1. Nuestro profundo
respeto por la dignísima profesión de Traductor Público, así como por la necesaria
función social que cumple y por los organismos públicos y privados que la
regulan y avalan, por la Ley Nacional 20.305 y por las leyes provinciales en
que se inscriben los Colegios de Traductores Públicos y que describen los
derechos y obligaciones profesionales de quienes traducen documentos públicos;
2. Nuestra
admiración y apoyo a los docentes que forman traductores, tanto públicos como
técnicos o literarios, y nuestro convencimiento de que sin su encomiable y
silenciosa labor la traducción en este país no tendría el nivel de excelencia
que demuestra día a día, y lo hacemos precisamente porque muchos de nosotros
somos asimismo formadores de traductores en distintas instituciones públicas de
educación superior, tanto dentro como fuera del país;
3. Nuestra decepción
y sorpresa ante el llamamiento por parte de algunos sectores de la profesión y,
en concreto, por parte del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos
Aires (CTPCBA), a oponerse al Proyecto de Ley en base a argumentos no contrastados
y a conclusiones apresuradas de la lectura de un único inciso de uno solo de
sus artículos, máxime cuando el mencionado Proyecto no interfiere con las leyes
de Traducción Pública ya citadas, así como tampoco lo hace el Reglamento de
Propiedad Intelectual (Ley 11.723) vigente en el que se nutren los fundamentos
del Proyecto, que tan solo aspira a regular la traducción sujeta a Derechos de
Autor, de los que la traducción de documentos públicos está exenta;
4. Nuestro pesar por
la falta de comunicación y diálogo con algunos de los sectores más críticos o
refractarios al proyecto, a los que hemos invitado en numerosas e infructuosas
ocasiones a debatir en público sus objeciones y a intercambiar pareceres,
opiniones y sugerencias en toda clase de foros, tanto universitarios como
profesionales, invitación que hasta ahora nunca ha sido recíproca;
5. Nuestro rotundo
convencimiento de que el Proyecto de Ley de Derechos de los Traductores y
Fomento de la Traducción constituye una herramienta esencial para la defensa de
nuestra profesión sin menoscabo de los intereses de otros sectores del medio
editorial o cultural, que está imbuido de un espíritu justo, realista e
incluyente, que no pretende crear obstáculos fiscalizadores o burocráticos para
el ejercicio de la profesión sino allanar el camino de quienes se ganan la vida
o se están formando para hacerlo mediante este noble oficio;
6. Nuestra
satisfacción y agradecimiento por el apoyo y el entusiasmo expresados por los
más de 1.500 adherentes, tanto a este como al anterior proyecto (Ley de
Protección de la Traducción y de los Traductores), procedentes de todos los
sectores relacionados con la edición, la cultura o la educación: colegas
traductores –entre ellos no pocos traductores públicos–, autores, editores,
correctores, docentes, estudiantes, periodistas, amén de un importante
número de instituciones nacionales e internacionales, centros de estudiantes de
traductorados, asociaciones y federaciones de asociaciones de traductores de
diversos países y continentes y varias editoriales locales; entendemos que este
apoyo creciente es la demostración de que el empeño no ha sido ni será en vano
y nos sentimos obligados a devolver la confianza depositada redoblándolo a fin
de que el Proyecto de Ley de Derechos de los Traductores y Fomento de la
Traducción cobre rango de ley;
7. Nuestra
invitación a que avancemos en torno a objetivos comunes e incluyentes, siempre
en aras de la mejora de las condiciones laborales y sociales de todos aquellos
que han elegido la traducción de obras como medio de vida sustentable; a que
seamos sensibles a todas las realidades y necesidades; a que sepamos debatir y
dirimir nuestras diferencias abiertamente, en base a hechos y datos reales, y
no nos refugiemos en nuestros prejuicios o inquinas ni recurramos a sofismas,
descalificaciones o miedos infundados para tratar de que nada cambie y todo
siga igual en nuestro tan querido como desprotegido medio profesional; a que
seamos serios, coherentes y responsables, y nos respetemos como colegas; a que,
en definitiva, trabajemos por la dignidad de todos los traductores y
traductoras;
Y llamamos a que el Proyecto de
Ley siga su curso legislativo natural y se debata en el Congreso de la Nación,
que es el foro democrático en el que todas las voces involucradas tienen cabida
y pueden fundamentar su disenso o acatamiento;
Por último, pedimos que quienes se crean
vinculados de algún modo al Proyecto le dediquen una atenta y reflexiva lectura
antes de opinar a favor o en contra, antes de manifestar su rechazo o, por el
contrario, ofrecer su adhesión y apoyo, supuestos ambos tan válidos como
respetables.
En nombre del grupo
de traductores de obras sujetas a derechos de autor que impulsa el Proyecto de
Ley de Derechos de los Traductores y Fomento de la Traducción: Estela Consigli, Lucila Cordone, Andrés Ehrenhaus, Laura
Fólica, Pablo Ingberg, Griselda Mársico, Gabriela Villalba, Juana Nicolaou,
Natalia Lobo Powell, Silvina Rotemberg, María G. Tellechea, Martina Fernández
Polcuch, Alejandra Obermeier, Luis Seia, Carla Imbrogno, Laura Cecilia Nicolás,
Josefina González, Matías Battistón, Camila Nijensohn.
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