La odisea de publicar
libros
en medio de la crisis general
en medio de la crisis general
“Odio a los
indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente
vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la abulia
son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes”,
escribió Antonio Gramsci. Es imposible pensar lo que sucedió el año pasado sin
tomar partido y poner los pies sobre la tierra de un mercado editorial cada vez
más complicado, tras dos años consecutivos de desplomes más que significativos
del consumo de libros: descensos en las ventas de un 40 por ciento (2016) y un
25 por ciento en 2017. Si hubiera que adaptar el título de una película, el
balance podría llamarse 2017: Odisea editorial. De no cambiar el rumbo de las
políticas económicas, la impresión es que el hundimiento será cada vez más
profundo. El libro no es un artículo de primera necesidad. Si no se lo puede
comprar hoy, se lo comprará dentro de dos o tres meses, o cuando se pueda. Si
se lo compra… Un informe reciente del Cuica (Centro Universitario de las
Industrias Culturales Argentinas) señala que la producción de ejemplares
impresos disminuyó un 25 por ciento: de 83,5 millones en 2015 a 62,6 millones
en 2016, más de veinte millones menos, según datos del ISBN (International
Standard Book Number). Hasta noviembre del año pasado, según cifras
suministradas por la Cámara Argentina del Libro, se imprimieron 47.819.525
millones de ejemplares. Si se compara con el 2014 –año del récord histórico de
producción de ejemplares, con más de 128,9 millones de ejemplares impresos– el
descenso es superior al 50 por ciento.
Pero la magnitud del desastre no se
detiene ahí. Las compras estatales, que fueron tan importantes para muchas
pequeñas y medianas editoriales, se redujeron tanto que basta con ver el número
para comprobar que no hay exageración posible: de 1150 millones de pesos en
2015 pasó a sólo 100 millones de pesos en 2016, un descenso del 91,3 por
ciento. “La política de compras del Estado nacional había tomado impulso a
partir de la sanción, en 2006, de la Ley de Educación Nacional, donde los
libros tenían como destino ser material de promoción de lectura en escuelas
públicas de los niveles inicial, primario y secundario.
Esta política de adquisiciones fue
suspendida en su totalidad y, pese al anuncio del lanzamiento de nuevas compras
en 2017, estas quedaron restringidas, y en muy menor volumen, a un segmento de
10/12 sellos que se dedican a producir manuales escolares de grado, en la
mayoría de los casos grandes empresas multinacionales con capacidad de lobby”,
advierte Nicolás Sticotti, autor del informe del Cuica. El Ministerio de
Educación compró en 2016 alrededor de 6,3 millones de ejemplares y en 2017 4,1
millones de ejemplares. Cuando la Cámara Argentina del Libro (CAL) presentó el
informe editorial para el primer semestre de 2017, la gerenta de la CAL, Diana
Segovia, subrayó que hay políticas de promoción de la lectura que son
responsabilidad del Estado. “Cualquier país necesita una política continua de
promoción de la lectura que acá no la vemos”, dijo Segovia.
A los pocos días de asumir el actual gobierno, se anunció
que se levantarían algunas restricciones sobre la importación de servicios
gráficos que había regido durante la gestión de la ex presidenta Cristina
Fernández. El ministerio de Cultura de la Nación celebró esta decisión en las
redes sociales a través del hashtag #libroslibres. Las importaciones de 2016
duplicaron las de 2015 pasando de 40,3 millones a 78, 5 millones de dólares. En
el primer semestre de 2017 las importaciones alcanzaron los 51,4 millones de
dólares. El déficit en la balanza comercial aumentó un 387 por ciento, de un
rojo de 13,1 millones de dólares a 50,7 millones. Ni siquiera queda el “premio
consuelo” de exportar el libro argentino, que resulta sumamente costoso para
los países de la región. Luis Quevedo, vicepresidente segundo de la CAL,
explicó por qué cuesta exportar. “Hay muchos factores como el tipo de cambio y
los costos de producción interna. ¿Por qué se imprime en China un libro
infantil de tapa dura? Porque es muchísimo más barato –planteaba Quevedo–. Otro
tema es el IVA al papel. Nosotros pagamos IVA al papel como costo; pero los
libros que vienen de afuera no pagan ningún tributo. Ahí hay una inequidad para
la producción interna que hace todavía más caro producir. Nosotros estamos
reclamando insistentemente la exención del IVA al papel.”
