Pasado el peligro de que la ley de precio único de los libros fuera derogada, los editores y libreros recuperan, en la medida de sus posibilidades, su relativa tranquilidad. Eso sí, nadie discute cómo se reparte el dinero que generan los libros. Dicho de otro modo, nade desea que el 10% que les toca a los autores y el 1 al 4% que les toca a los traductores (el promedio más bajo de toda Latinoamérica) pueda ponerse en tela de juicio, ante el resto de la torta, que se reparte en un 25% para las editoriales, un 30 a 35% para las distribuidoras y un 35 a 60% (este último porcentaje, para las cadenas de librerías con poder de extorsión), para las librerías.
Las excusas para que esos porcentajes se mantengan inamovibles son risibles: que el pago de alquiler, que los servicios, que los impuestos, que los costos, etc., como si escritores y traductores no tuvieran que alquilar, pagar servicios, impuestos y costos de todo tipo como las empresas, con el agravante de que un libro a veces tarda años en ser escrito o traducido, mientras que el tiempo de su venta inmediata es mucho más breve y, por lo tanto, implica menores gastos o equipara a lo largo del tiempo los de un particular que escribe o traduce.
Todo permite suponer que el hilo se corta por lo más fino, y que lo más fino son los que escriben traducen los libros. A esa gente, a diferencia de las papeleras, las imprentas y las encuadernadoras, se los puede ningunear.
Pasado el peligro, todos los que eran humanistas que se llenaban la boca hablando de la bibliodiversidad, ahora vuelven al negocio (probablemente, ruinoso para la mayoría, pero negocio al fin) y se niegan siquiera a considerar discutir la cuestión de los porcentajes. Y los escritores y traductores, cuyas asociaciones participaron en la defensa de la ley, se llaman a silencio de puro cagones, no sea que se queden sin la mísera porción que les corresponde dos veces por año con el pago posdatado de derechos de autor.
Jorge Fondebrider
No hay comentarios:
Publicar un comentario