a los tres euros mencionados, para quienes se lleven paquetes grandes.
Y es que los números se otorgan con mimo: la abundancia de publicaciones obligó hace tres años a elevar las cifras de cada ISBN de diez a trece dígitos para tener más números asignables. España, con 75.000 libros publicados al año, es una de las potencias mundiales.
Los cambios han encontrado detractores en el sector, como Jorge Ruiz, responsable de la editorial Sirius, especializada en divulgación científica y literatura de ciencia ficción y muy activo en publicaciones digitales. "Cualquier privatización innecesaria me parece una mala noticia. Pero, además, se abre la puerta a posteriores cobros, por ejemplo, al cobro por consulta o exigir 160 euros por cada ISBN, como sucede en Alemania", explica. Asimismo, apunta que el posible interés de los gremios editoriales, a los que él mismo pertenece, sea el de poner obstáculos a la autoedición.
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