En la Academia Argentina de Letras ya no hay ni para los sandwichitos de miga de sus reuniones

Alicia María Zorrilla, directora de la AAL

La nota, sin firma, salió publicada en el diario La Nación, el pasado 10 de noviembre, y recogida por alertaurbana.com. En ella se habla de la ruinosa condición en la que se encuentra el edificio de la Academia Argentina de Letras, una institución tan vetusta como la mayoría de sus miembros en lo que a las letras se refiere, pero que guarda cierta importancia en lo que respecta a sus trabajos filológicos y lexicográficos. Por otra parte, como otras academias nacionales, acumula un enorme atraso en los salarios de sus empleados.

“Se cae a pedazos”. Denuncian desinversión en la Academia Argentina de Letras

Suenan las alarmas en la Academia Argentina de Letras (AAL) cuyas instalaciones, en Sánchez de Bustamante 2663 –el Palacio Errázuriz, declarado monumento histórico nacional–, “se caen a pedazos” por falta de inversión. Esas fueron las palabras del lingüista Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la AAL, institución que desde 2019 preside la profesora Alicia María Zorrilla. Por ley, las Academias Nacionales dependen del Ministerio de Educación.

Además, desde 2018 los empleados de la AAL y de las otras Academias Nacionales no reciben los aumentos correspondientes a la Administración Pública: hasta hoy percibieron un 77% versus el 121% otorgado en general (incluyendo un 5% ya estipulado para enero de 2022), al que se le agregan alrededor de siete sumas no remunerativas por importes que varían entre los dos mil y los cinco mil pesos. Es decir que los trabajadores de las Academias recibieron un 44% menos que el resto de la Administración Pública Nacional. En 2018, el presupuesto de la AAL fue de $ 1.110.562; en 2021, alcanza los $ 2.008.808. Un gran porcentaje se destina a sueldos.

“Hemos tenido reuniones con el ministro de Educación anterior, doctor Nicolás Trotta, pero no logramos que los aumentos otorgados se equipararan a los de cualquier empleado público –dice la presidenta de la AAL a La Nación–. El argumento es que no los reconocen como empleados públicos, como siempre se los consideró. Esta situación sigue perjudicando profundamente los sueldos, muy bajos, por supuesto y, por ende, el ánimo de los empleados, quienes, a pesar de todo, siguieron trabajando con la vocación de siempre. Esta conducta los enaltece y habla de su eticidad”.

En la AAL trabajan veinte personas, entre lingüistas, lexicógrafos, bibliotecarios y personal administrativo y de mantenimiento. “Hace poco, la Comisión de Asesoramiento Jurídico, constituida por cuatro académicos de número, redactó una carta que firmé y envié al nuevo ministro, licenciado Jaime Perczyk, pero aún no he recibido respuesta”, agrega Zorrilla. Luego del cambio de autoridades en Educación, la AAL volvió a pedir aumento en sus partidas pero no obtuvo respuesta. Este año, el dinero reservado a gastos apenas supera los 162.000 pesos.

Desde el Ministerio de Educación informaron que ignoraban lo que se había acordado con Trotta y que solamente sabían que se había otorgado un aumento del 40% en dos cuotas, luego de una nota publicada en febrero en este diario. Las fuentes ministeriales recordaron que estaban en la cartera de Educación hacía poco más de un mes. Tampoco hubo respuestas sobre la partida de gastos, insuficiente para compras de insumos y arreglos en el edificio.

 

En un informe preparado por Inés Bosch, jefa de Presidencia y Relaciones Institucionales de la AAL, se detalla la situación de sueldos y gastos. “Durante más de cuarenta años la AAL recibió los aumentos que se otorgaban a la Administración Pública Nacional –se lee en el documento dado a conocer a este diario y que está en manos de Perczyk–. En la misma situación están todas las Academias incluidas en la ley de Academias. A partir de 2018 quedaron afuera de esos aumentos, sin mediar ninguna explicación. El modo en que se actualizaban esas partidas ya es un derecho adquirido que se está vulnerando”. En 2018, los ministros de Educación fueron Esteban Bullrich y, a partir de septiembre, Alejandro Finocchiaro. Grieta mediante, la crisis continuó y se agrava.