El 25 de abril de 1973, se promulgó la Ley 20305, que reglamenta la actividad de los traductores públicos. que son aquéllos que se dedican a la especialización en cuestiones jurídicas. De todos los mundos que incluye la traducción, a diferencia de los traductores científico-técnicos y de los traductores literarios, son los que están más organizados y los que mejor cobran. En razón de sus estudios formales, suelen mirar con cierto aire de superioridad a los colegas de otras especializaciones y, como sucedió cuando, desde las asociaciones de traductores, en 2013 y en 2015, se intentó impulsar la Ley de Derechos de los Traductores y Fomento de la Traducción, los colegas que en ese momento dirigían el Colegio Público de Traductores la boicotearon por negarnos el derecho a usar la palabra "traductor" a quienes no habíamos cursado estudios ad hoc, a pesar de estar firmemente insertos en el mercado de la traducción literaria. Se trató de una decisión desafortunada que, luego de muchas idas y vueltas, concluyó dejando de lado toda posibilidad de acuerdo.
Ahora, preocupados por lo que el gobierno está a punto de hacer, recurren a los traductores literarios, solicitándoles ayuda para evitar que se derogue el artículo 6, de la Ley 20305, que dice: "Todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, o del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sud, debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento." Vale decir, se anula el requisito de la certificación pública por parte de traductores matriculados, lo que los afecta directamente porque la norma que se quiere adoptar influye directamente sobre el bolsillo de los traductores públicos que, de la noche a la mañana, pueden ser reemplazados por la Inteligencia Artificial.
Curiosamente, cuando los traductores públicos, que tanto cuestionaron el uso de la palabra "traductor" aplicada a quienes ejercemos la traducción literaria, ahora solicitan nuestra ayuda, pidiéndonos que firmemos una solicitada presentada ante change.org en la que se pide no alterar el artículo 6 de la citada ley. La petición, iniciada por Lorena Carassai, traductora pública, cuenta, al día de hoy, con 10.729 firmas. Muchas de ellas habrían servido para que los traductores literarios hubiésemos podido tener una ley que nos protegiera. Esa módica aspiración, por pura mezquindad y soberbia, nos fue negada por los hoy preocupados colegas.
Lo que el gobierno quiere desregular es claramente un atropello y atenta, no sólo contra la seguridad jurídica, sino también contra las fuentes de trabajo. Por eso, cumplimos en informar lo que está sucediendo para que cada cual decida obrar en función de estos elementos.
Jorge Fondebrider
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