Hace
veinte semanas el Club de Traductores
Literarios de Buenos Aires empezó a reunir firmas en repudio del pacto
firmado entre la U.B.A., la U.N.A.M., la Universidad de Salamanca, el Instituto
Cervantes y Telefónica de España para otorgarle valor universal al SIELE, que
es el sistema de certificación de la lengua propuesto por el Instituto
Cervantes y llevado a cabo por Telefónica de España.
Este
contubernio implica que el CELU, certificado argentino elaborado por
especialistas de la U.B.A. conjuntamente con sus pares de más de treinta
instituciones del país –y el único que se opuso a la fecha al certificado
español–, queda en clara desventaja porque , Telefónica de España mediante, el
examen peninsular puede rendirse por Internet, desde cualquier parte del mundo,
previo pago de una suma consistente, varias veces superior a la propuesta por
la Argentina.
La
aceptación de ese pacto fue votada en una reunión del Consejo Superior de la
U.B.A. por contadores, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, ingenieros y
médicos, con el voto contrario de los delegados de las facultades de Filosofía
y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas. Con todo, su aprobación fue
anunciada con bombos y platillos un mes antes de la votación –lo que de por sí
constituye una irregularidad y un escándalo– en el último Congreso de la
Lengua, efectuado en Puerto Rico, país a cuyos hablantes insultó el actual rey de
España, al decir que estos hablaban una “lengua mestiza”.
Por supuesto, ninguno de los firmantes dio la cara ni realizó explicación alguna, a pesar de los reiterados pedidos en distintos foros. El rector de la U.B.A. se limitó a seguir haciendo negocios con los españoles y ninguno de los votantes se sintió obligado a nada.
A
pesar de que las consecuencias directas de todas estas desprolijidades –para nombrarlas
de alguna forma delicada– afectan fundamentalmente a la Argentina, resulta
claro que el Instituto Cervantes es apenas la cara visible de una política de
mayor alcance emprendida por España, a
través de sus instituciones, para administrar y decidir unilateralmente sobre
la lengua castellana.
Se
pretende así, bajo el torpe maquillaje del panhispanismo, imponerle a 500
millones de hablantes una norma correspondiente a una minoría que contemple
algunas palabras procedentes de América para maquillar un negocio millonario
que incluye la elaboración de diccionarios, gramáticas, sistemas de
aprendizaje, etc.
En
consecuencia, más allá del caso argentino, se trata de un avance del todo
inaceptable sobre la soberanía lingüística de la mayor parte de los países de
Latinoamérica. Así lo entendieron los muchos escritores, editores, traductores,
profesores universitarios, investigadores del universo de la lengua chilenos, colombianos,
mexicanos, peruanos, portorriqueños, uruguayos, venezolanos que han tenido a
bien firmar la solicitada. Y también los españoles que han tenido el coraje de
manifestarse contra lo que claramente ven como un atropello.
Por
esta razón y para advertir igualmente a las autoridades de nuestros países
sobre el peligro de dejar avanzar sobre nuestros intereses a las instituciones
españolas, reiteramos la invitación a seguir firmando esta solicitada, que
quedará abierta a todos los interesados. Asimismo, solicitamos que se la haga
circular, creando cadenas en otros países de América y haciéndola llegar a los
medios de comunicación y a cuanto foro esté al alcance de los interesados para
alertar a la población.
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