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| La reina Letizia ante la visión de un bife de chorizo |
El
pasado 19 de octubre, el uruguayo Ricardo
Socca, creador de la página web elcastellano.org, publicó en la revista Ñ el siguiente artículo, que se vincula
directamente con la entrada subida a este blog el 7 de septiembre de este año. En
uno y otra se habla de la prepotente pretensión española por imponer el Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), desconociendo la
existencia del Certificado de Español Lengua y Uso (CELU), expedido por el gobierno
argentino. Se trata, sin duda, de otro nuevo abuso por parte de las autoridades
peninsulares. ¿Qué hará la
Argentina ? ¿Cómo responderán los otros países americanos?
¿Quién legitima el idioma?
El
gobierno de España, por medio de la corporación estatal Instituto Cervantes, ha
avanzado un nuevo paso en el sentido de asegurarse el timón normativo de
nuestra lengua, al crear el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española
(SIELE), que se presenta como “un único examen de español para todo el planeta”
(El País , Madrid,
2/7/2015).
A
fin de poner un pie en América para legitimar su poder sobre la lengua de todo
el mundo hispanohablante, el Instituto Cervantes incluyó a la Universidad Autónoma
de México (UAM), además de la
Universidad de Salamanca, que con sus 800 años de vida
perfuma el proyecto con el rancio aroma de la tradición, tan caro a la
filología oficial española.
El
acuerdo para la puesta en marcha de este certificado internacional fue firmado
en México en ceremonia presidida por los reyes de España, una señal para los
hispanohablantes acerca de quién manda en la normativa de nuestra lengua.
Felipe VI, dígase de paso, es presidente de honor del Instituto Cervantes.
Como
parte de esta estrategia, se invisibiliza el Certificado de Español Lengua y
Uso (CELU), que es expedido por el gobierno argentino con el respaldo de más de
veinte universidades de ese país. Para España y para toda América, excepto
quizá el Cono Sur, el CELU no existe; lo ignoran los españoles y lo ignoramos
los americanos.
La
reina Letizia identifica simbólicamente a la corona como nueva abanderada de la
posición de España en el papel de dueña y señora de la lengua de todos, al
agradecer al Instituto Cervantes por encabezar, en nombre del reino, la épica
cruzada de llevar el español a los infieles que hablan otras lenguas: “Gracias por
llevar la lengua y la cultura en español a tantos lugares”, “por ser la
referencia más sólida en la formación de profesores de una lengua como segundo
idioma”, manifestó recientemente.
El
siglo XIX, tras la pérdida de las colonias, se convirtió en uno de los más
negros de la historia de España, que se empobreció considerablemente y se
sumergió en una serie de crisis políticas que llevaron, en 1898, a la pérdida de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. País pobre ante sus vecinos enriquecidos, el reino
peninsular se propuso entonces lograr “lo que por las armas y la diplomacia ya
no era posible”, como admitió el académico Zamora Vicente1: crear un sistema de
academias dirigido desde Madrid, de modo de imponer la noción de que existe una
cultura hispanoamericana, que no sería otra cosa que la cultura española
trasplantada a América.
En
las últimas décadas, la antigua potencia colonial ha dedicado ingentes recursos
políticos, diplomáticos y económicos para potenciar lo que llamó “Marca España”,
a fin de prestigiar las mercaderías que el reino de Felipe VI ofrece al mundo.
Es preciso reconocer que se trata del legítimo derecho de todo país de expandir
su comercio internacional, aunque en este caso sea a costa de los más de 400
millones de personas que hablan español en más de veinte países.
Esta
pretensión se basa en la creencia errónea, difundida a ambos lados del A-
tlántico, de que las autoridades asentadas en Madrid tienen el poder de
dictaminar lo que es “correcto” y lo que es “incorrecto” en materia de lengua.
Se trata de naturalizar (en el sentido de “hacer que parezca más natural”) la
idea de que las instituciones del reino, o las americanas que cuentan con su
apoyo, tienen el derecho de monopolizar la emisión de certificados de proficiencia
del español como lengua extranjera.
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