Llueve sobre mojado. Aunque no se trató “de
apuro” en la cámara de Diputados el proyecto de Ley sobre Regulación de
Proveedores de Servicios de Internet –presentado por los senadores Federico
Pinedo (Pro) y Liliana Fellner (Frente para la Victoria)–, escritores,
editores, músicos, artistas plásticos, cineastas y diversas instituciones de la
industria cultural temen que insistan en convertirlo en ley cuando se abra el
período de sesiones ordinarias, este año. La llamada Ley Pinedo-Fellner
establece que los proveedores de Internet no son responsables por los
contenidos generados por terceros, excepto cuando hayan sido notificados por
una orden judicial que los intime a alguna acción en concreto para eliminar un
enlace específico publicado. Este es el punto de confrontación entre las
cámaras y entidades de gestión, que solicitan utilizar el sistema de
notificación implementado en Estados Unidos bajo la Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) para sacar contenidos de la web, y aquellas instituciones
como la Fundación Vía Libre, que defiende la libertad de expresión y
circulación, o plataformas y empresas como Taringa, que están a favor de la
intervención judicial. “Las grandes plataformas han encontrado un blindaje que
las habilita para explotar los derechos de autor y la propiedad intelectual que
no les pertenece”, alertó el librero Ecequiel Leder Kremer, vicepresidente de
la Cámara Argentina de Papeleras, Librerías y Afines (Capla) durante una conferencia
de prensa en la que participaron representantes de más de 25 sociedades de
gestión que rechazan el proyecto. “Los mecanismos que se prevén para ejercer la
defensa de la propiedad intelectual son absolutamente improcedentes. La
velocidad a la cual se publican los contenidos es escalofriante. Los tiempos de
la justicia son otros”, planteó Leder Kremer.
Se impone un respiro, un alivio a una realidad
demasiado agobiante. En un año durísimo, marcado fuertemente por la muerte de
dos grandísimos escritores, Ricardo Piglia y Abelardo Castillo, hubo un puñado
de buenas noticias. La Feria de Editores tuvo su sexta edición con la
participación de más de 140 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Uruguay y Venezuela. En el ámbito de los festivales literarios, el Filba
Internacional, que celebrará diez años en 2018, y el Filba Nacional –con seis
ediciones– vienen consolidando una propuesta que pone la literatura del mundo y
del país en circulación. Otro hecho auspicioso fue la primera edición del festival
de no ficción “Basado en hechos reales”.
Los
escritores argentinos tienen dos importantes razones para estar profundamente
indignados: la suspensión de los premios nacionales –que desde que asumió Pablo
Avelluto en la cartera cultural de la Nación no se han convocado–; y el retraso
de tres bienios en los premios municipales. “No hay riesgo de que se suspendan
(los premios nacionales), pero aún no podemos informar cómo serán –afirmó
Enrique Avogadro, entonces secretario de Cultura y Creatividad, al diario La
Nación, el 24 de marzo pasado–. Quisimos revisar el sentido de los premios hoy,
en función de que hay una diferencia entre su origen y la actualidad. En el
escenario actual hay otros premios, como los del Fondo Nacional de las Artes o
los de la Fundación Konex, con lo cual los nacionales quedan un poco
desdibujados”. ¿Desdibujados? Avogadro, actual ministro de Cultura de la
Ciudad, confunde lo público con lo privado; confusión que está en el ideario
político del macrismo. La Unión de Escritoras y Escritores –un nuevo colectivo
de escritores integrado por Selva Almada, Clara Anich, Julián López, María Inés
Krimer y Enzo Maqueira, entre otros– recordó en una nota que publicaron a fines
de noviembre que Hebe Uhart recibió en Chile, nada menos que de manos de la
presidenta Michelle Bachelet, el Premio Iberoamericano Manuel Rojas. “Que la
Argentina discontinúe o directamente no tenga políticas decididas de apoyo y
promoción de la cultura y que el Estado se retire o cuestione la validez
histórica y social de un galardón porque existen iniciativas privadas –como los
premios Konex a los que se refirió Avogadro– resulta incomprensible.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario