La siguiente opinión, debida Jesús Mosterín –profesor de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España– y publicada por el díario El País del 5 de diciembre pasado, tiene lo suyo y ha provocado una avalancha de opiniones en el periódico. Pero lo primero es explicar de quiénes hablamos para que en las otras provincias de la lengua se entienda. Entonces, según su página institucional, la "SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad de gestión colectiva dedicada a la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 95.000 socios, creadores y editores musicales de todo el mundo. Su misión fundamental es la protección y reparto de la remuneración de los autores por la utilización de sus obras (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y copia privada). Se trata de una Sociedad privada constituida hace más de cien años y que, en la actualidad, administra un repertorio que supera los cinco millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Los creadores registran en nuestra entidad sus obras, y éstas pasan a formar parte de nuestro repertorio protegido y gestionado, constituyendo su verdadero capital intelectual, tanto en el ámbito nacional como internacional. Contamos con doce Sedes distribuidas por todo el territorio español, mientras que las seis Delegaciones Internacionales poseen oficinas en Nueva York, México D.F., La Habana, Río de Janeiro, Buenos Aires y Shangai; cubriendo muchas de ellas la gestión sobre varios países. Además, en algún caso, esta red se complementa con los servicios no exclusivos ofrecidos por un representante en el extranjero, como ocurre en Japón. Asimismo, SGAE tiene suscritos más de 200 acuerdos de reciprocidad con otras Sociedades de Autor extranjeras, garantizando así la protección de las obras de sus socios en multitud de países. Y es que para conseguir una mejor defensa de los derechos de nuestros asociados en todo el mundo, hemos suscrito diversos convenios bilaterales de representación recíproca con entidades similares de otros países, por los que nuestra Sociedad se compromete a defender a nivel nacional los intereses de los autores y editores adheridos a esas otras entidades y, a su vez, éstas hacen lo mismo en sus respectivos países con nuestros asociados. La responsabilidad de la Sociedad con quienes la integran se traduce en un servicio que persigue la excelencia de una gestión que ha sido homologada en 2008 por el modelo European Foundation Quality Management (EFQM), y en la renovación de los certificados de calidad y seguridad de AENOR bajo los referenciales ISO 9001: 2000 e ISO 27001: 2005, que ratifican la apuesta por la transparencia, la calidad y las buenas prácticas. Además, SGAE es mucho más que una entidad de gestión de derechos y, a través de múltiples iniciativas, potencia su firme compromiso de promover la continua formación de sus socios, además de promocionar su talento y distribuirlo más allá de nuestras fronteras".
A favor de Internet
La clase política, acostumbrada desde siempre a mangonear y mantener en la penumbra sus manejos, ve con inquietud creciente la transparencia y libertad que Internet aporta. Todos los Estados han mantenido caros y secretísimos servicios de espionaje, como la CIA americana y la rusa SVR (antes, KGB). Uno de sus máximos objetivos consistía en localizar y fotografiar las instalaciones de los otros Estados. En 1983, un avión coreano que hacía la ruta de Nueva York a Seúl por Alaska y que se había desviado ligeramente y quizás había penetrado el espacio aéreo soviético fue derribado por aviones de combate ante la sospecha de los jefes militares rusos de que pudiera tratarse de un avión espía que pretendiese sacar fotos aéreas de la isla de Sajalín. Los 269 pasajeros y tripulación a bordo murieron en el incidente. Actualmente, esas fotos las puede descargar cualquiera de Google Earth, que ha hecho obsoletos gran parte de los servicios de espionaje.
Varias de las noticias más sonadas de 2010 han sido protagonizadas por Wikileaks, una ONG sin ánimo de lucro dedicada a incrementar la transparencia mediante la publicación de documentos secretos que voluntarios de todo el mundo le hacen llegar. En los últimos meses ha dado a conocer numerosos papeles sobre la actividad militar norteamericana y cables secretos enviados por diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estado. De hecho, gran parte de la información contenida en los cables ya se conocía por otras fuentes. Además, la diplomacia americana sale relativamente bien parada de la filtración, pues los diplomáticos aparecen como generalmente bien informados, sensatos y realistas en sus apreciaciones; quedan mejor, desde luego, que en sus acartonadas declaraciones oficiales. En casos muy específicos, sobre todo relacionados con la delincuencia y el terrorismo, es necesario mantener el secreto durante la preparación de operaciones puntuales. En los cables y documentos oficiales, sin embargo, el secretismo está fuera de lugar. Las iniciativas de Wikileaks contribuyen sin duda a crear un mundo más transparente, libre y seguro para todos.
En España, dos asuntos relacionados con Internet han removido los ánimos en el año recién transcurrido: el canon digital y la llamada ley Sinde. El canon digital es un disparate jurídico: una multa que se impone a todos los compradores de un soporte con el que se podría delinquir, aunque no se delinca. La excusa de esta tasa sobre los materiales de reproducción digital es que los compradores podrían usarlos para copiar contenidos de propiedad ajena. Es como si se dijera que todo comprador de un cuchillo de cocina debe pasar una semana en la cárcel, pues algunos usan los cuchillos para acuchillar al vecino y la policía no siempre puede encontrar a los culpables. Ya en febrero, la plataforma de internautas presentó tres millones de firmas para pedir la eliminación del canon digital. En octubre, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el canon es un abuso y no cumple la directiva comunitaria y que, en cualquier caso, solo podría cobrarse a los particulares, pero no a personas jurídicas, como empresas y Administraciones, pues no emplean sus discos y aparatos para copiar. Yo tampoco empleo mis discos y aparatos para copiar y tampoco veo razón alguna para pagar el canon. Por otro lado, en 2009 se recaudaron 90 millones de euros por este concepto. En teoría, esos dineros se distribuirían entre los autores a través de intermediarios como la SGAE. Con 30 libros a cuestas, supongo que soy uno de los autores. Sin embargo, nunca he recibido un céntimo de la SGAE.
La ministra González-Sinde, no contenta con haber introducido el canon ahora tumbado, se ha pasado el año tratando de meter con calzador y sin debate previo alguno una ley contra las descargas en Internet que convertiría el cierre de un sitio web en una mera decisión administrativa. Trató de colar su propuesta de estraperlo y sin que se notase, como mera disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, con la que obviamente no tenía nada que ver. Al final su maniobra le ha salido mal y su proyecto de ley ha sido merecidamente derrotado en el Congreso en diciembre.
Lo que necesitamos es un debate abierto, racional, sereno y sin prejuicios. Internet está aquí para quedarse, afortunadamente, pues es la mejor esperanza que tenemos de un mundo sin censuras, controles ni fronteras, donde cada ser humano tenga acceso a toda la cultura sin límites ni restricciones y decida libremente en cada momento qué hacer y cómo hacerlo y en qué lengua hacerlo y por qué ideas interesarse y con quién hablar y comerciar y ligar.
No hay que demonizar las descargas en Internet. No es lo mismo copiar que robar. El ladrón priva al dueño de la posesión y usufructo de su propiedad, pero no así el copión, que se la deja entera. No es lo mismo robar un cuadro en un museo que reproducir su fotografía (que, hecha sin flash, no perjudica para nada al cuadro mismo). Los típicos objetos de robo son entidades compuestas de materia y forma, como los coches. Quien me roba el coche me deja sin coche. Los objetos de copia son formas puras, como la información, que no desaparecen por el hecho de ser reproducidas. Quien copia un texto mío no me priva del texto ni de las ideas que expresa, aunque a veces redunde en un lucro cesante. En realidad, aunque me irrita mucho que me roben la cartera, más bien me halaga que alguien se interese tanto por mis escritos como para fotocopiarlos o colgarlos en su blog.
Hay que proteger la propiedad intelectual, pero también hay que desempolvar las convenciones a menudo obsoletas que la regulan. Las patentes industriales son los productos sometidos a propiedad intelectual más relevantes económicamente; a pesar de ello, tienen una validez de 20 años, tras la cual pasan al dominio público y cualquiera puede usar lo patentado. En su actual regulación, la propiedad intelectual de autores y artistas no solo dura toda la vida del autor (con lo cual es fácil estar de acuerdo), sino que además, tras su muerte, todavía se extiende nada menos que 70 años a sus herederos y a los herederos de sus herederos, que nada han tenido que ver con su creación. Como ha escrito en este diario Josep Ramoneda, "habrá que encontrar fórmulas para que los herederos de un artista no vivan 70 años del cuento".
Todas estas cosas requieren una consideración pausada. Los intereses del grupo corporativo que tanto defiende la ministra (y que en parte son también los míos) son respetables, desde luego, pero no menos respetables son las ansias de libertad y autonomía de la comunidad creciente de los internautas, que incluye a la mayor y mejor parte de la juventud española (y mundial). Hay que buscar fórmulas nuevas e imaginativas de combinar rentabilidad y libertad, como hizo, por ejemplo, Google con su idea de combinar su envidiable rentabilidad empresarial con la libertad y la gratuidad de sus servicios a los consumidores, atrayendo y cobrando la publicidad.
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